La iniciativa busca tipificar como “delito electoral”
la coacción para apoyar o
perjudicar a un candidato.
Nacionales - El
Gobierno nacional propondrá tipificar como un “delito electoral” el
clientelismo político, en el proyecto que buscará reformar la Ley 26.215, de
Financiamiento de los partidos políticos, y que se estima será enviado al
Congreso en el mes de marzo.
La iniciativa, trabajada desde hace meses por el secretario
de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, la diputada Silvia Lospennato (Pro), el
jefe de asesores presidenciales José Torello y especialistas; incluirá un
capítulo para establecer las sanciones en el Código Electoral Nacional, según
reveló La Nación.
El matutino informó que se fijarán penas de prisión “de seis
meses a tres años e inhabilitación especial a cualquier ciudadano o dirigente
político que ofrezca beneficios económicos a cambio de la participación en una
actividad de campaña o de votar de una manera determinada”.
Además, se dispondrán “de uno a tres años de prisión e
inhabilitación de seis meses a diez años para elegir y ser elegido en cargos
públicos nacionales para los funcionarios estatales que destinen fondos
públicos a apoyar o perjudicar a un candidato, que coaccionen o amenacen a
empleados para que participen en actos de campaña y que condicionen la
prestación de servicios a su cargo a la adhesión política”.
Por otra parte, la iniciativa establecerá la bancarización
de aportes en dinero para campañas que se hacen en efectivo; se habilitarán
aportes de empresas con topes de hasta el 2% sobre el total de los gastos
permitidos para campañas; se creará un registro de ingresos y gastos en tiempo
real en cuentas partidarias, con una plataforma electrónica administrada por la
Justicia Electoral, entre otros puntos.
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