Entre varios de los
candidatos a sucederla, figura el senador nacional por Salta, Rodolfo Urtubey.
Nacionales - La
procuradora general, Alejandra Gils Carbó, concluirá este 31 de diciembre su
mandato al hacerse efectiva la renuncia que había presentado a fines de
octubre, ante lo cual el Poder Ejecutivo analiza a los distintos candidatos a
sucederla y también busca modificar por ley al Ministerio Público Fiscal en el
Congreso.
Tras asumir su cargo en agosto de 2012, la jefa de los
fiscales -quien llegará al final de su cargo haciendo uso de una licencia-
debió afrontar una dura embestida de parte del Gobierno del presidente Mauricio
Macri.
"No tiene autoridad moral para ejercer el cargo de
Procuradora; no sólo es militante kirchnerista, sino que no ha impulsado la
lucha contra el delito, ni la lucha contra la corrupción porque ha dilatado
todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del Gobierno
anterior", supo afirmar el mandatario en una de las tantas críticas que
realizó hacia Gils Carbó, incluso desde antes de llegar a la Casa Rosada.
Un hecho clave para que la procuradora general decidiera correrse
de su cargo fue el procesamiento dictado en su contra por el juez federal
Julián Ercolini, en el marco de la causa que investiga la presunta comisión del
delito de administración fraudulenta por la supuesta compra irregular del
edificio de la sede central del organismo.
La resolución del magistrado fue tomada el 12 de octubre
pasado y 18 días más tarde, tras la contundente victoria de Cambiemos en las
elecciones legislativas, la jefa de los fiscales envió una carta al jefe de
Estado para presentarle su dimisión a partir de este domingo: "A esta
altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el
cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del
Ministerio Público Fiscal", justificó Gils Carbó en su misiva.
Al recibir la renuncia, el jefe de Gabinete, Marcos Peña,
aclaró que el Gobierno iba a "trabajar para que haya un profesional
reconocido por su trayectoria" en el puesto que actualmente ocupa de
manera interina Eduardo Casal, aunque subrayó que uno de los principales
aspectos que buscarán es que "no tenga militancia política".
"Hay muchos candidatos. Hay gente muy valiosa y la
decisión es del Presidente. En estos cargos que son de designación política lo
que hay que hablar es de legitimidad de ejercicio más que de origen. Son
decisiones políticas, lo que importa es como se ejercen", había
manifestado el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En ese sentido, el Gobierno evalúa desde ese momento los
perfiles de distintos candidatos, algunos provenientes del ámbito judicial y
otros del político.
Algunos de los nombres que figuran en lista son los jueces
Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; los fiscales Ricardo Sáenz,
Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli; los
juristas Alberto García Lema e Inés Weinberg de Roca; la líder del GEN,
Margarita Stolbizer; y el senador nacional Rodolfo Urtubey.
El peso de la bancada peronista en el Senado, liderada por
Miguel Ángel Pichetto, es un dato que el Gobierno tiene en cuenta, ya que es
consciente de que el candidato a procurador general debe ser alguien que
"reúna consensos políticos", supo reconocer Garavano.
Pero, además de la búsqueda del nombre que pueda hacerse
cargo del puesto y logre reunir el aval del poder político, el oficialismo
impulsa un proyecto de ley para modificar al Ministerio Público Fiscal,
especialmente en lo que se refiere a la duración del cargo de procurador
general.
El proyecto de
reforma
Actualmente, de acuerdo a la Ley 24.946, de 1998, el jefe de
los fiscales goza de "estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta
los 75 años de edad" y podrán mantenerse en el cargo por cinco años más si
logran un nuevo acuerdo en el Senado, que podrá ser repetido
"indefinidamente, mediante el mismo procedimiento".
"La experiencia nacional e internacional genera fuerte
consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo", resaltó
el ministro de Justicia en noviembre pasado, cuando se presentó ante la Cámara
alta para defender la iniciativa.
En ese marco, Garavano planteó que "al haber un período
más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles" para
su designación en el Congreso.
Sin embargo, el proyecto de ley se encuentra frenado por
diferencias entre el peronismo y Cambiemos, ya que los cambios que le introdujo
la bancada opositora al texto apuntaban a mantener la estructura del Ministerio
Público Fiscal que el oficialismo quiere desmantelar.
Luego de que se cayera la posibilidad de lograr el dictamen
de la reforma, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, explicó
que las modificaciones introducidas por el PJ en el proyecto "reflotaban
la existencia de direcciones generales del Ministerio Público Fiscal que
congelan y convalidan lo que hizo Gils Carbó".
En una de sus últimas declaraciones públicas, la saliente
procuradora general había cuestionado en duros términos el proyecto de reforma
por considerar que "privaría al Ministerio Público de autonomía e
independencia".
Al respecto, había repasado los principales puntos de ese
proyecto y mencionado la "derogación de las procuradurías
especializadas", ante lo cual había señalado que "se pretende volver a
un Ministerio Público de épocas inquisitivas, donde el procurador general se
limita a emitir dictámenes ante la Corte eliminando el rol de política
criminal".
Pese al parate que sufrió la iniciativa, el Poder Ejecutivo
había incluido su tratamiento en el decreto de convocatoria a sesiones
extraordinarias de diciembre y, debido a que no logró su aprobación, volverá a
insistir para que el proyecto se convierta en ley en febrero, cuando nuevamente
el Congreso sea citado a trabajar antes del período ordinario.
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