Para las militantes
de la despenalización, algunos puntos pueden conversarse. Cuáles son y qué
proponen.
Por Carolina Ramos
En un grupo de Whatsapp creado hace algún tiempo, diputados
que están en contra de la despenalización del aborto hacen lobby interno. Dejan
sus argumentos, comparten visiones y formulan propuestas. El chat arrancó con
unos diez miembros, que de a poco fueron en aumento. Están dispuestos a dar la
batalla en las comisiones, donde acaba de culminar la tercera semana de
ponencias. Pero las negociaciones en torno al proyecto aún están tibias.
Mientras se suceden los discursos a favor y en contra de la
interrupción voluntaria del embarazo, la letra chica del proyecto todavía no
superó la etapa de algunas conversaciones informales, de pasillo. Los
dictámenes recién se firmarían a fines de mayo, según los planes del presidente
de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, quien cada martes y
jueves conduce las jornadas junto a Carmen Polledo (Salud), Gabriela Burgos
(Legislación Penal) y Alejandra Martínez (Familia y Mujer).
Si algo quedó claro en las seis reuniones que ya se
realizaron es que hay tres o cuatro aspectos puntuales del proyecto de la
Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se llevaron la mayor parte
de las críticas. Y si bien a priori los dos bandos son irreconciliables, las
diputadas firmantes están dispuestas a conceder cambios para intentar llegar a
un dictamen con el mayor grado de consenso posible.
Los nueve proyectos con giro a las cuatro comisiones parten
de dos acuerdos básicos: la autorización para requerir un aborto a simple
demanda hasta las 14 semanas de gestación, y la incorporación de esta práctica
al sistema de salud pública. Esos dos puntos son “innegociables”, afirmó a
parlamentario.com una de las diputadas que milita la causa.
En la iniciativa de la Campaña, se autoriza a las
adolescentes desde los 13 años a abortar sin asistencia por parte de sus
progenitores o de un representante legal. Ya en la primera audiencia, Polledo
cuestionó esa posibilidad al cruzarse con el periodista Luis Novaresio: “¿Usted
es consciente de que una niña de 13 años que no puede comprar un litro de
cerveza en la esquina, con este proyecto va a poder ir sola a pedir un
aborto?”.
Romina Del Plá (Partido Obrero), una de las primeras
firmantes de la iniciativa, sostuvo que “el argumento de que una adolescente
necesita consentimiento de los padres para poder interrumpir un embarazo
desconoce la realidad de miles de jóvenes y niñas que son víctimas de abuso
intrafamiliar, y retrocede en relación a la legislación vigente que reconoce la
autonomía progresiva de los niños y adolescentes”.
En el artículo 26 del nuevo Código Civil y Comercial, “se
presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí
respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su
estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”. Si
la práctica es invasiva, sí se requiere asistencia. ¿Será entonces el juez
quien determine si es o no invasiva? Es uno de los interrogantes que se
estudian por estos días.
El derecho a la objeción de conciencia es otro de los puntos
clave de la discusión. El proyecto de la Campaña no contempla esta posibilidad,
es decir, un médico no podría excusarse de realizar un aborto por motivos religiosos.
Pero hay disposición a conversarlo. “Si avanzamos con eso, debemos referirnos
siempre a la objeción de conciencia individual, nunca institucional. Pero
además, debemos ver la forma de implementar un ‘registro de objetores’, para
que aquellos que quieran tengan ese resguardo, y si una mujer quiere realizarse
un aborto, la institución deba garantizar que se haga la práctica, con otro
médico”, explicó a parlamentario.com una diputada entendida en el tema.
En este debate amenaza un proyecto paralelo que el Poder
Ejecutivo impulsa desde el año pasado, el de libertad de cultos. Por eso, las
militantes del aborto legal buscarían garantizar que en ese texto el aborto
quede exceptuado. Aunque no es una posición unánime, pues varios legisladores a
favor de la despenalización están a favor de la objeción de conciencia, como
Sergio Wisky (Pro), quien la plasmó en su proyecto.
¿Qué pasa con los abortos en caso de violación? En estos
casos, según el proyecto de la Campaña, se podría realizar la intervención en
cualquier momento del embarazo. Pero hay quejas entre los “antiabortistas”. Uno
de ellos advirtió a este medio que “con este proyecto no es necesario denunciar
la violación ante la Justicia” para un aborto, con lo cual, sostuvo, la mujer
correría el peligro de volver a su círculo intrafamiliar, donde se producen los
mayores casos de abusos.
Este planteo, para las diputadas de los pañuelos verdes, no
está en discusión. “En nuestro Código Penal, los delitos contra la integridad
sexual son de instancia privada. Si atamos el tema a una denuncia penal,
violamos el Código Penal. Esto no lo resuelve ni la clandestinidad ni obligar a
la mujer a denunciar”, sostuvo una legisladora ante la consulta.
Durante el tiempo que lleva el debate, también circuló con
fuerza una opción intermedia entre las dos posiciones antagónicas:
“despenalizar, pero sin legalizar”. “Es lo mismo que la nada”, sentenciaron en
la Campaña. En el grupo “antiabortista” hay quienes sugieren una propuesta algo
más difusa: que no se castigue a la mujer con prisión, pero sí se la obligue a
cumplir algún tipo de “pena social”.
Por la sala de reuniones del Anexo C de la Cámara baja ya
pasaron abogados, médicos, dirigentes políticos y sociales, exlegisladores,
personajes del mundo del espectáculo, la filosofía y las letras. Con poca
cantidad de diputados presentes -no se necesita quórum-, el debate continuará
con este esquema hasta fines de mayo, mientras los sondeos muestran una balanza
equilibrada, que hace imaginar un final abierto.
© Parlamentario.com
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