La iniciativa fue
presentada por Rodolfo Urtubey y Miguel Picheto y prevé prisión y juicio
políticos a jueces y fiscales.
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| La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio dictamen al proyecto para penar la filtración de escuchas judiciales. |
Nacionales - En
medio de la tormenta por la intervención del PJ nacional a manos Luis
Barrionuevo, un proyecto impulsado por senadores peronistas para penar la
filtración de escuchas judiciales avanza en la Cámara alta. Este miércoles, se aprobó la
iniciativa que prevé hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y
fiscales obtuvo dictamen unánime de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y
será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.
El proyecto original lleva la firma de los peronistas
Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino, Carlos Espínola y Miguel Pichetto y obtuvo
el respaldo de los legisladores de todas las bancadas.
Por lo pronto, el texto responsabiliza a los funcionarios
judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las
escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un
hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa.
Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales
la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de
un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la
cual depende. También se le requiere una serie de obligaciones a las empresas
de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los
procedimientos.
El proyecto establece un régimen de responsabilidad para
todos los que intervienen en la operación, incluyendo a jueces y a fiscales.
Además, las escuchas no podrán extenderse por más de treinta días, a menos que
haya una orden judicial para su prórroga.
Las sanciones previstas en la norma van desde la "falta
grave administrativa" a los cuatro años de prisión y establece, en el caso
de magistrados y funcionarios judiciales, la posibilidad de ser acusados,
además, por "mal desempeño en sus funciones" y pasibles de juicio
político.
La violación a las normas de la cadena de custodia, sin
importar si eso genera una filtración, será considerada como "falta grave
administrativa". Asimismo, serán castigados con prisión de seis meses a
dos años a quienes, obligados a guardar el secreto sobre la información,
violaran ese deber de confidencialidad.
Finalmente, se penará con prisión de dos a cuatro años a
quien "a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su
difusión" las escuchas. Si el responsable fuera un funcionario público,
además, se lo inhabilitará de manera especial.
Informe: Ámbito.com
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