El pedido lo hizo la Fiscalía en el juicio oral que se le sigue
al expresidente acusado de “inducción
al encubrimiento”.
Judiciales - La
Fiscalía solicitó este jueves la pena de 13 años de prisión para el exjuez Juan
José Galeano y cuatro años para el expresidente Carlos Menem, por su
responsabilidad en el encubrimiento de la investigación por el atentado a la
AMIA.
Asimismo, requirió ocho años de cárcel para los exfiscales
Eamón Mullen y José Barvacchia, y un año para el extitular de la DAIA, Rubén
Beraja.
El fiscal Miguel Yivoff acusó a Menem por el delito de
"inducción al encubrimiento", al haber presionado a Galeano para que
no investigara al ciudadano sirio Jacinto Kanoore Edul por el atentado.
La acusación fue leída en el mismo momento que el expresidente
Menem ingresaba a la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro PY.
"Instigado por el doctor Menem (Galeano) rechazó
investigar a Kanoore Edul", dijo al acusar al expresidente.
La acusación se produjo este jueves durante su alegato en el
juicio oral y público por el encubrimiento en la investigación por el atentado
a la AMIA, ante el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF.2).
Además del expresidente Carlos Menem, en este juicio se
investigaron las responsabilidades del extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy
(presente durante la audiencia), y del expresidente de la DAIA Rubén Beraja,
así como también de los fiscales del caso anterior, Eamon Mullen y José
Barbaccia.
A su vez, también conocerán su pedido de condena los
exagentes de Inteligencia Patricio Finnen y Carlos Anchezar, los expolicías
"Fino" Palacios y Carlos Castañeda, más el reducidor de autos
Telleldín, su exesposa Ana Boragni y quien fuera su abogado, Víctor Stinfale.
Los representantes del Ministerio Público -Yivoff y Roberto
Salum- apuntaron en el tramo final de su alegato, antes de solicitar las penas
condenatorias de la mayoría de los acusados, a las desviaciones en la
investigación de la llamada "Pista Siria" en la causa encarada por el
ex juez Juan José Galeano.
En esa línea, sostuvieron que a partir del conocimiento que
el Juzgado de Galeano tomó respecto de las vinculaciones del ciudadano sirio
Alberto Jacinto Kanoore Edul, propietario de la empresa de volquetes Santa
Rita, uno de los cuales fue hallado en la puerta de la mutual judía tras la
explosión, no se adoptaron medidas inmediatas para profundizar esa pista.
Fue así que en el domicilio de Kanoore Edul se encontró una
agenda con el nombre y la dirección del por entonces agregado cultural de la
embajada de Irán Moshen Rabbani, así como también de sus contactos con el
vendedor de autos Carlos Alberto Tellendín.
Rabbani es el principal funcionario de la embajada iraní por
el que pesa orden de captura internacional en relación con el atentado a la
AMIA en el que murieron 85 personas, el 18 de julio de 1994.
"Al momento de los allanamientos a Kanoore Edul,
Rabbani ya era objeto de serias sospechas por parte de los organismos de
inteligencia", subrayaron.
Sin embargo, al tener conocimiento de la vinculación
familiar con el entonces presidente Carlos Menem, a quien Alberto Kanoore Edul
padre -del mismo origen que el mandatario- había visitado en la Casa Rosada, el
por entonces titular del juzgado federal número 9, y ante una llamada desde las
altas esferas gubernamentales, dejó de investigarlo durante más de dos años.
Los fiscales dieron por probado que ese llamado fue
efectuado por el hermano del expresidente, Munir Menem, cumpliendo directivas
"del exmandatario, que quiso evitar el escándalo", según señaló el
fiscal en su alegato.
El juicio oral comenzó en agosto de 2015 y está a cargo del
Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli
y Néstor Costabel.
Además de la pista siria, durante las audiencias se ventiló
el pago ilegal de 400 mil dólares a Telleldín que Galeano le solicitó a la SIDE
para que el principal sospechoso en el tramo inicial de la investigación
involucrara en el atentado a cuatro oficiales de la Policía Bonaerense.
Los delitos por los que pedirán las penas son los de
peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, coacción,
encubrimiento, destrucción de medios de prueba y falsedad ideológica de
documento público.
Tras el alegato de la Fiscalía, el juicio entrará en receso
durante la feria judicial de enero y retomará a principios de febrero: por
entonces, comenzarán los alegatos de las seis querellas.
Luego vendrán los alegatos de las 13 defensas, últimas
palabras de los acusados y el veredicto que se calcula para mediados de 2018.
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