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| Por Gustavo González |
Otorgar 0% de aumento a ministros y secretarios que ya trabajan por
salarios que son la mitad de lo que ganarían en la actividad privada, implica
bajarles el sueldo un 15 o un 20% a fin de año, según la inflación que resulte.
Y encierra el peligro a mediano plazo de que para ser funcionario se deba ser
rico, poseer un alto espíritu republicano o la esperanza de robar sin ser
descubierto.
En el corto plazo, en cambio, se entiende como un gesto en línea con lo
que hace dos semanas se decía en esta columna (“Obligados a sobreactuar transparencia”). Lo
mismo que echar a familiares de funcionarios, aunque, en algunos casos, tengan
más trayectoria que los propios ministros.
Recuperar el relato. El macrismo llegó al poder con una carta ganadora:
el match “pasado vs. futuro”, que le sirvió para triunfar en 2015. Desde
entonces intentó jugar una segunda carta fuerte: la recuperación económica,
constatación material de que el futuro en efecto sería mejor. A mediados de
2017, algunos de los pronosticados brotes verdes al fin empezaron a dar frutos.
Las elecciones de octubre pasado se ganaron así, con la carta
del “pasado vs. futuro” en una mano y con el “empezamos a crecer” en la otra.
Pero tras semanas de festejo, la sociedad fue a las ventanillas de la Rosada a
cobrar por su renovado apoyo. Cobraron, pero con aumentos de tarifas y
servicios, más una controvertida reforma jubilatoria.
Las medidas podían ser sanadoras en el largo plazo para cuentas públicas
pobres, pero en el corto plazo se las sintió como un simple ajuste.
Para que funcionen, los relatos tienen que ser por lo menos
verosímiles. El relato kirchnerista hablaba de crecimiento, consumo y
preocupación por los derechos humanos. Eso no era exactamente así, pero algo de
eso hubo. Durante años alcanzó para que el relato K pasara de verosímil a real para
una mayoría.
El relato M es anticorrupción, racionalidad económica, apertura al mundo
y meritocracia. Pero es su cruzada por la transparencia por lo que se quiere
distinguir. Y sobreactúa para explicitar el objetivo, en especial frente a
noticias que contradicen ese relato. En eso está hoy.
Junto a la baja de sueldos y al despido de familiares, Macri
anunció la quita del 25% de los cargos políticos, un ahorro de $ 1.500
millones al año. En las próximas semanas profundizará esa línea con una
consulta pública para reformar la Ley de Etica y una ley para subir penas a
corruptos, que llegarían a 12 años en el caso del Presidente y ministros.
Es cierto que, de ir a fondo, reforzaría la idea de que es un gobierno
atípico. Su desafío es demostrar que de verdad lo es en cuanto a la
transparencia.
Quintana vs. Ibarra. Los técnicos que se abocaron a la reducción
de cargos políticos dependen de Mario
Quintana, pero trabajan en el Estado desde hace años, algunos desde
los 70. Ahora que ya terminaron con esta primera fase de ajustes, entienden que
fue un error haber aceptado la estrategia del ministro de Modernización, Andrés
Ibarra, que dejó supeditado a cada ministerio un plan de reducción
de costos. La posición inicial de Quintana era cortar por lo sano: eliminar
del escalafón una o dos líneas completas (directores y
subsecretarios). Según tal visión, esos puestos se cubren mayormente con
“posiciones políticas, con poco aporte de conocimiento técnico”. De haberse
avanzado en esa línea, el ajuste hubiera sido muy superior.
Lo que sucedió en cambio fueron dos meses de negociaciones, ministerio
por ministerio, en las que el denominador común fue la resistencia a ajustar
costos. El resultado final no está listo, pero rondaría un recorte de mil
cargos políticos, que incluiría también numerosas recategorizaciones con baja
salarial.
Pero los técnicos del Estado que trabajaron junto al Boston Consulting
Group plantean dudas sobre la profundidad de las medidas. Juran haber
escuchado, por ejemplo, que en algunas de esas negociaciones se sugirió que las
reducciones salariales provocadas por una recategorización serían compensadas
con dinero de las “unidades retributivas” (UR) que posee cada ministerio.
También se preguntan si esas mil personas que se irían no serán compensadas
luego a través de “contratos de locación de servicios” o mediante el pago de
esas UR. Su olfato les dice que eso es probable.
Por lo pronto, el área presidencial no hizo ningún ajuste en esta
primera etapa. De hecho, el pedido de UR en ese sector pasó de 59 mil a 72 mil
unidades. En pesos, el nuevo presupuesto en ese sector sube a 36 millones, un
22% más. Presidencia-Secretaría General mantendría, además, la dotación de
cargos extra escalafonarios (EE, en la jerga burocrática), son unos cien
asesores que tienen sueldos equivalentes a secretarios y subsecretarios.
Estos cargos EE existieron siempre y son una forma de disimular la
ampliación de las designaciones políticas en cargos formales. Durante los
últimos siete años del kirchnerismo, su número se triplicó. Y durante los
primeros dos años de macrismo, casi se duplicó (ver gráfico superior).
Internamente, el Gobierno ya avisó que estos 561 asesores que
componen la planta extra escalafonaria, serán dados de baja, salvo
excepciones y sin que todavía se sepa qué pasará con los de Presidencia.
El viernes, en el Gobierno desmentían que detrás de los anuncios se
escondieran artilugios para no bajar la carga política. Afirmaban, por el
contrario, que el recorte sería cercano al 30%. Aunque el esfuerzo no sería
igual para todos. Algunas áreas de Jefatura de Gabinete superarán lejos ese
porcentaje. Otras, como Hacienda, Finanzas y Salud, estarán debajo del 20%.
Gonzalo Diéguez es director de Políticas Públicas del Cippec, la
institución que estudia el estado del Estado: “El diagnóstico de Cambiemos
sobre la administración pública es correcto, en cuanto a su
sobredimensionamiento y escasez de capacidades, pero hasta ahora los
intentos para solucionarlo no lograron romper con la inercia de un
Estado con anabólicos.”
Diéguez critica el incremento en la cantidad de ministerios, que hoy son
22 tras la unificación de Modernización con Comunicaciones y eran 18 con
Cristina (ver gráfico inferior), y que “no se vio acompañado por llamados
a concurso para cubrir el 97% de los cargos de alta dirección. El único
llamado a concurso que se hizo para cubrir 300 cargos fue el año pasado y aún
no avanza”. Su otra observación es la proliferación de cargos extra
escalafonarios, que son de carácter transitorio y político.
Cippec estima que el número total de cargos políticos es de 3.300.
Diéguez considera que si el ajuste prometido se llegara a cumplir, “recién se
volvería a la estructura que había cuando Macri asumió”. En el Gobierno lo
confirman.
Verosimilitud y realidad. Aquellos brotes que empezaron a prosperar en
la segunda mitad de 2017, tuvieron una desaceleración desde diciembre. Justo
cuando llegaron las malas noticias de aumentos tarifarios y de servicios, más
la reforma jubilatoria. Una consultora cercana al oficialismo, Elypsis,
finalizó un estudio que marca una caída de la aprobación del Gobierno
del 53 al 39%, de octubre a enero.
Mientras que el macrismo espera que la parte económica de su relato, el
“empezamos a crecer”, se apuntale de la mano de una baja de la inflación; reactiva
por las dudas el relato del futuro transparente vs. el pasado corrupto.
Este relato no depende tanto de variables financieras, inversiones y
expectativas de consumo, sino de su determinación para denunciar por un lado y
actuar por el otro. Es la veta que mejor maneja el macrismo y la que más
resultados le dio.
Mientras una mayoría social vea coherencia entre lo que se dice y lo que
se hace, el mecanismo de la recompensa electoral seguirá funcionando.
Porque con los relatos verosímiles se puede convencer a muchos cierto
tiempo. Pero son los relatos reales los que logran convencer a la mayoría por
años.
© Perfil.com
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