Una iniciativa propone crear un
nuevo organismo de medición y la otra, pretende darle más autonomía al INDEC.
Nacionales - En
el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un proyecto
de ley por el cual se deroga le ley 17.622 - que creó el INDEC - y se dispone
la transferencia del personal de este instituto a la órbita de uno nuevo, el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) "con la condición que el citado
personal cumpla los requisitos del nuevo organismo". Asimismo, contempla
la transferencia al INE de la totalidad de los bienes, presupuesto, activos y
patrimonio del INDEC.
El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer
artículo, la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el
Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de
Estadísticas. Asimismo, participarán los organismos del sector público
nacional, sector público nacional financiero y sector público provincial y
municipal.
El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información
Estadística sea un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y
autonomía financiera.
Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan
Estadístico Nacional, "estableciendo los productos estadísticos a generar,
metodologías y formas de diseminación" (artículo 32).
En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del INDEC) se
establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones
"recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de
registro y otros", "elaborar indicadores sociales y económicos",
"producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas
satélite y análisis laborales", entre otras.
Será conducido por un director y un director técnico, ambos
elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco
años, con opción a una única renovación.
En lo que surge claramente como una intención de
profesionalizar al organismo, el proyecto establece que "el 65% de los
agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer
título universitario específico a las funciones que desempeñen". De
aplicarse este requisito, se indica en medios gremiales, numerosos empleados
del INDEC se verían afectados.
El encargado de definir el plan estadístico, es decir el
Consejo Nacional de Información Estadística, estará conformado por nueve
miembros (artículo 61): el secretario de Política Económica del Ministerio de
Hacienda (actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como
presidente -, representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social,
Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los
integrantes de las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo
Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y
los directores de Metodologías y Planificación de este consejo.
En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo
del INDEC, participará "con voz pero sin voto".
En las condiciones de funcionamiento del Consejo que
proyectará el plan estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum
de cuatro miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los
presentes. En caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política
Económica, tendrá doble voto.
La propuesta del
INDEC
Por su parte, la conducción del INDEC elaboró un
anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a
la Presidencia, que fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros.
A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se
señaló, determina para el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta
apunta a concentrar y fortalecer al INDEC como rector del sistema estadístico.
En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa
establece que "Las actividades estadísticas oficiales nacionales y la
realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación se
regirán por la presente Ley Orgánica y por las disposiciones reglamentarias
emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que crea la presente,
con carácter de ente autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y
dependiente del Poder Ejecutivo Nacional".
En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las
facultades del INDEC señalando que tendrá a su cargo "dictar las normas
reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento
de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran",
como así también "establecer pautas, definiciones y clasificaciones
homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información
estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y
difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación".
En esta iniciativa, el gobierno del INDEC está a cargo de un
presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con
acuerdo del Senado de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser
designados nuevamente.
Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y
el vicepresidente el Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado.
La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de
Ministros, según se señala en la Casa Rosada.
Sospechas y
discusiones
A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por
el INDEC fueron motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este
sentido, se remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba
la forma de bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la
conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de
Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el
llamado índice "descarnado", es decir una medición del costo de vida
en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta forma, en los
primeros ocho meses de 1979 la inflación "descarnada" acumuló 85%,
diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que el INDEC siguió
publicando ambos índices de medición de precios.
Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de
Roberto Lavagna cuando hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de
Hacienda decidió utilizar cálculos alternativos para demostrar que la cantidad
de pobres era inferior a la que resultaba del cálculo del INDEC. Tiempo
después, hacia mediados de 2005, consideró datos del Banco Mundial para señalar
que se había roto la tendencia al aumento de la brecha entre ricos y pobres, a
contramano de los datos elaborados por el INDEC.
Pero sin dudas, las mayores polémicas se dieron a partir del
año 2007, cuando el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comenzó
a tener injerencia en el INDEC. Los índices de precios y la medición de pobreza
fueron los más cuestionados. En el caso de la inflación, a partir de 2010 y
durante años el organismo oficial informó una variación del orden del 10%
cuando las consultoras privadas estimaban aumentos que cómodamente duplicaban
esta variación. En cuanto a la pobreza, las mediciones fueron tan bajas que
llevaron al ex jefe de ministros Aníbal Fernández a afirmar, a mediados de
2015, que "la pobreza en Argentina es menor que en Alemania".
Con la asunción del gobierno de Cambiemos, la administración
de Mauricio Macri hizo de la transparencia en la información una de sus
banderas. No por casualidad puso al frente del organismo a Jorge Todesca - un
economista proveniente de las filas del peronismo - cuya consultora, Finsoport
S.A., fue sancionada por Moreno en virtud de la forma en que calculaban los
precios.
En marzo de 2011, junto con otras consultoras, Moreno aplicó
a esta consultora una multa de medio millón de pesos por no informar sobre la
metodología que utilizaba para las mediciones de inflación. En aquel entonces,
Todesca calificó de "autoritaria" a la sanción y llevó el tema a la
Justicia. Luego de dos años de trámites judiciales, las multas fueron dejadas
sin efecto y Moreno fue procesado por abuso de autoridad.
Informe: Ámbito.com
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