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| Por Gustavo González |
Vayamos de lo más simple a lo más complejo, siguiendo el método de
Descartes. El kirchnerismo representó muchas cosas en la historia argentina,
una fue la corporización pornográfica de la corrupción a través de funcionarios
de tercera, segunda y primerísima línea. Similar a la del menemismo, sólo que el
latrocinio no estuvo centrado en torno a las privatizaciones sino a la obra
pública. Aunque hubo de todo.
Por eso, cualquier funcionario de peso que haya pasado por esas dos
administraciones peronistas (la de la Alianza tampoco estuvo exenta de
corrupción) después no puede mostrarse sorprendido. Cuando quienes ocuparon
cargos relevantes durante el kirchnerismo hoy dicen “yo no sabía”, en realidad
deberían decir “yo no quería saber”. A muchos medios les toca lo mismo. A una
parte importante de la sociedad también.
Porque el robo sucedía a la vista de todos. Lo evidenciaban los repentinos
enriquecimientos, lo sabían los empresarios que recibían presiones y en
especial los que pagaban las coimas, y lo sufrían las autoridades y los
políticos honestos que se lo contaban a los periodistas que querían escuchar.
Desde los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner las tapas de Noticias colgaban de
los kioscos con esa información. Dos años después se sumarían las de este
diario (la primera portada de Perfil llevó de
título: “El ex ministro de Justicia de Kirchner renunció para no firmar una
licitación con sobreprecios”. Ese ex ministro era el actual juez de la
Corte, Horacio Rosatti. El denunciado era el
actual preso Julio De Vido).
Sobreactuación. Sobreactuar también es actuar por lo que no se actuó antes,
exagerar para disimular culpas frente a los demás y frente a nuestra propia
conciencia.
La reciente auditoría realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad
de Buenos Aires sobre el trabajo de los jueces federales revela el alto nivel
de inacción de algunos durante esos gobiernos. Años de causas
cajoneadas, con denuncias fiscales y sin siquiera una persona citada a
indagatoria.
Todo eso es lo más simple, siempre estuvo claro y ahora lo reproducen
los medios y una mayoría lo da por cierto: hubo corrupción en el kirchnerismo
desde el día cero. Y hubo jueces que desde ese día miraron para otro
lado.
Vayamos a lo más complejo. El problema es cómo los jueces imparten ahora
justicia después de tanta lentitud manifiesta. El problema es cómo ese sector
social, que hoy es mayoría, pasó de criticar a quienes denunciaban al
kirchnerismo a dudar más tarde, y hoy, con la certeza de los conversos,
celebran ante cada nuevo encarcelado K con fervor deportivo.
Estamos inmersos en un vértigo parajudicial caricaturesco. De años en
que las causas que tenían como protagonistas a los jefes kirchneristas eran
sobreseídas en semanas se pasó a prisiones exprés para todos ellos. Es una “Justicia
Ferpecta”, una dislexia institucional, lo contrario de la perfección.
Si uno fuera mal pensado, se diría que los mismos jueces que llegaron a
sus cargos de la mano del peronismo hoy intentan devolverle una mano a ese
peronismo actuando al borde de la legalidad para que luego otros jueces anulen
lo actuado y los corruptos terminen convirtiéndose en víctimas y queden libres,
como héroes.
Esta mirada conspirativa es fantasiosa, porque las personas se dejan
guiar más por conveniencias coyunturales que por estrategias maquiavélicas.
Pero, en los hechos, es lo que podría suceder.
Temeridades jurídicas. Las detenciones de un kirchnerista clave como Zannini y
de personajes marginales de aquellos gobiernos se suman a las de otros ex
funcionarios que aún no recibieron condenas y, en algunos casos, ni siquiera
habían sido llamados a declarar.
Siguen la línea fijada el último 17 de octubre por la sala presidida por
Martín Irurzun: una persona debe ir presa aunque no esté condenada, ante el
riesgo de escapar o de interferir en una investigación. Los mismos referentes
judiciales del Gobierno califican a estas preventivas de “temeridad jurídica”.
De hecho, en el Ministerio de Justicia trabajan en un proyecto que
limite esa facultad para decidir sobre la libertad de las personas. La
intención es que los jueces deban exhibir pruebas concretas que demuestren
intenciones de fuga o acciones tendientes a ensuciar una causa.
La lógica usada por los magistrados de que gente que hoy está
lejos del poder pueda interferir en las causas y cuando eran los
dueños del poder, no (al menos nadie pedía su detención), despierta la sospecha
y preocupación del oficialismo: “El día de mañana, con más razón podrían
encarcelar a cualquiera de nosotros, ya que un funcionario en actividad, si
quisiera, tendría más posibilidades de interferir en la Justicia”.
Ejemplifican con el propio Presidente: siguiendo esta doctrina un juez podría haber
ordenado su detención cuando fue investigado por los Panamá
Papers (y meses después lo habría liberado al fallar que era
inocente).
La riesgosa discrecionalidad de los jueces para encarcelar a personas no
condenadas presenta un peligro adicional: si esa persona pasa dos o tres años
en prisión esperando el juicio, ¿esa situación no generaría una presión sobre
el tribunal que deba dictar la sentencia, sabiendo que declarándolo inocente
daría paso a un escándalo público y a un escarnio judicial?
En el caso de los últimos detenidos K se agrega una polémica más,
porque la figura de traición a la patria que usa Bonadio suele
estar referida al levantamiento armado contra un gobierno o a la colaboración
con un enemigo externo. El juez entiende que eso es lo que habrían hecho estos
detenidos, al catalogar a Irán como país agresor y a estas personas como sus
colaboradores.
Pero aun así surge la duda de si el memorándum de entendimiento
con Irán (que se proclamaba como “un principio de acuerdo para
investigar el ataque terrorista a la AMIA” y nunca se aplicó) fue un
controvertido acto de gobierno, que contó con aprobación legislativa (y que fue
denunciado por Perfil bajo la pluma
de Pepe Eliaschev), o fue un crimen que merece la prisión de todos los que
intervinieron, directa o indirectamente.
¿Espectáculo o Justicia? En riguroso off, un alto funcionario de
Justicia habla sin piedad sobre Bonadio: “Es una vendetta personal suya, no
tiene brújula, no habla con el Gobierno, no avisa nada y emputece el clima
político en el Congreso”. Jura que se enteraron de las prisiones por los
medios.
Desde el sector político oficial los desvela que la propia Cristina
termine presa. O es lo que dicen: “Puede tener consecuencias impredecibles.”
Piensan en 2019.
Desde el área económica aluden a ciertas preocupaciones de inversores
extranjeros. Es que a quien va a invertir su dinero le interesan reglas claras
y no pagar sobrecostos derivados de la corrupción. Aunque al mismo tiempo la
volatilidad de los jueces para acomodarse a los climas políticos y la liviandad
con la que se manejan las libertades de las personas, más que confianza les
infunden preocupación.
El espectáculo de la Justicia puede generar rating, beneficios
políticos, vendettas personales y exculpaciones colectivas.
Pero la Justicia es otra cosa.
© Perfil
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