Por Fernando Laborda
Ni el alto nivel de civilidad con el que, a lo largo de dos
meses, se debatió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre
un tema tan sensible para la sociedad como la legalización del aborto ha podido
acercar dos posiciones hasta ahora irreductibles.
A tal punto que es probable
que el 13 de junio, un día antes del inicio del Mundial de Fútbol de Rusia,
asistamos en la Cámara baja a la primera definición por penales. La disputa no
enfrentará a Messi y Neymar, sino a los partidarios de consagrar el derecho de
la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo y quienes rechazan
tajantemente esta alternativa anteponiendo los derechos de la persona por
nacer.
Observadores del mundo parlamentario ven una llamativa
paridad de fuerzas que podría terminar siendo dirimida por una veintena de
diputados que permanecerían indecisos. Impulsores de la despenalización admiten
hoy que la votación se definiría por muy escasos votos y que si la iniciativa
supera Diputados, encontraría serios escollos en el Senado.
A juzgar por ciertos sondeos de opinión pública, la ola de
apoyo a la habilitación de la interrupción voluntaria del embarazo ha perdido
algo de fuerza. Una encuesta de Isonomía, concluida el 23 de abril entre 2000
personas de todo el país, da cuenta de que el 46% de la población está en
contra de la despenalización del aborto y el 45% a favor, en tanto el 8% no
sabe o no contesta. Hasta aquí, un empate técnico. Pero cuando se les pide a
los encuestados que imaginen una política pública de salud que contemple
educación sexual integral y planificación familiar, y que el Estado asegure,
ante casos de embarazos no deseados, el acceso a un sistema sanitario completo,
con controles frecuentes de la madre y el hijo, contención psicológica y
asistencia al parto para facilitar la adopción del niño, el 60% se inclina por
la promoción de esta normativa, al tiempo que se reduce al 25% la preferencia
por permitir el aborto por cualquier motivo.
Otra encuesta, realizada por el Centro de Opinión Pública de
la Universidad de Belgrano, finalizada el 27 de abril entre 620 personas en la
ciudad de Buenos Aires, indica que el 51% de los consultados está de acuerdo
con la despenalización, el 37% se manifiesta en contra y el 12% no sabe o no
responde. Sin embargo, el sondeo advierte también sobre un alto desconocimiento
de que, en la Argentina, el aborto es legal bajo determinadas circunstancias
específicas como los casos de violación o de peligro de muerte materna: el 58%
indicó que no lo sabía.
A la incertidumbre sobre el resultado del debate que tendrá
lugar dentro de dos semanas en Diputados, se suma cierto desconcierto en el
oficialismo, por la posición favorable a la despenalización que manifestó el
ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, durante su reciente
exposición en el plenario de comisiones. Con numerosos datos estadísticos de la
Argentina y de otros países, sintetizó así su postura:
-"El aborto
existe y no podemos soslayarlo.
-"Los países con
marcos legales restrictivos no reducen el número, sino que aumentan la
proporción de abortos inseguros.
-"La
despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones
graves y el número de abortos totales."
El ministro de Salud pareció dar razones a las
organizaciones que hacen campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y
provocó críticas por parte de quienes esgrimen que el primer derecho humano es
el derecho a la vida, y que esta comienza desde el momento de la concepción y
no después de las 14 semanas del proceso gestacional. Entidades antiabortistas
han multiplicado sus acciones instando a "cuidar las dos vidas" y
buscando crear conciencia de que "para salvar la vida de una mujer, no
hace falta eliminar la de su bebito".
Pero la exposición del ministro planteó otra arista
preocupante, cuando informó que el porcentaje de embarazos no intencionales en
el país alcanza el 58,4%, y que se eleva al 67,5% entre las adolescentes de 15
a 19 años y al 84,9% entre las menores de 15 años. Tal situación revelaría
graves deficiencias en materia de educación sexual y de acceso a métodos
anticonceptivos. También, que se torna necesario actuar sobre las causas antes
que sobre las consecuencias de los embarazos no deseados.
Un temor que manifiestan diputados que no son partidarios de
la despenalización es que esta alternativa termine reemplazando a los métodos
anticonceptivos. El aumento de los casos de sífilis en los últimos meses señala
que el uso del preservativo se viene relajando.
Las propias estadísticas del Ministerio de Salud dan cuenta
de otros problemas que afectan a la mujer. En 2016, se registraron 245 muertes
maternas en nuestro país, de las cuales 43 fueron por abortos, sin que se pueda
distinguir entre los ilegales y los espontáneos. En el mismo año murieron 525
mujeres por deficiencias de nutrición y anemias nutricionales, sin que se
produjeran movilizaciones ni debates legislativos por este problema cuya
solución no requiere costosos medicamentos, sino algo mucho más simple: comida.
La argumentos de Rubinstein a favor de la despenalización
sembraron también discordia en las filas de Cambiemos. Joaquín De la Torre,
ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, lo puso de manifiesto: se preguntó
si el titular de la cartera de Salud habló a título personal o como
representante de un gobierno, cuya máxima autoridad, el presidente Mauricio
Macri, ha dicho que no comparte la idea de permitir la interrupción voluntaria
del embarazo. Junto al primer mandatario, varios de los principales referentes
de la coalición oficialista, como la propia Vidal, Gabriela Michetti, Federico
Pinedo, Elisa Carrió y Marcos Peña se han pronunciado en contra de la
legalización del aborto.
Desde que Macri instaló en marzo el debate sobre la
despenalización del aborto en la agenda legislativa, aun sin coincidir con esa
propuesta, se supuso que apuntaba a relegar a un segundo plano las cuestiones
económicas en la opinión pública. Está visto que si ese fue el plan, no terminó
como se esperaba: la consolidación del proceso inflacionario, la crisis
cambiaria y las subas de tarifas se terminaron imponiendo como principal
preocupación. Pero la discusión sobre el aborto dividió transversalmente a
buena parte de las fuerzas políticas, además de profundizar la grieta que
separa a quienes defienden la vida de la persona por nacer de quienes
consideran que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo debe permitirle
interrumpir voluntariamente un embarazo.
Cualquiera sea el desenlace del debate parlamentario, la
jugada de Macri de habilitar la discusión puede no estar exenta de riesgos
políticos. Si la despenalización es sancionada, los sectores antiabortistas
podrían responsabilizarlo por haber puesto el tema sobre la mesa. Y si es
finalmente rechazada, los portadores de pañuelos verdes podrían culpar de su
fracaso a la plana mayor del oficialismo.
Pese a la madurez con que ha transcurrido el debate en las
comisiones parlamentarias, los sectores en pugna no han podido mostrar hasta
ahora capacidad para encarar alternativas superadoras a la opción por sí o por
no a la legalización del aborto. Tal vez la discusión esté requiriendo un plan
B, que ponga el foco en otro eje. Más concretamente, en la lucha contra la
pobreza, que continúa siendo el principal factor de riesgo de mortalidad
materna, y en la promoción de mejores políticas de educación sexual y salud
reproductiva, a partir de las cuales se logren disminuir tantos embarazos no
deseados.
© La Nación
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