Tarifas y veto: entre el enojo de la clase media y el daño a la autoridad presidencial

Por Giselle Rumeau

Más allá del justificado mal humor de la clase media por el dolor constante que generan las subas de los servicios públicos al bolsillo, a esta altura de los acontecimientos nadie duda de que la pelea por las tarifas en el Congreso tiene condimentos políticos electorales exclusivos, que alcanza incluso a las internas propias y ajenas del oficialismo y la oposición. Y cada uno atiende su juego.

Desde la Casa Rosada aseguran que las subas no se postergarán por razones obvias: en 2019 hay elecciones presidenciales y en la mesa chica están decididos a realizar el gran ajuste este año, en especial en el primer semestre, sin afectar las metas de reducción del déficit fiscal y el achique de los subsidios para despejar hacia adelante la campaña. No hay plan B, dice el Gobierno, sin medir el timing, el momento en que se proponen las subas, con un dólar en alza y varios sectores que aún no tuvieron su correspondiente negociación paritaria.

Salvo los legisladores del kirchnerismo -que de manera irresponsable e hipócrita pretenden acorralar al Gobierno con una propuesta para congelar las tarifas al valor de 2017, en una suerte de revival de esa ilusión de la energía gratis y eterna que se vivió en la última década- nadie parece ya discutir la suba de los servicios en sí misma sino el cómo, la manera en que debe hacerse, el gradualismo de esos aumentos.

Ese reclamo de la clase media registrado por las encuestas en los últimos días fue alentado primero por los socios radicales de Cambiemos, hartos de ser ignorados, y una Elisa Carrió que no está dispuesta a perder la base de sustentación de su electorado en la Ciudad. Y tomado luego como caballito de batalla por los bloques peronistas de Argentina Federal y del Frente Renovador, que tampoco quieren perder la escena en manos del kirchnerismo y mucho menos desdibujarse ante el doble rol de Cambiemos.

Los diputados peronistas que responden a los gobernadores y a Sergio Massa están dispuestos además a hacerle sentir su poder de fuego al Gobierno -que corrió a las provincias con un proyecto para eliminar los impuestos provinciales y municipales de las tarifas- y podrían votar el 9 de mayo en el recinto una iniciativa de "razonabilidad" -como la llaman- que consiste en atar las subas en luz, gas y aguas al índice de variación salarial y reducir a la mitad el componente impositivo de las tarifas (IVA) para los hogares. El kirchnerismo firmó en disidencia el dictamen aprobado este miércoles pero votaría junto al resto del peronismo la semana próxima, con lo que la media sanción en la Cámara baja sería factible.

El jefe de Gabinete consideró a la propuesta como "absolutamente inviable e irresponsable", porque supone un costo fiscal de 100.000 millones de pesos para este año, y ratificó que el Poder Ejecutivo vetará la ley de ser aprobada. Habrá que ver si en los próximos días avanzan las negociaciones del ala política del Gobierno encabezada por Rogelio Frigerio con las provincias para evitar al menos que la ley llegue al Senado o si el desenlace termina en veto. Si bien en la Casa Rosada se entusiasmaron con los guiños que enviaron en las últimas horas algunos mandatarios peronistas como Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), al afirmar que la política de tarifas es competencia de la Nación, la movida en el Congreso parece irrefrenable.

Podría haber modificaciones, como desistir con la baja del IVA -teniendo en cuenta que al ser coparticipable con las provincias también complicarían a los mandatarios- pero se insistiría en atar las subas al índice salarial. En síntesis, el peronismo de todos los pelajes parece dispuesto a que el Gobierno pague el costo político del veto.

Pues bien, si en definitiva todo se mide en términos políticos-electorales, ¿quién perdería más con ese resultado? ¿El Gobierno por vetar una ley popular o el peronismo por votar junto a los K y desestimar el reclamo público de sus mandatarios?

El costo menor

La historia reciente nos muestra que cada vez que se unió frente a Cambiemos, el peronismo logró imponer su poder de fuego pero terminó pagando un costo. Sucedió con la media sanción que la Cámara de Diputados le dio en diciembre de 2016 a la reforma del impuesto a las ganancias. Esa foto con el kirchnerismo le trajo más dolores de cabeza a Sergio Massa que al Gobierno. Y el mismo escenario se vio con la aprobación de la ley de Emergencia Ocupacional -suspensión de los despidos por 180 días y doble indemnización si se concretaran- que el Presidente vetó sin rodeos. Si Macri no pagó un costo político por esa intervención fue porque gozaba de ese estado de gracia que los electores suelen darle a un gobierno a cinco meses de su asunción. Hoy, los planetas ya no están alineados para Cambiemos. El mal humor social por los aumentos y la inflación y la preocupación por la corrida del dólar son reflejados por todas las encuestas. Aún así, los analistas consultados creen que el costo político de no vetar esa ley sería mayor para el Gobierno.

"Está claro que el tema de tarifas es angustiante para la mayor parte de la población. Pero de todas las alternativas, la peor para el Gobierno sería no vetar la norma de ser aprobada porque en términos políticos significaría que el Congreso le está torciendo el brazo", explica Carlos Fara, titular de la consultora que lleva su nombre. Y remarca: "Macri no gana nada con el veto pero lo peor que le puede pasar es que la oposición le imponga decisiones. En el fondo está en juego la autoridad presidencial".

En la misma línea se expresa el politólogo Julio Burdman. "Macri siempre es consecuente con su política de tarifas. No cambió, siempre pensó igual. Así que el veto no le va a significar nada en sí mismo. No hacerlo, en cambio, podría traerle más ruido en los mercados y entre los grandes empresarios que esta semana salieron a apoyarlo", destaca.

El profesor de Derecho Constitucional de la UBA, Felix Lonigro, recuerda por su parte que el Congreso no puede legislar en materia tarifaria, en sintonía con lo que viene repitiendo la Casa Rosada y los gobernadores peronistas mencionados. "La política tarifaria es una tarea de administración pura que le corresponde al Presidente de la Nación. El Congreso sólo podría avanzar en lo que respecta al componente impositivo de las tarifas, por ejemplo en la reducción del IVA, porque los impuestos son atribución del Congreso. Pero sobre lo que hace a la tarifa pura, no tiene nada que hacer. Por eso creo que el Congreso se está extralimitando cuando pretende frenar el ajuste tarifario", explica el experto.

Precisamente, una opción que no descartan en la mesa chica del Gobierno es recurrir a la Justicia en caso de que se apruebe una norma que ate subas al índice salarial. Aunque por razones de tiempo, el veto sería en ese caso el mal menor.

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