Lo confirmó la
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien dijo que la iniciativa
es "a favor de la gente".
 |
| Carolina Stanley |
Nacionales - La
ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el Gobierno les
exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para
seguir percibiendo ese ingreso, al tiempo que aumentarán los controles de
quienes están incluidos.
"Estuvimos trabajando mucho en la actualización de
datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60% de las
personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, y nos
pareció importante poder acompañarlos en este proceso", dijo la
funcionaria nacional en diálogo con radio
Mitre al ser consultada sobre un plan del Gobierno para que los
beneficiarios estudien como contraprestación.
En ese sentido, remarcó que "la educación y el trabajo
son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de
pobreza y vulnerabilidad". Asimismo, subrayó que "cualquier empleo
hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria".
Stanley dejó claro que la iniciativa es "a favor de la
gente" y que no cree que genere "resistencias", al tiempo que
explicó que viene dialogando sobre este tema "con las organizaciones
sociales" y que el objetivo es tratar "caso por caso".
"Buscamos entender qué necesita cada persona y trabajar
para cada una de ellas. Empezamos en noviembre en las oficinas de Anses de todo
el país con la actualización de datos, conociendo a cada persona: qué hacen,
cuál es su nivel de educación, en que se han capacitado, en qué se quieren
capacitar, y en qué quieren trabajar el día de mañana", señaló la titular
de la cartera de Desarrollo Social.
El objetivo, resumió, es que cada beneficiario de un plan
social pueda "acceder a alguno de los diferentes mecanismos para terminar
el secundario", y luego "capacitarse para trabajar de lo que
quieren", y destacó que pueden trabajar, por ejemplo, "en las
conexiones de agua en casas y barrios, en las veredas, y en todo lo que hace a
la integración urbana".
Según publicó este lunes el diario Clarín, el plan del Gobierno incluye que ya no sean las
organizaciones sociales quienes gestionan el reparto de planes. Se trata de
unos 50 entes que dejarían de percibir unos $ 12.000 anuales por cada
beneficiario. Y lo mismo pasaría con los municipios, los cuales reciben $
18.000. Con esto, el Ejecutivo tendría un ahorro de unos $ 1.500 millones que
serían destinados a obras de infraestructura en zonas vulnerables.
Conocida la información, el coordinador nacional de Barrios
de Pie, Daniel Menéndez, consideró que el Gobierno "busca disciplinar a
los movimientos sociales que junto a las centrales obreras se manifestaron de
manera masiva el pasado 21 de febrero".
"Más allá de las propuestas de modificación de las
políticas sociales, lo que se busca de fondo es que no exista organización
comunitaria. Nosotros creemos que la organización comunitaria es primordial a
la hora de garantizar y potenciar el impacto y la llegada de las políticas
sociales. Las organizaciones sociales tienen un rol fundamental porque
garantizan que las políticas lleguen de manera concreta a los barrios. Además,
es también la organización comunitaria la que ha cuestionado históricamente los
intentos de ajuste. Eso es lo que busca disciplinarse hoy: el cuestionamiento a
las políticas económicas regresivas", afirmó Menéndez.
Y agregó: "Nos parece de suma importancia que se le
siga dando un presupuesto adecuado a las áreas de capacitación. Pero es
primordial que esa capacitación se transforme en trabajo digno y puestos
laborales concretos. En los barrios hay muchas escuelas de oficio, pero lo que
falta es trabajo. Pero con los nuevos anuncios, no se estaría priorizando la
generación de empleo en cooperativas de trabajo. Generan una falsa dicotomía
entre capacitación y empleo, cuando las dos son igual de importantes".
0 comments :
Publicar un comentario