¿El triunfo de la justicia?

Por Martín Caparrós

El señor Artur Mas fue, durante años, jefe indiscutido del nacionalismo catalán. Presidente de la Generalidad, debió renunciar en 2016 para que la izquierda catalanista aceptara pactar con su partido. Hace un mes, cuando el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, lo interrogó sobre el proceso por la independencia catalana, Mas dijo que no se lo tomaran tan en serio, que la declaración de independencia no había sido para tanto: “En el mundo de la política hay un componente simbólico y estético. Muchas veces un argumento se exagera o se infla para quedar bien posicionado ante la opinión pública”, dijo. A veces parece como si los dirigentes catalanistas creyeran que pueden hacer las cosas como si.

En esa línea, se podría suponer que su sucesor, Carles Puigdemont, también subestimó la respuesta del Estado español. El expresidente, huido a Bélgica, no debe haber pensado que un exilio es una cosa seria, y el jueves pasado se fue a dar un par de charlas a Helsinki. Las leyes de Bélgica lo protegían de la extradición; las del resto de Europa no, pero no imaginó que España reactivaría su orden de captura.

Lo hizo el viernes pasado el juez Llarena, un señor de 55 años con una carrera brillante y unas opiniones oscuras. Horas antes había acusado de rebelión a trece líderes independentistas y había metido presos a cinco de ellos. El delito de rebelión se pena con treinta años de cárcel; para justificar su aplicación, el juez comparó la conducta de los políticos catalanes cuando “impulsaron a una masa ciudadana” a votar en el referéndum del 1 de octubre con la del teniente coronel Antonio Tejero que, el 23 de febrero de 1981, invadió con tropas el Congreso de los Diputados para encabezar un golpe de Estado.

El sábado, Puigdemont decidió no arriesgarse al control del aeropuerto de Helsinki y se tomó un ferri hasta Suecia; de allí seguiría a Bruselas en coche, pero lo apresaron al día siguiente, en cuanto entró en Alemania. Después sabríamos que los servicios secretos españoles lo tenían localizado con agentes y aparatitos de espionaje y que solo esperaban la orden. Que llegó, una vez más, del poder judicial.

Fue un tribunal el que declaró ilegal el referéndum; fue un tribunal el que ordenó su represión; son tribunales los que mantienen presos a políticos independentistas. Son los tribunales, en general, los que definen los pasos que da el Estado español en el conflicto catalán. El gobierno del Partido Popular no parece capaz de hacer política: proponer, dialogar, encontrar caminos, y se esconde detrás del legalismo, delega su acción en la justicia. Recuerda, por momentos, aquello de que “la justicia es el refugio de los canallas”.

Y hay un modelo que se repite: cada vez que los catalanistas se enredan en sus reyertas, cada vez que parecen perder apoyos y respetos, algún juez se ensaña con ellos y les da la posibilidad de mostrarse como víctimas. Otros dirán que, además, destruye cada uno de sus planes.

Se discute por qué el poder judicial se ha convertido en esta punta de lanza. Hay dos hipótesis: que el presidente Rajoy prefiere que sean los jueces los que carguen con el peso de la represión y los usa con gusto y mano izquierda; o que los jueces actúan autónomos y que sus medidas a veces contrarían lo que Rajoy quiere. Un gobierno débil, sin mayoría, que no consigue siquiera sancionar los próximos Presupuestos Generales, deja o parece dejar en sus manos decisiones cruciales y transforma problemas políticos fundamentales en cuestiones de orden público.

Los jueces son un grupo que se elige a sí mismo y que —por origen, por vocación, por práctica— suele estar a la derecha del resto de la sociedad. Un juez es una persona que trabaja en mantener el orden —jurídico—. Estudia un conjunto de normas y debe aplicarlas: “Esto dice la ley y yo lo hago cumplir”. Por supuesto, como dice el viejo refrán, “hecha la ley, hecha la ley”; para decir que ni siquiera se precisa una trampa, porque toda ley contiene sus trampas: sus lecturas, las variadas posibilidades que hacen que ese señor o señora que supuestamente la aplica pueda usarla de formas muy diversas. Pero siempre en nombre de un orden superior, faltaba más: “Yo me ciño a la ley, no puedo cambiarla; para eso están los diputados”, dicen, y con los mismos textos justifican medidas tan distintas.

Son pocos, son peculiares, son decisivos: en estos meses, con la anuencia o la impotencia del gobierno, el pequeño colectivo de los jueces se está transformando en el árbitro de la vida española.

Y no solo en el proceso catalán: el peso de corporación judicial aparece en muchos otros campos. Los ejemplos sobran. Hace diez días la mejor revista satírica del país, Mongolia, fue condenada por una jueza madrileña a pagar 40.000 euros —50.000 dólares— a un extorero, Ortega Cano, por los chistes contenidos en un cartel promocional que “entran en el terreno de la mofa y el escarnio, absolutamente injustificados y gratuitos”. Gratuitos no resultaron; la revista no tiene ese dinero y corre el riesgo de quebrar.

Hace un mes el Tribunal Supremo había ratificado la condena a tres años y medio de cárcel de un rapero, Valtonyc, por la letra de sus canciones —y varios otros artistas enfrentan procesos similares—. En esos días otra jueza madrileña ordenó el secuestro de Fariña, de Nacho Carretero, un libro sobre el narcotráfico gallego, por la querella de un político local que aparece mencionado. Usan, en general, leyes que ya existían pero que nadie se atrevía a aplicar. Las “injurias contra la Corona” o las “ofensas al sentimiento religioso” o los “ultrajes a España” y otros límites a la libertad de expresión llevaban muchos años sin castigarse; en los últimos años han vuelto a ser materia de juicios y condenas. Hace unos días, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo reprendió a España por haber condenado a quince meses de cárcel a dos jóvenes que quemaron una foto del rey.

Mientras, el Tribunal Constitucional está por desechar una enmienda de ley socialista para que el Estado deje de subvencionar a los colegios—en general religiosos— donde se segrega y discrimina por sexo. Una vez más, la Justicia impone una medida fuertemente política, en este caso sostenida por la Iglesia católica y los sectores más conservadores. Una vez más un señor o una señora, señorías, se arrogan el derecho de definir dónde están los derechos. Parece como si fueran quienes mejor están aprovechando la debilidad de un gobierno que no ocupa su espacio, que no se hace cargo y avanzan incontenibles, deciden cuestiones que deberían decidir las mayorías o sus representantes. Parece, por momentos, que el triunfo de la justicia es la derrota de la democracia.

© The New York Times