Lo anunció Marcos
Peña mientras que Bolivia volvió
a rechazar la atención a ciudadanos argentinos
que llegan a ese país.
Marcos Peña durante la conferencia de prensa brindada este martes en Salta junto a funcionarios nacionales y gobernadores del NOA. |
Salta – El
anuncio del inicio de la segunda etapa del Plan Belgrano dio lugar a una
conferencia de prensa en la que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, apoyó el
cobro de la atención médica a extranjeros que comenzará a instrumentar el
Gobierno de Jujuy y pidió que el tema se debata en el Congreso.
"Argentina reclama hace tiempo la reciprocidad; en la
ciudad de Buenos Aires hace rato se da este debate. No hay muchos ejemplos en
el mundo de una cuestión de gratuidad, por algo no existe…", apuntó el
jefe de ministros, que expresó su deseo de que este tema "se debata en el
Congreso".
Peña, además, señaló que la medida adoptada por el
gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es "una postura muy valiente" y
"algo justo", pero solicitó que la discusión "no se asocie con
actitudes xenófobas o discriminatorias". "Solo hay que ver qué pasa
con cualquier argentino que va al exterior y se tiene que atender en el sistema
de salud de ese país", graficó.
Mientras tanto, un plan oficial de reciprocidad en la
cobertura de salud universal y gratuita vigente en la Argentina hacia Bolivia,
unido a intentos por cobrar la atención a inmigrantes en algunas provincias,
amenaza con desatar un conflicto entre los gobiernos de Mauricio Macri y Evo
Morales.
Según se supo, el gobierno boliviano rechazó un reclamo de
Macri para que los argentinos que viajen o viven en ese país puedan atenderse
gratis en hospitales de Bolivia, como los hacen los bolivianos que llegan a
territorio argentino.
El rechazo oficial de La Paz fue informado a través de una
carta enviada por la Cancillería al embajador argentino en La Paz, Armando
Álvarez García. Según la misiva, en el sistema de salud de Bolivia "son
beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud todos
los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún
seguro de salud". En ese grupo, según aclaró, se incluyen "las
mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores
al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los
60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y
reproductiva; y personas con discapacidad". Por lo tanto se excluye a ciudadanos extranjeros.
En cambio, la salud
en Argentina es universal y gratuita y beneficia a toda persona, sea argentina
o extranjera, residente o de paso, con los mismos derechos de cobertura en
los hospitales públicos de todo el país.
Sin embargo, la llegada de varios ciudadanos boliviano al
suelo argentino para atenderse gratuitamente hizo que el ministro de Salud de
la provincia de Jujuy, Gustavo Bouhid, propusiera un proyecto de ley para que
los bolivianos que cruzan la frontera a la Argentina paguen por ser atendidos
en los hospitales públicos de ese distrito fronterizo del norte del país.
"El proyecto de ley es para que el Estado boliviano pague, no el
ciudadano", dijo el funcionario.
Bolivia replicó a través del cónsul en Jujuy, Nelson
Guarachi Mamani. Según el diplomático, su gobierno veía "con muchísima
tristeza" la situación creada "después de haber sido un Estado tan
grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado. Que no se
vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste",
enfatizó.
El diario local El
Tribuno dijo que en el hospital de la ciudad fronteriza de La Quiaca se
atendieron durante 2017 a unas 20.000 personas, de las cuales 2.000 eran de
nacionalidad boliviana.
Siempre según el periódico, de los 12 turnos que se entregan
diariamente para las distintas especialidades siete son otorgados a ciudadanos
bolivianos o que tienen documento argentino pero no residen en el país. Además,
de siete partos semanales, cuatro corresponden a madres del vecino país que
llegan a punto de dar a luz, reveló el diario.
Pero Jujuy no es la única provincia que intenta cobrar a los
Estados vecinos la atención sanitaria de sus connacionales. La provincia del
Chaco, en la frontera con Paraguay, ya había esbozado un plan similar a fines
de 2016. Entonces, la ministra de Salud, Mariel Crespo, dijo que el distrito
debía afrontar "una alta demanda sin recupero de gastos".
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