Por Micaela Pérez
"Parece destinado a prescindir del Congreso",
bramó la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer. "Es una ley ómnibus en
donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino", puso el grito
en el cielo el diputado ultra K, Agustín Rossi. "Si el Presidente sigue
insistiendo con mega decretos profundiza la grieta", advirtió Diego
Bossio, referente del Bloque Federal de la Cámara baja que responde a los
gobernadores peronistas.
Así, con quejas altisonantes y hasta presentaciones y
denuncias en la Justicia, el arco opositor en pleno reaccionó al megadecreto
"desburocratizador" de Mauricio Macri que derogó de un plumazo 19
leyes y modificó otras 140 levantando la temperatura política del ya tórrido
verano porteño.
El polémico DNU que busca reducir la burocracia estatal,
acotar costos y simplificar trámites en el marco del plan del PEN para achicar
el gasto público anticipa la nueva postura que parece imponerse en la Casa
Rosada luego de un diciembre caliente donde el Gobierno pagó caro ante la
opinión pública el costo de conseguir la aprobación en el Congreso de la
polémica reforma previsional: una caída de 10 puntos en la imagen de Mauricio
Macri que, tras los aumentos de tarifas y el affaire Triaca, amenaza aún con
profundizarse.
Lo cierto es que amén de los pataleos de la oposición, está
claro que el tiempo de las leyes en las que el Ejecutivo le imprimía dramatismo
al debate parlamentario y se "jugaba" el todo por el todo en la
aplicación de su agenda de reformas está llegando a su fin. Los últimos
movimientos oficiales parecen indicar que ya no habrá leyes clave que deban
atravesar esa instancia, un giro rotundo en la estrategia dialoguista y
negociadora que acompañó los primeros dos años de Macri en el poder y fue,
además, una de sus cartas de presentación más fuertes a la hora de
diferenciarse del kirchnerismo.
La suspensión de las extraordinarias convocadas inicialmente
para el mes de febrero, el congelamiento de la reforma laboral (y su posible
fragmentación), así como el decreto que anuló la paritaria docente y la
designación de embajadores en comisión, sin acuerdo en el Senado, confirman
este cambio de estrategia: "El Gobierno se está tirando a gobernar por
decreto", resume el analista político Rosendo Fraga.
Para el director del Centro de Estudios Unión para la Nueva
Mayoría, "el Poder Ejecutivo va a evitar iniciativas que generen costos o
conflictos relevantes. De acuerdo a las circunstancias y sus necesidades,
recurrirá a decretos, pero siempre evitando generar nuevos conflictos".
Consultado por 3Días,
el sociólogo Marcos Novaro coincide, con algunos matices: "La Casa Rosada
está adelantando que si los legisladores no le aprueban los proyectos, puede
recurrir al DNU. Así, abre la puerta para mejorar su situación en la
negociación con el peronismo, que viene complicada", dice.
"Todo hace pensar que la voluntad del Gobierno es
mostrar que es capaz de ejercer los poderes presidenciales a pleno y prescindir
del apoyo de los gobernadores, es decir, hace una demostración de fuerza frente
a sus socios de gobernabilidad que, en esta etapa decretista, será monopolizada
por el Ejecutivo", evalúa en esa línea el politólogo Julio Burdman.
En efecto; el cambio en la táctica oficial para imponer sus
políticas de verificarse en los sucesivo- dejaría en un segundo plano el papel
del Bloque Federal, el peronismo dialoguista que responde a los gobernadores
del PJ y que expresan las bancadas que conduce Miguel Pichetto en el Senado y
el salteño Pablo Kosiner en Diputados.
Para Novaro, "el Gobierno va a dosificar los decretos
en función de mantener la iniciativa y la autoridad frente a los negociadores
de la oposición que pueden tratar de elevar su precio, Pichetto y los
gobernadores Ahí sí va a apelar a los DNU". Y agrega: "Diría que si
el Gobierno enfrenta situaciones de bloqueo, usará instrumentos para
desbloquear, o sea, palos, como los DNU, y zanahorias, pero no creo que los
administre a mansalva, porque sabe que la eficacia de los palos consiste en
acompañarlos de zanahorias", grafica.
A diferencia de Fraga, sin embrago, que cree que el Gobierno
abandonó con este giro político la idea del "reformismo permanente"
que blandió con fuerza tras la buena cosecha en la elección de octubre, Novaro
opina que el Ejecutivo "entiende perfectamente que el mal(léase, ajuste),
lo tiene que hacer este año", porque en 2019 habrá que ir nuevamente a las
urnas. "Va a ser un año duro, va a venir con malas noticias, y la
negociación paritaria va a ser compleja. Ahora, mientras el crecimiento económico
acompañe aunque sea tibiamente, las cosas se van a acomodar", avizora.
Con todo, los planes del oficialismo podrían verse alterados
y recibir un duro golpe si la oposición en el Congreso como ya se insinúa-
intenta bloquearle los decretos de necesidad y urgencia a los que apele para
imponer sus políticas de gobierno. Por lo pronto, ya se especula con que apenas
se reanuden las sesiones ordinarias, el massismo, el peronismo dialoguista y
los K buscarán juntar los votos necesarios para dejar sin efecto el DNU
"desburocratizador", aunque no la tendrán fácil. El oficialismo tiene
el Control de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Trámite Parlamentario,
cuyo dictamen es necesario para que el Congreso trate la aprobación de los DNU.
Y para anular un decreto de necesidad y urgencia se requiere el rechazo por
mayoría simple de las dos cámaras.
Si bien el cambio de estrategia oficial apunta a evitar los
sobresaltos políticos que sufrió en diciembre pasado con el tratamiento de la
reforma jubilatoria, que le produjo, además, una fuerte pérdida de imagen ante
la opinión pública, Macri también sabe que la oposición no se quedará de brazos
cruzados. El nuevo escenario también podría darle un envión al peronismo para
avanzar con su demorado y arduo proceso de unificación, dice Fraga, al tiempo
que endurecerá la postura de los movimientos sociales y los sindicatos.
Precisamente, la cruzada oficial contra los gremios será clave. "Más allá
de que la gente tiene mala opinión de ellos y respalda al Gobierno en el corto
plazo, en el mediano y largo puede ser señal de ingobernabilidad", alerta
Mariel Fornoni, directora de Management & Fit.
En términos de imagen ante la sociedad, el uso -y abuso- de
los DNU también conlleva riesgos. Aunque Burdman considera que la imagen de
"autoritarismo" de los gobiernos está más vinculada a aspectos no
tanto institucionales o de división de poderes sino más bien de "represión
policial y estilo de comunicación", sí ponen en alerta a un sector puntual
de la opinión pública.
De hecho, esta misma semana, un grupo de intelectuales
enrolados en el Club Político Argentino, un colectivo que mantiene un apoyo
crítico hacia la administración Cambiemos, dio a conocer un duro
pronunciamiento en el que, sin aludir directamente a los decretos de necesidad
y urgencia, sí instó al Gobierno a "mejorar la calidad institucional y
hacer un esfuerzo más decidido por respetar y hacer respetar la ley".
La oposición, por su parte, leyó directamente como un
atropello institucional al último DNU de Macri, y las comparaciones con Carlos
Menem -quien batió todos los récords a la hora de eludir el debate
parlamentario apelando al decreto- no se hicieron esperar.
Claro que Macri lleva apenas dos años de gestión y, si de
estadísticas se trata, está lejos por ahora de alcanzar al riojano en esta
materia. Lleva más de una treintena firmados, mientras que Carlos Menem firmó
574 DNU durante sus dos gobiernos. Le siguieron Néstor Kirchner, con 270;
Eduardo Duhalde, con 158; Fernando De La Rúa, con 73 y Raúl Alfonsín, con 10.
Cristina Kirchner firmó durante sus ocho años de gestión 76 DNU... pero no los
necesitaba: en aquella época las iniciativas del PEN se votaban a libro cerrado
sin posibilidad alguna de debate. Eran los tiempos en que el Congreso
funcionaba como una escribanía. Habrá que ver qué es lo que viene en esta
segunda etapa de Macri en el poder.
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