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| Ilustración: Alfredo Sabat/La Nación |
"Matar por un ideal es crimen", afirma el
autor de Patria, Fernando Aramburu, una idea que parece obvia y
que, sin embargo, resulta profundamente perturbadora para un sector de la
política y la intelectualidad que, en secreto, la relativiza. O intenta
contextualizarla. En esa dimensión, la de lo indecible, la Justicia decidió
revisar nuevamente el caso Larrabure -un secuestro del PRT-ERP, seguido de
muerte- y determinar si se trata o no de un crimen de lesa humanidad y, por
ende, perseguible toda la vida.
Esa posibilidad (que podría llevar a juicio a
Luis Mattini, único jefe perretista sobreviviente) unió, en una solicitada, a
un heterogéneo grupo de intelectuales -prestigiosos, la mayoría de ellos-, que
pide clausurar ese debate y sacarles la etiqueta de "crímenes contra la
humanidad" a los asesinatos cometidos por las organizaciones armadas
revolucionarias. Y lo imponen, casi al borde del patrullaje ideológico, como
marcando el camino "correcto" de lo que se debe y no se debe pensar
acerca los años 70.
¿Es la culpa la que bloquea la mente? ¿Es la culpa
de una sociedad que eligió mirar para el costado, mientras la dictadura
torturaba, masacraba a escondidas y robaba bebés, la que decidió que era mejor
barrer debajo de la alfombra otras cuestiones "menores", como los
crímenes del terrorismo setentista? ¿Acaso la violencia política que precedió
el 76 no explica, en parte, lo que sucedió después? Si, como afirma Luis Moreno
Ocampo, los asesinatos de las FARC pueden encuadrarse entre los delitos de lesa
de humanidad (los que no prescriben), ¿por qué, entonces, no podría aplicarse
el mismo criterio para juzgar las matanzas de Montoneros y el ERP? Preguntas
sin respuesta, deduce Norma Morandini, quien, con una enorme valentía moral,
declinó firmar la solicitada -rubricada por gran parte del establishment
intelectual (unas mil firmas)- más que nada por la ausencia de reflexión en
torno a tantas dudas. "¿Qué evita que un delito prescriba, quien lo comete
o su atrocidad? ¿Por qué mi dolor es distinto al del hijo de Larrabure?".
Tal vez llegó el momento de reconocer a las otras víctimas, las que no han
tenido escucha ni monumentos.
El debate es jurídico, pero también ético, político
y humano. En términos estrictamente jurídicos, hay un choque de jurisprudencias
entre la que rige en la Argentina y la ley penal internacional. La solicitada
afirma que el plan sistemático de aniquilación, orquestado desde el Estado, no
puede equipararse con la violencia guerrillera. Esto es indudable: no solo es
infinitamente más grave usar el Estado para matar, sino que el número de
víctimas del genocidio perpetrado por la dictadura es abrumadoramente superior.
En el libro Los combatientes -una rigurosa investigación sobre el
PRT-ERP-, la historiadora Vera Carnovale contabiliza 62 ejecuciones entre 1972
y 1977. En tanto, desde el centro que representa a las víctimas del terrorismo,
Victoria Villarruel calcula que, entre 1973 y 1976, la guerrilla asesinó a 778
personas. Moreno Ocampo registra que, desde el asesinato de Aramburu en
adelante, el terrorismo se cobró 782 vidas. Sin embargo, la tesis del exfiscal
de la Corte Penal Internacional es que tanto desde el Estado como desde las
organizaciones armadas se configuraron formas criminales. Dicho de otro modo:
lo que se condena es la violencia como práctica política, más allá de la
ideología.
La segunda afirmación de los intelectuales es que
el terrorismo de la izquierda revolucionaria no puede catalogarse como de lesa
humanidad por "irrefutables razones jurídicas". Pocas cosas son
irrefutables, y muchos menos las razones jurídicas, que, de un modo u otro,
siempre están enlazadas con las razones políticas. En fallos de 2004 y 2005, la
Corte Suprema de Justicia, con la composición de la era K, sentó jurisprudencia
en el sentido de que solo el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad.
Para que un delito no prescriba, dice nuestra legislación, el autor debe ser el
Estado, dominando un territorio y desplegando un ataque general y sistemático
contra la población.
Ahora bien, el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional dictamina que los grupos no estatales también pueden cometer
crímenes contra la humanidad. Lo describe así: "Un ataque masivo o
sistemático a la población civil, cometido por una organización, de acuerdo con
un plan". Moreno Ocampo destaca que no hace falta que una organización
armada maneje un territorio para ser enjuiciada bajo esa categorización. ¿Qué
hace falta, entonces? Un plan sistemático. Y el ERP lo tenía: tomar el poder.
La organización de Santucho había diseñado ese
objetivo táctico mediante una estrategia militar y política: secuestrar
empresarios (para financiarse) y matar militares, señalados como opresores y
"enemigos del pueblo". A esos "enemigos" habría que sumar
los "daños colaterales", como el asesinato de María Cristina, de tres
años, hija del capitán Viola. Una paradoja triste: la izquierda de los años 70
luchaba por una sociedad más justa, en una Argentina que tenía, apenas, un 4%
de pobres y una de las clases medias más envidiables de América Latina.
Una pequeña anécdota personal: en los años del
alfonsinismo estudiaba Sociología en la Universidad de Buenos Aires. A esa UBA
politizada habían retornado del exilio muchos integrantes y dirigentes de las
organizaciones armadas de los 70. A fines de los años ochenta, aquellos leones
herbívoros practicaban una militancia casi personalizada asumiéndose (en el
pasado) como "orgullosos combatientes de una guerra revolucionaria";
jamás como víctimas. Lo de víctimas vino después, como un discurso elaborado
desde las organizaciones de DD.HH. Carnovale confirma ese dato, no menor.
Algunos de aquellos veteranos habían integrado el
PRT-ERP, que en 1974 estaba en su apogeo, según destaca Marcelo Larraquy. Así
es que, en agosto de aquel año, producen dos golpes, casi en forma simultánea:
el copamiento del cuartel de Villa María, Córdoba, y el asalto al Regimiento 17
de Infantería Aerotransportada, en Catamarca. En Villa María secuestran al
mayor Argentino del Valle Larrabure, un ingeniero químico, subdirector de la
Fábrica Militar de Explosivos. Lo mantienen cautivo 375 días, en condiciones
infrahumanas. El cadáver aparece en una ruta de Rosario, con 48 kilos menos y
signos de tortura. La familia afirma que lo asesinaron; el ERP, que se suicidó.
La Justicia nunca investigó su muerte. Lo que se condenó fue el copamiento del
cuartel.
Sentimos escozor ante la posibilidad de que Astiz,
que padece cáncer, obtenga la prisión domiciliaria. Y con razón: el "ángel
de la muerte" es un emblema siniestro de la noche más oscura de la
Argentina. Sin embargo, esas emociones cambian, en un sector del mundo político
y académico, cuando se trata de que Mattini se haga cargo de sus crímenes.
"Es que está enfermo", lo protegen. Parece que hay algunos más
enfermos que otros.
Algunos psicoanalistas ligados a la izquierda
cuentan que varios exmilitantes guerrilleros lloran en privado por sus
crímenes. ¿Llorará Mattini por los suyos? ¿Sentirá culpa? ¿Anhelará pedirles
disculpas a sus víctimas, como el etarra de Patria? Demasiadas
preguntas para gambetear un debate sin prejuicios y clausurar la historia.
© La Nación
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