Por Gabriela Galíndez
La falta de credibilidad en el proceso electoral de este
domingo 20 de mayo por parte de la comunidad internacional ha generado que
diversos organismos internacionales rechazaran la convocatoria por considerar
ilegítimos los comicios, debido a que fueron convocadas por la asamblea
nacional constituyente y por considerar que el Consejo Nacional Electoral no
cumple con las condiciones exigidas.
Los países miembros a la Organización de Estados Americanos,
el Grupo de Lima y la Unión Europea se han mantenido firmes en su
desconocimiento de los comicios presidenciales. En reiteradas ocasiones
exigieron al gobierno venezolano la suspensión inmediata del proceso.
Con una posición de rechazo firme de la comunidad
internacional, el mandato de Nicolás Maduro se encuentra sumergido en un
escenario sin retorno en el ámbito mundial. Maduro podría llevar a Venezuela a
un mayor aislamiento luego de sean conocidos los resultados de las elecciones.
Mariano De Alba, abogado especialista en Derecho
Internacional, explicó que el panorama internacional para el país, luego del 20
de mayo, será difícil debido a que las críticas sobre la situación de la nación
seguirán aumentando.
“Una vez se haya consolidado este evento electoral, muchos
países, incluyendo a algunos de América Latina, tomarán la decisión de adoptar
más sanciones. Eso seguirá generando menor capacidad de gobernar, por lo tanto
aumentarán las probabilidades de un quiebre dentro de la alianza de gobierno”,
explicó De Alba a El Nacional Web.
A juicio del abogado las naciones no van a eliminar las
misiones diplomáticas en el país. Sin embargo, podrían tomar alguna posición
para reiterarle a Maduro que lo que está sucediendo no es aceptable para la
comunidad internacional.
La internacionalista Andrea Fridegotto apuntó que la
comunidad internacional espera el escenario en el cual se encontrará el país el
día después de las elecciones para tomar medidas contra el gobierno venezolano.
“Estas son las elecciones más atípicas que ha tenido la
historia electoral de Venezuela”, expresó la experta.
Sanciones encaminadas
El gobierno de Estados Unidos considera a Venezuela, desde
marzo de 2015, “una amenaza a la seguridad nacional”. Aplicó medidas en contra
de 60 funcionarios y ex funcionarios venezolanos acusados de corrupción y
narcotráfico. El presidente Donald Trump también prohibió a entidades
estadounidenses negociar deuda del Estado venezolano o de Pdvsa y comerciar con
el petro.
El gobierno de Canadá sancionó a 52 venezolanos, entre ellos
19 altos funcionarios del gobierno, a quienes se les congelaron los activos en
el país y se les impidió el desplazamiento hacia Canadá.
Panamá se unió a las medidas emitiendo una advertencia para
limitar operaciones económicas y financieras con personas - naturales y
jurídicas - provenientes de Venezuela. Los funcionarios incluidos en el listado
son considerados individuos de alto riesgo por el blanqueo de capitales y el
financiamiento al terrorismo y armas.
La Unión Europea (UE) adoptó medidas en contra de los
responsables de la represión y de la actual situación política que atraviesa el
país. En noviembre de 2017 aplicaron un embargo de armas y de material que
podría usarse para la represión interna.
“Las sanciones que se les imponen a los funcionarios son
necesarias seguirlas aumentando, incluso a sus familiares y asociados, esto
para hacerles ver que la conducta irregular que presentan tiene consecuencias
concretas”, señaló De Alba.
El abogado explicó que el tema de las sanciones económicas
es delicado. Sin embargo, aseguró que los países tendrán que decidir si se debe
llegar a ese extremo.
“Si se hace algo directamente con el petróleo se afectará la
economía del país porque ingresará menos dinero (...) estas sanciones se
sentirán en la sociedad, pero también está claro que el dinero está siendo
usado para cometer actos de corrupción”, dijo el especialista.
Elsa Cardozo, internacionalista y doctora en ciencias
políticas, aseguró que las sanciones en contra de personas cercanas al círculo
del presidente de la República no cederán.
Señaló que se debe pensar es hasta dónde puede la comunidad
internacional seguir presionando con ellas.
“El país está en una situación ruidosa. Pdvsa produce cada
vez menos, con deudas que no ha pagado, con dificultades para exportar y para
hacer contrataciones porque no tiene respaldo económico”, comentó Cardozo.
¿Suspensión en la
OEA?
Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, pidió el 7 de
mayo a los países miembros de la OEA la suspensión de Venezuela. Apuntó que las
naciones que integran la organización deben “cumplir con su viejo compromiso
con la democracia y la libertad”.
Fridegotto explicó que, a su juicio, la solicitud de Pence
ante la OEA es para demostrar que el gobierno estadounidense es el que aplica
la democracia en el continente y en el mundo.
“Desde mi perspectiva la intención es perpetuar el ideal
estadounidense de querer implantar o querer ser el que aplica la democracia en
la región y en el mundo. Con esto no estoy queriendo justificar al gobierno de
EE UU y mucho menos al de Venezuela”, sostuvo la experta.
Cardozo indicó que no había diferencia si llegan a suspender
al gobierno venezolano de la organización, debido a que en abril de 2017 el
Estado inició su proceso de retiro.
“Sería mejor que se diera el retiro de la delegación
venezolana para que las sesiones del organismo fluyeran con más tranquilidad
(...) esa decisión tendría un efecto simbólico en la comunidad internacional”,
expresó la también docente a El Nacional
Web.
En abril de 2017 Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones
Exteriores en ese momento, informó que el país iniciaría el proceso para
retirarse de la OEA por instrucciones de Maduro.
“Solicitar la suspensión tiene un efecto de demostrar los
principios de la entidad internacional, debido a que el organismo no acepta en
su seno a países que no tiene regímenes democráticos”, explicó la doctora en
ciencias políticas.
Después del 20M
Luego de que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados
de las elecciones presidenciales de este domingo, las reacciones de
desaprobación por parte de la comunidad internacional se incrementarán.
Los países que han rechazado la convocatoria de la asamblea
nacional constituyente reiteraron que no aceptarán cualquier resultado que
salga de los comicios por la falta de credibilidad en el proceso.
“Las diversas organizaciones internacionales deben tomar
medidas concretas en el punto de vista de sanciones pero también en el punto de
vista diplomático. Deben demostrar que la situación en de este evento electoral
es inaceptable”, reiteró De Alba.
El abogado explicó que al mismo tiempo que se tomen las
medidas sancionatorias se deben buscar conexiones con personas que forman parte
del círculo del gobierno para buscar una salida a la crisis.
“También se necesita una buena organización por parte de los
venezolanos dentro del país, la cual no la estamos viendo, para convencer a la
mayoría de la población de que efectivamente el proceso en Venezuela es
rechazado por el pueblo”, agregó.
Explicó que en caso de que gane algún adversario de Maduro
la comunidad internacional deberá hacer un seguimiento cercano a lo que ocurra
en el proceso.
“En caso de que eso ocurra habrá presión para que el ganador
conforme un gobierno amplio y de ser posible que convoque unas elecciones
verdaderamente libres”, sostuvo.
De ocurrir un cambio de gobierno, el ganador de las
elecciones asumirá el poder en enero de 2019, por lo que en los meses restantes
del año en curso habrá una fuerte presión internacional para la transmisión de
mando.
© El Nacional
(Caracas)
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