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| Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema |
Como nunca antes desde que ocupa un asiento en la Corte
Suprema, hace casi tres lustros, a Ricardo Lorenzetti le llueven en los últimos
días duros cuestionamientos desde los tres poderes del Estado. Incluso desde el
que él encabeza. Y a veces, más que lluvia parece granizo.
Aunque en público se mantiene impertérrito, la procesión es
menos visible pero indisimulable. Lorenzetti además no puede creer que todo
esto que le pasa suceda menos de un mes después de su discurso de inicio del
año judicial, con reclamo de autocrítica corporativa incluido. Una pieza que
podría ser confundida con una proclama profunda y fundacional, si no fuera que
fue dicha por quien preside el máximo tribunal del país desde hace más de once
años. Puede sonar a despedida, si es cierto que a fin de año sus pares de la
Corte no lo re-re-re-reeligen y ungen a Carlos Rosenkrantz como nuevo
presidente.
Pero vayamos al aquí y al ahora. Sectores del Gobierno le
vuelven a desconfiar (si es que alguna vez dejaron de hacerlo) por la decisión
de rectificar el tribunal oral que va a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner
en dos causas sensibles: la ruta del dinero K y el memorándum con Irán. En los
pasillos oficiales se admite que Lorenzetti le anticipó a Mauricio Macri ese
paso, pero solo minutos antes de que se diera a publicidad la acordada
cortesana.
Para intentar calmar los ánimos de la Casa Rosada, el juez
promocionó que la medida era puntual y no afectaba la conformación de otros
tribunales, como el de la Cámara de Casación, donde para el Gobierno es crucial
que se mantengan Leopoldo Bruglia y Carlos Mahiques.
Desde el Congreso provino la principal andanada. El
disparador fue la difusión de conversaciones privadas entre Cristina y su ex
mucamo gubernamental Oscar Parrilli. El escándalo de la filtración fue obviado
mediáticamente porque sus protagonistas estimulan la doble vara a la que
algunos son tan afectos. Esos audios fueron ordenados por el juez Ariel Lijo y
ejecutados por la oficina de escuchas que ahora dependen de la Corte y del
camarista Martín Irurzun, muy cercano a Lorenzetti. CFK le atribuye a éste la
culpa de la propagación.
Elisa Carrió, eterna enemiga del jefe cortesano, exploró con
el kirchnerismo duro (indignado con este espionaje, nunca con el propio) y el
resto del peronismo la posibilidad de ir contra Lorenzetti, con el argumento de
que las escuchas demuestran que se armó una oficina de inteligencia paralela.
No deja de ser curioso que el rafaelino una los intereses de Lilita y Cristina,
en apariencia irreconciliables.
La movida en Diputados llegó rápido a los oídos del supremo
magistrado, que reaccionó a su estilo. Llamó a algunos legisladores de
confianza y a un interlocutor informal ante el Gobierno para medir el nivel de
tensión, envió una nota a la AFI para chequear si había abierto alguna
investigación interna por las filtraciones (no es broma) y activó a un par de
sus habituales voceros en los medios para mostrarse como víctima de un complot.
De estas intrigas no es ajeno el propio brazo estatal que
lidera Lorenzetti. En algunos despachos de la Justicia Federal se observa con
tirria la decisión de la Corte de pedir que se investigue cómo se conformó la
sala de la Cámara Federal que con su voto liberó a Cristóbal López y cambió la
carátula de su estafa al Estado con diferimientos impositivos. En Comodoro Py
están (mal) acostumbrados a que el máximo tribunal no los desnude públicamente.
Las maquinaciones se intensifican de la mano de tareas subterráneas
encaradas por dos personajes de peso en servicios judiciales y de usos
múltiples desde hace mucho tiempo: Jaime Stiuso y Javier Fernández. Semejantes
sombras en torno a la impudicia en la Justicia no hacen más que calibrar el
grado de descomposición que atraviesa un poder clave de nuestra estructura
institucional. Más allá de cualquier máscara de autocrítica.
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