Por Gustavo González |
El miércoles hubo cena de fin de año de Adepa, la asociación
de diarios del país, a metros de la Casa Rosada. A pesar de que esa noche ya
habían ocurrido enfrentamientos en torno a lo que el día siguiente sería el
escandaloso tratamiento de la reforma jubilatoria, el clima era festivo. La
gobernadora Vidal, el jefe de Gabinete Marcos
Peña y la ministra Patricia
Bullrich departieron amablemente con los principales
representantes de la prensa nacional, entre ellos Perfil.
Se los notaba cómodos rodeados de muchos medios que privilegiaron el
foco de su mirada crítica sobre la gestión anterior y que no dejan de agradecer
el trato respetuoso que esta administración tiene con la prensa.
La opinión generalizada allí, en ese círculo rojo de periodistas,
empresarios y funcionarios y políticos de primera línea; era que se avecinaba
al día siguiente un triunfo legislativo que coronaría un año de éxito político
para el macrismo. Todos imaginaban que ese fin de semana (o sea, éste) las
tapas y portales de la mayoría de los medios reflejarían tal clima, en el marco
de uno de los fines de año más tranquilos de los últimos tiempos y con
expectativas económicas positivas para 2018.
Bueno… eso no sucedió.
Lo que sucedió es que la estructura policial del Estado careció de la
adecuada conducción política. O que la conducción política que tuvo responde a
conceptos que tienen mucho de conducción y ejecutividad y poco de política y
sensibilidad institucional.
Lo que sí sucedió es que desde el jueves pasado todos los medios,
incluso los más oficialistas, no dejan de mostrar imágenes de desmanes y
desmedida represión, que se reproducen en el mundo. Y que, tras los pasos de
comedia dramática en el Congreso, hoy se está hablando del primer gran fracaso
político del oficialismo después de muchos meses y cuando menos se lo esperaba.
Y sucedió que la misma Adepa que el miércoles celebraba, el viernes
emitió un comunicado de condena por el ataque de las fuerzas de seguridad a
periodistas, fotógrafos y camarógrafos.
Apunten a los fotógrafos. Marcelo Silvestro es uno de los dos
reporteros gráficos de Perfil agredidos (el otro es
Pablo Cuarterolo). El jueves, mientras era atendido en la guardia del Argerich
con 13 perdigones en sus piernas, comparaba lo que le pasó con 2001, aunque
aclara que en aquellas jornadas lo lastimaron más.
Su testimonio es fundamental para entender que quizás lo que pareció
fuera de control, no lo estaba tanto: “Hubo infiltrados y se los dejaba actuar.
La Policía reprimió a los que coreaban y a nosotros. Nos tiraban chorros de
agua cuando nos veían sacar fotos, lo mismo que a los grupos que protestaban
pacíficamente. En cambio, a los que tiraban piedras los dejaban actuar”.
Sigue Silvestro: “En un momento aparecen unas motos y policías, yo
levanto las manos con la cámara y me identifico como ‘Prensa’. La respuesta
fueron disparos, y ellos sabían bien quién era”.
Hubo otros fotógrafos heridos, como Germán Adrasti, de Clarín; y Pablo Piovano de Página/12.
Piovano recibió 12 perdigones en su tórax: “Me apuntaron y me dispararon desde
medio metro”. Tampoco ayudó que les mostrara su cámara en alto.
Las locas imágenes de esta semana dentro y fuera del Congreso sirvieron
también para que algunos ratificaran que Macri es la dictadura y otros que la
maldad K no descansa nunca.
El desafío con el que ambos deben lidiar son los hechos: un cerco de
presión política extrema sobre los legisladores, barrabravas dentro del recinto
y, afuera, grupos violentos que golpeaban, rompían y quemaban todo a su paso.
Y, además, las fuerzas del orden provocando desorden.
Es probable que con los documentos fotográficos obtenidos por PERFIL los
policías carguen con las culpas que tuvieron. Pero el problema de fondo no son
ellos. Ni siquiera la ministra Bullrich, candidata natural a chivo expiatorio.
Más allá de determinar por qué la Policía actuó como los testimonios aseguran
que lo hizo (difícil imaginar que el Gobierno haya sido mentor de la
provocación, porque es difícil entender cuál sería su conveniencia) el tema es
que parece haber algún hilo conductor entre este accionar policial y otros
enfrentamientos de los últimos tiempos, como el que terminó con la muerte del
mapuche Rafael Nahuel.
Vigilar a los que vigilan. Macri cree, con razón, que el país necesita
un cambio cultural para que las fuerzas del orden sean vistas como eso y no
como represores salvajes o cómplices de distinto tipos de delitos.
Pero ese cambio cultural debe incluir necesariamente a esas
instituciones, a cuyos miembros se debe premiar con capacitación, adecuadas
herramientas de trabajo y mejores remuneraciones. Acompañado de un mensaje
claro de que el Estado argentino jamás volverá a usarlas para el delito, y que
castigará con determinación a quienes actúen criminalmente.
Nuestra democracia está salpicada de ejemplos dolorosos, empezando por
el asesinato de José Luis Cabezas, el fotógrafo de esta editorial asesinado por
una patota integrada por policías en actividad. O los asesinatos de Kosteki y
Santillán y la habitual participación de integrantes de las fuerzas en delitos
comunes. Y no son eventos exóticos de un país atípico. Suceden a diario en las
naciones más desarrolladas.
Cuando Bullrich afirma que lo que dicen las fuerzas de Seguridad siempre
es “la verdad” o cuando en privado Macri se asombra de que los prefectos que
desalojaron a los mapuches en el sur hayan pedido autorización para usar armas
(“¡Esto no pasa en ningún lugar!, se quejó), no tienen en cuenta que la
historia y el presente de la Argentina y del mundo demuestra que los
uniformados suelen cometer errores, a veces gravísimos. De hecho, con una de
esas armas que asombran al Presidente se mató por la espalda a Nahuel, sin que
hasta ahora surgieran pruebas de que hayan sido usadas para repeler a otras
armas de fuego.
La sensibilidad de Macri. Las personas tendemos a buscar
justificaciones lógicas para lo que hacemos, lo que somos, lo que nos conviene,
lo que sentimos. Los Kirchner, que supuestamente privilegiaban el rol del
Estado, habían elegido privatizar el espacio público (en donde compiten con el
mismo nivel de autoridad el piquetero, el automovilista, el ladrón, el custodio
privado o el policía, y se impone la ley del más fuerte) para no resolver los
fantasmas de un pasado en el cual esas fuerzas fueron trágicas protagonistas.
Macri trae en sus genes los prejuicios contrarios, los del empresario
que teme que sus derechos, su libertad, sus bienes y su propia vida (como los
derechos, bienes, libertad y vida de otras personas), sean avasallados si no
mediara la autoridad y autonomía de las fuerzas del orden.
El kirchnerismo no supo encontrar una síntesis superadora entre el
pasado y la necesidad de seguridad que los países les deben a sus habitantes, y
que se entiende tanto en Cuba como en los Estados Unidos.
El macrismo debe vencer su impulso natural a extender cheques en blanco
a quienes portan armas cedidas por el Estado.
Y necesitará desarrollar una sensibilidad social y política con la que
Macri no nació, pero que tiene la obligación de cultivar, para que el poder de
policía que la sociedad a su vez le cedió a ese Estado, sea usado con
racionalidad.
© Perfil
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