¿Qué clase de privilegios amparan a los políticos?

Por Pablo Mendelevich

El Senado de la Nación, al que por costumbre se le sigue adicionando el calificativo de honorable, cuenta ahora con dos ex presidentes procesados por la Justicia y con prisión preventiva.

Desde el sentido común es absurdo -y por cierto irritante- que se haya llegado a esto. A Cristina Kirchner, con tres procesamientos, se le permitió jurar la semana pasada como senadora por la provincia de Buenos Aires. 

Ayer, sin embargo, no se la dejó acceder a la cámara para jurar como diputada a una candidata de Cambiemos, Joana Picetti, de quien se sospecha que pudo haber cometido abusos con sus propios hijos, lo cual no fue probado judicialmente. Los mecanismos preventivos fueron eficaces -y oportunos- en el caso de Picetti, pero eso no se debió al tipo de delito que, según se presume, ella cometió, sino a que quienes activaron esos mecanismos fueron los propios pares, que no querían tener sentada al lado a una mujer con semejante sospecha. Justo lo contrario de lo que sucede con los ex presidentes peronistas. Los pares, allí, ofrecen una armadura de resonancias corporativas, a la que lustran cada día con nuevos argumentos jurídicos, políticos o, la mayoría de las veces, sin argumentar demasiado.

Hace años que el proverbial teflón innato de Menem fue renovado por el peronismo que alguna vez lo siguió a pies juntillas y luego se fue con otro líder, como es norma en el Movimiento. Ahora el país entero se pregunta si con Cristina Fernández, cuyo caso tiene hoy toda la importancia política que el de Menem perdió, será igual.

Hace pocas horas Guillermo Moreno, el otrora rudo secretario de Comercio, no pudo entrar al penal de Marcos Paz para visitar a Julio de Vido por tener una condena pendiente. Al Servicio Penitenciario le bastó ver el DNI del visitante. Moreno había sido condenado en octubre a dos meses y medio de prisión en suspenso por el delito de peculado. Con una condena bastante más grave encima, sin embargo, el senador Carlos Menem hace leyes para todos.

Para los ciudadanos comunes, a quienes generalmente les cuesta entender los vericuetos del poder, lo que estimula el descreimiento, todo es más riguroso. A ellos no se les permite acceder a empleos con problemas legales mucho menos importantes que un procesamiento por corrupción o por traición a la patria. ¿Qué clase de privilegios amparan a los políticos?

A un ex presidente procesado lo beneficia la duda. Mejor dicho, las dudas. Que son dos, antagónicas entre sí, aunque de aplicación enroscada. La primera es extremadamente legalista; consiste en aferrarse al principio de inocencia. Todos somos inocentes mientras no haya una condena. Este argumento, que subestima la honorabilidad, la ética, las reglas morales de la política, hasta la dignidad, ahora es remachado con la exigencia de que la condena tiene que estar firme. Lo curioso es que tan exquisito purismo aparece combinado con la descripción de un estado de derecho ilusorio, con jueces capaces de hacer cualquier cosa. Porque la segunda duda consiste en consagrar el planteo de que los jueces federales actúan en los casos altisonantes por designios políticos, no jurídicos. Es una interpretación contrainstitucional que se monta sobre una creencia popular extendida y abre la puerta para cualquier réplica política. Por ejemplo la de no entregar a un procesado, visto que el juez tiene saña.

El Senado, pues, que está bajo control peronista desde 1973 en forma ininterrumpida, cobija a dos ex presidentes peronistas, uno de los cuales acaba de ser reclamado formalmente para marchar preso. En manos de la cámara alta está la decisión de desaforar o no a Cristina Kirchner, quien hace poco había dicho al salir de una de sus comparecencias en Tribunales que ella no necesitaría de los fueros parlamentarios porque tiene los fueros del pueblo, que vaya uno a saber qué son.

Si el líder Miguel Pichetto impone su doctrina personal protectora, aquella que viene beneficiando a Menem, se dará la paradoja de que le brindará libertad a la senadora a la que acaba de ahuyentar del bloque que él conduce. No hay casi antecedentes de una división del peronismo senatorial como la que quedó planteada este miércoles, horas antes de que el juez Bonadío reclamara el desafuero de Cristina Kirchner para encarcelarla. Ella fue forzada a escindirse del bloque peronista, pero no formará un bloque unipersonal, como tuvo en otros tiempos, sino uno de mediana envergadura, con aproximadamente ocho miembros.

La paradoja de aislar al kirchnerismo y a la vez acorazarlo frente a la persecución penal (en una cultura sajona se diría la persecución de la ley) exhibiría un peronismo con códigos supralegales que renovaría la atmósfera del Senado aguantadero. Claro que hay más actores en escena, como el gobierno, los senadores de los otros partidos, los demás jueces que llevan causas de Cristina Kirchner y, por cierto, la sociedad. Una de las preguntas que se abren es si los senadores serán impermeables a la presión pública. Algo cambió: ahora el Senado tiene que responder a un pedido de desafuero de Cristina Kirchner y por acción u omisión eso obligará a todos a pronunciarse.

© La Nación