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| Por James Neilson |
Ni siquiera aquel provocador serial Donald Trump ha ido tan
lejos. Al felicitar por su “heroísmo” al policía Luis Chocobar por abatir a un
ladrón que huía luego de haber acuchillado una decena de veces a un turista
norteamericano, el presidente Mauricio Macri envió un mensaje nada ambiguo a
todos los integrantes de las fuerzas de seguridad del país; les es dado matar a
los delincuentes aun cuando su propia vida no corra peligro alguno.
Es legítimo
argüir que sería mejor que actuaran así porque sería más que probable que un
sujeto ya cebado, como el ultimado por Chocobar, terminara hiriendo o
asesinando a inocentes que se encontraran en su camino, pero, por ahora al
menos, es contra la ley eliminar preventivamente así a quienes pudieran
plantear una amenaza a sus conciudadanos
¿Entienden Macri y la ministra de Seguridad Patricia
Bullrich que el país se vería beneficiado si se formaran escuadrones de la
muerte para liquidar sin contemplaciones a los malhechores violentos en
potencia que, por desgracia, abundan? ¿Han hecho suyo aquel eslogan célebre de
Carlos Ruckauf según el que “hay que meter bala a los delincuentes”? Si no se
han propuesto permitir que la policía se sienta libre para masacrar a quienes
les parezcan listos para perpetrar un delito grave, les convendría aclararlo,
ya que un tema tan truculento como éste no da para muchas sutilezas. Por lo
pronto, es natural que la aparición imprevista de una “nueva doctrina” de
seguridad haya motivado la preocupación no sólo de los ya desprestigiados
“garantistas” sino también de quienes temen que a la Argentina le aguarde un
destino similar al presente sanguinario de países como México, Venezuela, El
Salvador y Honduras, además de amplias zonas del Brasil.
Créase o no, en comparación con tales campos de batalla en
que se libran guerras civiles larvadas, la Argentina sigue siendo un país
llamativamente tranquilo. Las cifras son elocuentes. En México, la tasa más
reciente de homicidio por año por cada 100.000 habitantes es de 16,53, en
Venezuela es 58,1, en El Salvador es 41,2 y en Honduras 63,8, mientras que en
Brasil es 26,4. Para la Argentina, aún es 6,0, o sea, es mayor que en países
más desarrollados pero todavía dista de alcanzar los niveles catastróficos de
buena parte del resto de América latina. ¿Es que los policías mexicanos,
venezolanos, salvadoreños, hondureños y brasileños se destacan por su ternura?
Claro que no. En comparación con ellos, hombres como Chocobar son dechados de
bondad, pero a juzgar por su ejemplo la dureza despiadada es contraproducente.
Al asumir una postura excesivamente combativa frente al crimen, Macri les hizo
un favor a los proclives a explicarnos que los delincuentes merecen más
simpatía que sus víctimas porque la sociedad argentina es estructuralmente
injusta, hay mucha pobreza y la propaganda comercial incesante los hace querer
poseer zapatillas de marca y adminículos electrónicos. En comparación, tales
planteos parecen más ecuánimes. No lo son; antes bien, reflejan la voluntad de
impulsar un programa político que es incompatible con los intereses del grueso
de la población del país. De tomarse al pie de la letra la retórica garantista,
tendremos que resignarnos a ser robados o asesinados hasta que la Argentina sea
un calco de Suecia antes de que la transformara la llegada de millones de
inmigrantes oriundos de lugares menos pacíficos, lo que, huelga decirlo, dista
de ser una propuesta atractiva, ya que la posibilidad de que en los años
próximos se produzca un cambio tan drástico es muy pero muy escasa. El desafío
ante la clase política es encontrar la forma de impedir que la delincuencia se
haga cada vez más feroz sin adoptar esquemas represivos de eficacia dudosa. El
“gatillo fácil” no es una respuesta, pero tampoco lo es el permisivismo
predicado por quienes atribuyen la culpa de todo a la sociedad tal y como es y,
mal que bien, como en términos generales seguirá siendo.
No es fácil averiguar el grado en que los distintos
discursos politizados inciden en la conducta de personas por lo común marginadas,
pero sorprendería que resultara innocua la insinuación de que tienen derecho a
vengarse de una sociedad que los repudia. Asimismo, si en las semanas venideras
más policías hagan gala de su “heroísmo”, sería legítimo atribuirlo al
entusiasmo manifiesto de Macri y Bullrich por los ajusticiamientos sumarios sin
intervención judicial, ya que, como afirmó la ministra, no les interesa lo que
hagan los jueces.
Demás está decir que Macri no es el único que sospecha que
la Justicia se ha visto infiltrada por ideólogos garantistas que, por motivos
siniestros, apoyan a los delincuentes en la guerra despiadada que están
librando contra la gente honesta. Muchos, tal vez una mayoría, se sienten
agredidos por la costumbre de ciertos magistrados de liberar a sujetos
peligrosísimos que, después de salir por la puerta giratoria de una cárcel,
aprovechan la primera oportunidad para reincidir robando, violando o
asesinando. Se supone que el juez porteño, Enrique Velázquez, el que procesó y
embargó por 400.000 pesos a Chocobar por su presunta falta de profesionalismo,
forma parte de dicha cofradía. Aun cuando exageren los molestos por la actitud
de jueces que brindan la impresión de anteponer el bienestar de los criminales
a la seguridad ciudadana, no cabe duda de que la brecha que se ha abierto entre
la Justicia y el resto de la ciudadanía ha contribuido a la sensación difundida
de que la Argentina está deslizándose hacia una situación de virtual anarquía.
Fue para hacer pensar que está resuelto hacer cuanto le parezca necesario para
frenar dicha tendencia que Macri se solidarizó de manera tan inequívoca con
Chocobar, mostrándose así como un paladín de la ley y el orden. Como le habrá
asegurado Jaime Durán Barba, se trata de un papel que podría granjearle el
apoyo de sectores muy amplios en el conurbano bonaerense ya que aquí, como en
todos los países del mundo, los más castigados por la violencia delictiva son
los más pobres que a menudo se sienten abandonados a su suerte por los
progresistas de clase media que dicen ser sus amigos.
Con todo, si bien es de suponer que una política mucho más
severa hacia todas las variantes del crimen contaría con la aprobación
mayoritaria, cualquier ofensiva, aun cuando sea un tanto más sofisticada que la
propuesta por los partidarios del “gatillo fácil”, acarrearía una multitud de
problemas. Para comenzar, sería preciso construir muchas cárceles nuevas, lo
que supondría expandir los servicios penitenciarios a un costo que el país no
está en condiciones de soportar. Puede que haya alternativas intermedias entre
la reclusión permanente y el dejar sueltos a sujetos peligrosos, pero los
ensayados –brazaletes electrónicos para los culpables de crímenes considerados
menores y así por el estilo – no siempre funcionan como deberían. Asimismo, es
notorio que los resultados de los esfuerzos por reciclar a los presos para que
en adelante sean ciudadanos confiables hayan sido decepcionantes; como dicen
los escépticos, con frecuencia las cárceles se asemejan a universidades del
crimen.
Hasta en las sociedades más igualitarias y respetuosas de la
ley hay delincuentes profesionales, sobre todo los vinculados con el negocio
asombrosamente lucrativo de la droga, pero aquí lo más alarmante no es la
actividad de tales especialistas sino la proliferación de jóvenes que asesinan
sin remordimiento y, en ocasiones, sin causa, que matan por matar. Puesto que
algo muy similar está ocurriendo en la comunidad negra de Estados Unidos y en
los barrios de muchas ciudades europeas, parecería que se trata de un fenómeno
cultural imputable al tribalismo regresivo de personas que no encuentran un
lugar a su juicio apropiado en la sociedad en que viven y que optan por un
proyecto de vida que, en muchos casos, resulta ser suicida. Productos de
sistemas educativos que, por los motivos que fueran, no les enseñan nada
positivo, se saben sin futuro en un mundo que está haciéndose más exigente por
momentos. Puede que andando el tiempo algunos logren cambiar, pero para que la
mayoría lo haga, sería necesario que se abra más puertas.
En el pasado, la tan despreciada colimba brindó, entre otras
cosas, a generaciones de jóvenes oportunidades para familiarizarse con personas
de origen distinto, obligándolos a convivir con quienes de otro modo nunca
conocerían, además de verse constreñidas a adaptarse a valores que les eran ajenos.
Sin embargo, cuando algunos, como en su momento Sergio Massa, sugieren que “una
especie de servicio militar” podría ayudar a desviar a muchos jóvenes de un
camino que podría llevarlos a una muerte prematura o, peor aún, significar la
muerte de víctimas de la rabia rencorosa que sienten, aunque sólo fuera al
mantenerlos ocupados durante un par de años, la idea no motivó mucho interés.
Se entiende, a más de cuarenta años de la guerra sucia todo lo militar sigue
levantando ampollas entre los biempensantes, pero puesto que Macri y miembros
de su gobierno como Bullrich y Marcos Peña creen que ha llegado la hora de que
la sociedad por fin supere el trauma dejado por la forma en que la dictadura
combatió el terrorismo mesiánico, no extrañaría que decidieran tratar de
movilizar a la juventud vulnerable con el propósito de reducir el riesgo de que
sus integrantes caigan en la tentación planteada por la violencia antisocial.
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