La demanda es por
US$3000 millones y fue iniciada por un fondo buitre a partir de la expropiación
de la petrolera.
Por Damián Nabot
La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló en contra de
la Argentina y resolvió hoy que la demanda por 3000 millones de dólares por la
expropiación de YPF presentada por un fondo buitre deberá seguir adelante en
Estados Unidos, y no trasladarse a Buenos Aires como había reclamado el
gobierno argentino.
Al Gobierno le queda una instancia de apelación ante la
Corte de los Estados Unidos y en la que evalúan presentarse, según fuentes
oficiales.
La resolución es una mala noticia para la Argentina, que
aspiraba a trasladar la controversia a los tribunales locales y alejar la
amenaza de la millonaria demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con
las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi , para quedarse con el
poder de litigar.
Ahora el juicio seguirá adelante, con oscuras perspectivas
para la Argentina, en el tribunal que supo ocupar Thomas Griesa.
Al Gobierno le queda una instancia de apelación ante la
Corte de los Estados Unidos y en la que evalúan presentarse, según fuentes
oficiales
El Gobierno argentino prepara ahora la estrategia de defensa
y están bajo análisis medidas drásticas. Por ejemplo, la decisión de la
Procuración del Tesoro podría requerir un procedimiento que en los tribunales
de Estados Unidos se conoce como discovery process, que obligaría a la Justicia
norteamericana a investigar a los dueños del fondo Burford Capital, responsable
de la demanda, y a conocer cómo fue el camino financiero que condujo desde la
YPF privada de los tiempos de Néstor y Cristina Kirchner hasta los buitres de
Nueva York.
El juicio tiene una réplica doméstica. Elisa Carrió y Paula
Oliveto, de la Coalición Cívica, pidieron al juez Ariel Lijo investigar la
transferencia del Grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, al fondo Burford
Capital. En su presentación, las legisladoras advirtieron que se trató "de
un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración
que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".
El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a
manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los
buitres. "El Grupo Petersen está al margen y no tiene injerencia alguna en
cualquier proceso judicial que se esté desarrollando en la Argentina o en el
exterior", señaló a través de un comunicado cuando se conoció el juicio. Y
alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso
de quiebra de sus compañías residuales.
La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas
españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia
Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de
YPF. El argumento de los demandantes es que la estatización de YPF violó las
leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas
españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia
Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de
YPF
La Argentina sostiene que fue una decisión soberana y, por
lo tanto, no debía seguir los caminos de una oferta accionaria tradicional de
mercado.
A fines de 2007, Enrique Eskenazi, titular del Grupo
Petersen, adquirió el 14,9% del capital accionario de YPF por 2235 millones de
dólares, con opción a ampliar su participación. La red financiera incluyó una
red de diferentes bancos y un crédito de la española Repsol, que controlaba la
petrolera. El Grupo Petersen pagó luego gran parte de la deuda con los
dividendos que dio después la propia YPF.
Por la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner
terminó por compensar a Repsol con unos 5000 millones de dólares, mientras que
las firmas de la familia Ezkenazi terminaron por ser vendidas por la
imposibilidad de cubrir las deudas, entre otras, la contraída con la propia
Repsol.
El proceso de quiebra fue el preámbulo de la llegada de
Burford al juzgado del inmemorial juez Thomas Griesa, quien murió en 2017 a los
87 años. Su lugar lo ocupó la jueza Loretta Preska quien ya había fallado en
contra de la Argentina.
Ahora tres magistrados de la Corte del Distrito Sur de Nueva
York le dieron la razón a Budford en contra de las esperanzas argentinas.
© La Nación
0 comments :
Publicar un comentario