La iniciativa prevé
que los gremialistas puedan ser
sancionados por los delitos de cohecho
y
enriquecimiento ilícito.
Nacionales - A 24
horas de la multitudinaria marcha encabezada por Hugo Moyano contra el Gobierno
nacional, el oficialismo respondió con un proyecto de ley que propone que los
sindicalistas puedan ser juzgados por hechos de corrupción.
Más de una veintena de diputados de Cambiemos firmaron una
iniciativa, encabezada por el radical Luis Petri, para que los gremialistas
puedan ser -al igual que los funcionarios públicos- sancionados por los delitos
de cohecho y enriquecimiento ilícito.
Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y
las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se
incluya en el proyecto de reforma integral del Código Penal, que el Ejecutivo
tiene previsto enviar al Congreso este año.
Para el delito de cohecho, la iniciativa establece tres a 10
años de prisión -actualmente va de uno a seis años- e incorpora a “quienes
dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras
sociales de la Ley 23.660 que por sí o por persona interpuesta, recibiere
dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para
hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, las penas de prisión
de dos a seis años pasan a cuatro a 10 años y una multa del 50 por ciento al 50
por ciento del valor del enriquecimiento. Podrá ser penado quien “al ser
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento
patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido
con posterioridad a la asunción de un cargo como director, administrador de
asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales”, reza el texto
del proyecto para modificar el artículo 268 (2) del Código Penal.
Por otra parte, se pretende modificar la Ley 23.551 -de
Asociaciones Sindicales- con el fin de que quien pretenda integrar los órganos
directivos de los gremios deberá presentar “una declaración jurada patrimonial
integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción”, y otra actualizada a
la hora de dejar el cargo.
“La declaración jurada deberá contener una nómina detallada
de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que
integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso
la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el
extranjero”, indica la iniciativa, a la que tuvo acceso parlamentario.com. En
tanto, quienes incumplan con este requisito serán sancionados con el artículo
268 (3) del Código Penal.
Además, las declaraciones juradas deberán ser publicadas en
la página web del organismo para que los afiliados y cualquier ciudadano las
puedan consultar.
El diputado Petri sostuvo que “el norte que debe guiar el
interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe
sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que le
conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente”.
“El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la
ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en
caso de cometer actos de corrupción”, afirmó el vicepresidente segundo de la
Cámara baja.
Entre los firmantes del proyecto está la diputada Graciela
Ocaña, quien días atrás recibió amenazas de muerte, luego de presentar nuevas
pruebas en los tribunales de Morón, en el marco de una causa que complica al líder
de Camioneros por presunto lavado de dinero.
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