Por Fernando Laborda
La pregunta del millón que circula en estos días
entre dirigentes políticos y empresarios es si el gobierno de Mauricio Macri y
la Justicia irán a fondo contra el clan Moyano. Hasta dónde llegará el mani
pulite sindical en la Argentina es un interrogante que arroja variadas
respuestas, pero lo cierto es que, en más de tres décadas de democracia, nunca
hubo tantos gremialistas presos o investigados.
El Gobierno le ha declarado la guerra al Estado que
obstruye con el fin de reducir el costo argentino y facilitar inversiones,
según afirmaciones de sus propios funcionarios. Macri es consciente de que,
además de las enormes trabas burocráticas y papeleos que hasta hoy son
necesarios para crear empresas o llevar a cabo un negocio legal, existen
obstáculos que generan gremialistas que han vivido en todos estos años de
privilegios corporativos y de la extorsión a las empresas. Por eso, el
Presidente festejó en septiembre de 2016 cuando le informaron la detención de
Omar "Caballo" Suárez, acusado de liderar una asociación ilícita,
extorsionar a empresarios navieros y realizar fraudes millonarios contra su
propio gremio marítimo.
Suárez fue apenas la punta de un gigantesco
iceberg, del que se desprendieron más tarde dirigentes como Juan Manuel
"Pata" Medina, Marcelo Balcedo y, desde ayer, la cúpula de la Unión
Obrera de la Construcción de Bahía Blanca. Pesan denuncias contra otros
gremialistas, como Víctor Santa María, líder del gremio de encargados de
edificios, y Carlos Quintana, de la UPCN bonaerense. Pero se sabe que el pez
más gordo es Hugo Moyano.
Alrededor del sindicato camionero no faltan
denuncias por aprietes, empresas allegadas a familiares del líder sindical y
armadas para prestar con exclusividad servicios millonarios al gremio y la obra
social sindical, investigaciones por irregularidades en la administración de
recursos y negocios con barrabravas. Un cóctel que en un país normal sería
explosivo.
Las dudas pasan, por un lado, por las relaciones
que unen a no pocos hombres de la política y del propio oficialismo con Moyano.
En segundo lugar, por la posibilidad de que el Gobierno esté aplicando la misma
estrategia a la que acostumbra recurrir el sindicalismo argentino: apretar para
negociar. ¿Podría ser la ofensiva contra determinados jefes gremiales una
simple presión para que aprueben una reforma laboral y garanticen la paz
social? ¿Irán en el mismo camino las iniciativas oficiales para que los
titulares de las obras sociales hagan públicas sus declaraciones patrimoniales
y para poner límites a la reelección indefinida en los gremios? Por si todo eso
fuera en serio, Luis Barrionuevo lanzó una advertencia, que algunos
interpretaron como un aviso mafioso y otros como parte del juego político: "Dejen
de pisarle la cola al león".
© La Nación
0 comments :
Publicar un comentario