Por
Fernando Laborda
Jaime Durán Barba aprendió que la sociedad había
cambiado hace algunos años, cuando quiso hacer reír a un niño de siete años con
un chiste y, en lugar de arrancarle una sonrisa, recibió un reproche:
"¿Sabes qué significa un negro en la nieve? Un blanco perfecto".
El
sociólogo ecuatoriano que asesora a Mauricio Macri también recuerda que, en su
infancia, era habitual que los chicos fueran al parque con resorteras para
hostigar a los pajaritos, algo que hoy sería impensable. El cambio de valores
pudo apreciarse recientemente, cuando el cantante Cacho Castaña, al referirse
durante una entrevista televisiva al acoso sexual, lanzó una desafortunada
recomendación a las mujeres: "Si la violación es inevitable, relájate y
goza". El rechazo generalizado por parte de mucha gente que veinte años
atrás probablemente no se hubiera inmutado ante esa frase da cuenta de aquel
cambio. Hoy la sociedad soporta muchas menos cosas y no solo gracias a las
nuevas tecnologías, capaces de viralizar un dicho en cuestión de segundos. El
mensaje vale para gremialistas como Luis Barrionuevo, quien afirmó que
"tanto Alfonsín como De la Rúa atacaron a los sindicalistas y no
terminaron su mandato", y para el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl
Zaffaroni, quien expresó su deseo de que "este Gobierno se fuera lo antes
posible porque así hace menos daño". Pero también, para el ministro de
Trabajo, Jorge Triaca, quien terminó envuelto en un escándalo a partir de la
infeliz y grosera expresión -por la que luego pidió disculpas- dirigida a una
empleada doméstica, a quien además habría hecho designar en la intervención del
Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) con la aparente finalidad de mejorarle su
ingreso.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que lo
que hizo Triaca "está mal", sugirió que su casera no debió haber sido
nombrada en el sindicato intervenido y subrayó que el gobierno de Macri ha
elevado la vara y hay que estar a esa altura. El resultado lógico de las tres
premisas mencionadas por el jefe de ministros debió haber sido la separación
del titular de la cartera laboral. Sin embargo, el ministro fue ratificado en
su cargo, en función de la "excelente" tarea que, a juicio de Peña,
viene desempeñando y de su capacidad como interlocutor ante dirigentes
gremiales que, en muchos casos, conoce desde que era un niño y su padre
dirigente del Sindicato del Plástico y ministro de Trabajo de Carlos Menem.
No es improbable que, más adelante, si el
presidente Macri percibe que la vulnerabilidad de Triaca se acrecienta y se
torna evidente de cara a complejas negociaciones con el sindicalismo, se vea
forzado a sacrificar a su ministro.
Varias son las características que, según
observadores del oficialismo, definen la identidad del gobierno de Cambiemos.
Una de ellas es la creencia de que esta administración debe ser muy diferente
de las anteriores, objetivo al que ayudan las intervenciones públicas de
Cristina Kirchner y de los exfuncionarios de su gestión. Otro rasgo es la lucha
contra toda clase de mafias. Cualquier retroceso en esos lineamientos afectaría
la identidad de la coalición gobernante y su nivel de adhesión.
Los recientes cuestionamientos del sindicalismo
-sector que, desde hace años, figura en los últimos puestos de cualquier
ranking de imagen- no desesperan al macrismo, en tanto lo ayudan a perfilar su
identidad, tanto como los enfrentamientos con desgastados representantes del
kirchnerismo. Las obscenas imágenes de montañas de dólares o de arsenales de
armas encontrados en la suntuosa residencia de algún dirigente gremial, como
Marcelo Balcedo, también fortalecen al Gobierno.
Pero una cosa es que la opinión pública acompañe la
ofensiva para desenmascarar a los gremialistas corruptos y otra muy distinta es
que apoye la idea de los funcionarios de limitar las negociaciones salariales a
aumentos del 15% anual. Precisamente, porque el incumplimiento de las metas
inflacionarias en 2016 y 2017 ha hecho ceder la confianza en el Gobierno. Un
veterano asesor de empresas apuesta a que, cuando se abran las paritarias, la
mayoría de los gremios pedirá un aumento del 25%, para asegurarse un 20% o bien
una cifra en torno del 18% con cláusula gatillo de ajuste para el caso de que
la inflación supere ese porcentaje.
No hay duda de que la violencia de diciembre a
partir de la reforma previsional afectó al Gobierno. Algunos números son
claros:
·
Entre 7 y 13,5 puntos cayó la imagen de gestión del Gobierno según las
diferentes encuestas.
·
El 42,6% cree que la situación económica será peor dentro de un año y
solo el 29,7% estima que será mejor, según un sondeo de la consultora Synopsis
concluido el 7 de enero entre 1527 personas en el orden nacional.
·
15,5 puntos cayó en el último mes el Índice de Confianza del Consumidor
de la Universidad Torcutao Di Tella.
Resta saber si estos indicadores son coyunturales o
estructurales. El consuelo para el oficialismo es que por ahora nadie en la
oposición capitaliza esa caída.
El objetivo de una reforma laboral desdoblada ha
quedado postergado para abril y tanto para este propósito como para mitigar la
conflictividad, el Gobierno apuesta a la división del sindicalismo. Héctor
Daer, el triunviro de la CGT ausente en el cónclave de Mar del Plata que
encabezaron Barrionuevo y Hugo Moyano, podría convertirse en un puente de plata
para una negociación.
La gran pregunta, sin embargo, sigue pasando por el
futuro judicial del clan Moyano y hasta dónde llegará el Gobierno con su
ofensiva.
Hay quienes quieren ver en Moyano semejanzas con
Jimmy Hoffa, recordado líder del gremio camionero en los Estados Unidos que,
allá por los años 50, fue acusado de emplear a miembros de la mafia para
intimidar a empresarios reacios a negociar con su sindicato. En 1964, Hoffa fue
encarcelado por sobornar a un jurado y estuvo en prisión hasta 1971, cuando el
presidente Richard Nixon le conmutó la pena. Cuatro años después, Hoffa
desapareció en un suburbio de Detroit, luego de ser citado a un encuentro con
dos líderes mafiosos. Su cuerpo nunca fue hallado.
Algunos casos de sindicalistas argentinos en
problemas judiciales hacen recordar más a Joaquín Hernández Galicia, conocido
como La Quina, líder del sindicato de trabajadores petroleros de México, quien
en cuatro décadas al frente de su gremio amasó una descomunal fortuna. Su poder
económico residía en que el sindicato recibía de la petrolera estatal Pemex el
2% sobre el monto total de las obras y servicios de la compañía. Además, el
gremio podía subcontratar las obras que Pemex le encargaba y sus contratistas
eran obligados a reconocerle un 35% del monto de los contratos a La Quina, sin
documentos ni constancias. En 1989, luego de que muchos gobernantes miraran
para otro lado, el presidente Carlos Salinas de Gortari impulsó un operativo
recordado como "El Quinazo" y La Quina fue condenado a 30 años de
prisión, acusado de almacenamiento de armas militares, introducción ilegal de
aeronaves, evasión fiscal y asesinato.
A juzgar por las últimas declaraciones de Marcos
Peña, quien recordó que desde hace muchos años, cuando Macri gobernaba la
ciudad de Buenos Aires, "convivimos y negociamos con Moyano",
faltaría bastante para que el Presidente pierda la paciencia con el líder
camionero. El Gobierno sabe que puede mantenerlo a raya gracias a sus archivos
negros. El interrogante es si el Gobierno está dispuesto a avanzar a fondo
contra ciertos poderes mafiosos o si se conforma con controlarlos.
© La Nación
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