 |
| Por Gustavo González |
Es la variante histórica de que el capital es, por
sobre todo, cobarde. La cobardía del capital fue la interpretación que hizo
Perón cuando le preguntaron sobre los motivos del golpe en Chile contra
Salvador Allende: no era el odio, según él, lo que impulsó al establishment
chileno y estadounidense a llevar a Pinochet al poder. Era el miedo.
Amenazados y beneficiados. Esta semana, Angelo
Calcaterra le explicó a Clarín: “Baratta
me llamaba y me decía ‘tenés que poner plata para la campaña’”. Cuando se
le preguntó por qué accedió, dijo que debía pagar los sueldos de sus 5 mil
empleados. No aclaró qué tenía que ver una cosa con la otra (todos los
empresarios pagan sueldos, pero no todos se ven obligados a aportar a la
política), pero se supone que la diferencia era que él fue contratista del
Estado y temía que, si no pagaba, dejaría de serlo.
Sorprende que Calcaterra (heredero de alguien como Franco
Macri, a quien no lo atemorizaron ni la dictadura ni el menemismo y creció
mucho junto a ellos) se sintiera amedrentado por un ex vendedor de lotería
callejera como Baratta cuando le decía “tenés que poner plata para la
campaña”.
Por suerte para él y su familia, ese miedo no lo
inmovilizó. De hecho, según datos oficiales de 2015, fue tercero en el ranking
de los mayores contratistas del Estado durante la temible era K. Detrás
de Techint y Electroingeniería.
En las justificaciones judiciales de los hombres de
negocios de este caso, el miedo a no pagar no significaría temer represalias
físicas o de la AFIP. O no solamente eso. Significaba, en
especial, dejar de beneficiarse con los acuerdos millonarios que el Estado K
les proveía.
En el momento en que esos negocios sucedían, medios
como este diario y la revista Noticiasdenunciaron el mecanismo de
sobreprecios y cartelización de la obra pública. Era vox pópuli entre las
cámaras empresarias, una queja acobardada de los que quedaban afuera y casi una
jactancia entre algunos funcionarios de la época.
Aún ministro, pero a punto de renunciar, Lavagna denunció
esa cartelización ante 500 empresarios de la Cámara de la Construcción. Los
empresarios y los funcionarios negociaban qué obra le tocaba a cada uno de los
que integraban el pool. La oferta elegida superaba, por lo menos en un 20%, el
costo real de mercado. El Estado pagaba el sobreprecio, que sería la coima que
luego retornaría a los funcionarios.
Ni siquiera se pagaban coimas cediendo una parte de
su rentabilidad. Lo hacían con el sobreprecio acordado con los funcionarios.
Esta es la verdadera hipótesis que atraviesan los cuadernos que escribió Centeno y
protagonizaron funcionarios como Baratta, De Vido y
los Kirchner. No la de pagos en negro para la campaña. Aunque una
cosa no quitaba la otra.
El caso Pescarmona. El dilema
ético de hasta dónde un empresario puede hacer lo correcto sin poner en riesgo
su fortuna y el futuro de sus empleados no es de fácil resolución. Pero es
distinto el dilema de quien lo hace para sobrevivir y el de quien, por hacer lo
incorrecto, recibe recurrentes beneficios a cambio.
Quizá fue el dilema de la supervivencia el que en
su momento llevó a Enrique Pescarmona a estudiar el juicio
por discriminación que Editorial Perfil le hizo al gobierno kirchnerista.
Su empresa, Impsa,
era reconocida como la de mayor experiencia en tecnología hidroeléctrica del
país, pero quedaba afuera de todas las licitaciones. Salvo un par que luego le
rescindieron.
Una abogada suya me vino a ver durante el último
gobierno de Cristina para que le contara cómo había
hecho Perfil para ganar el juicio y dejar de ser discriminada
con la publicidad oficial. Una discriminación similar a la que, según ella,
sufría su empresa. Le dije que el costo de hacerlo fue que durante años esta
editorial no solo siguió sin recibir un peso, sino que después de la demanda
los castigos se multiplicaron. Y que el fallo favorable de la Corte fue en 2011y
el kirchnerismo empezó a cumplir, parcialmente, años después; y ni siquiera
pagaba los avisos. Fueron tiempos duros para Perfil, pero
ese fallo sentó jurisprudencia y ya ningún gobierno podrá usar
discrecionalmente la pauta oficial.
Cuando terminé, la abogada de Pescarmona parecía
desolada. Creo que supuso que si su empresa la estaba pasando mal, si iniciaba
un juicio por discriminación la pasaría peor. A finales de 2014, Impsa
entró en default.
Los cuadernos de Centeno revelaron
que Francisco Valenti, uno de sus directivos, entregaba dinero y
vino Lagarde a Baratta en 2009. Pescarmona dice que no puede
creer que sea cierto:“¿Justo alguien de Impsa, que fue perjudicada y
perseguida por el kirchnerismo, iba a pagarles coima?”.
¿Pagar o no pagar? ¿Cuán cobarde o
valiente es alguien en pos de defender su empresa? Ahora, a los riesgos
tradicionales se les agrega uno: ir preso. Pero hace una década, para
un contratista del Estado, el riesgo era quedar afuera. Pagar y obtener
beneficios o no pagar y bajar persianas.
Fue en una de las primeras entregas de los Premios
Fortuna que esa mezcla de temor y oportunismo quedó al descubierto.
Hoy esos premios son un clásico, pero al principio, en pleno kirchnerismo, quienes
concurrían eran en gran medida los directores de Relaciones Institucionales,
que retiraban sus premios sin pronunciar palabra. Fortuna es de Perfil,
y Perfil era Perfil.
En uno de esos primeros discursos de cierre, Jorge
Fontevecchia les dijo a los empresarios que quienes estaban ahí eran aquellos a
los que mejor les iba y que tenían la obligación de animarse a contar. Los
llamó cobardes.
Pero cuánta valentía se le puede pedir a un
empresario cuyo negocio principal es venderle a un gobierno que le exige pagar
para seguir haciéndolo. Esos empresarios podrían acotar, junto a Bukowski,
que no eran cobardes, sino capaces de prever el futuro. Y cómo sería el suyo si
no pagaban.
Es cierto que, en la Argentina K, el Gobierno no
solo poseía el control de la fuerza pública, los servicios de inteligencia y la
AFIP, sino del Poder Legislativo y el Judicial. Durante los años iniciales,
sumaba una red inédita de medios oficialistas y de medios profesionales que
fueron complacientes (los periodistas deberíamos analizar si entregar silencio
a cambio de beneficios no es también una forma de cohecho).
Las respuestas simplistas pueden ser las más
efectistas, pero la realidad suele ser más compleja. Aunque al menos podría
decirse que quienes más tienen más obligaciones deberían adquirir. De lo
contrario, los menos afortunados podrían argumentar que si los más ricos no
resisten el “tenés que poner plata” de Baratta, cómo ellos no van a
sucumbir a los aprietes de la vida cotidiana.
Estos procesos judiciales hoy generan ruido, pero
terminarán bajando el costo argentino, el país será más presentable y la
inversión crecerá. Además, las condenas servirán para que los próximos funcionarios
que pidan y los próximos empresarios que paguen sepan que hubo gente que fue a
la cárcel por eso.
©
Perfil.com
0 comments :
Publicar un comentario