Urtubey dio marcha
atrás con la norma provincial luego
del caso de la niña de 10 años embarazada
tras ser violada
por su padrastro.
Juan Manuel Urtubey |
Salta - El
gobernador Juan Manuel Urtubey dispuso este jueves que la Provincia de Salta
adhiera este jueves al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con
Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un
fallo de la Corte Suprema de la Nación.
A través de un decreto, el gobernador estableció la
conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que
impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena
libertad.
En 2012, la Provincia elaboró un protocolo como consecuencia
del fallo (FAL) de la Corte Suprema de la Nación en virtud de la inexistencia
de un protocolo nacional para regular en la materia.
Sin embargo, ese protocolo fijaba un tope de 12 semanas para
acceder al procedimiento, en medio de la polémica que generó el caso de una
nena de 10 años embarazada a causa de la violación de su padrastro.
La nena había concurrido al hospital a causa de unos fuertes
dolores de estómago. Fue entonces cuando los médicos le informaron a ella y su
mamá que estaba embarazada.
Según se informó, la niña y la madre decidieron, de manera
conjunta, seguir adelante con el embarazo, por lo que firmaron un acta ante una
Asesora de Menores.
A través del decreto 584/18, el gobierno de Salta adhirió al
Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la
Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme al fallo de la Corte
Suprema.
"El Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo
para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal
del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015", manifestó el
gobernador salteño.
En la decisión se establece la conveniencia de evitar
cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de
decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad.
"Frente a los
aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la
niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el
derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al
Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción
Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015",
informó el gobernador Urtubey a través de redes sociales.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró
que "el protocolo anterior que tenía la provincia era totalmente
incompatible con lo establecido por el Código Penal, se lo podría haber acusado
de sedicioso".
Y precisó que el protocolo elaborado por el Ministerio de
Salud "no establece nada con respecto a la cantidad de semanas en que una
mujer puede acceder a un aborto no punible. La Corte ya dijo que es un derecho
legal".
Informe: NA, Télam y
Agensur.info
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