Por Laura Di Marco
Una tarde de infierno, los dos dogos de la jujeña Soledad
Martínez, una de las víctimas de Milagro Sala, aparecieron degollados, colgados
de una medianera: fue el mensaje mafioso con el que la Tupac pretendió
amedrentarla para poder usurpar su casa. En 2006, una golpiza feroz desencadenó
la muerte de Lucas Arias, militante de una organización competidora de la
puntera K.
Los ultrajes que sufrió una empleada municipal, Ivana Velázquez, por
negarse a ser acompañante sexual del "Reptil", el hijo de Sala,
también están debidamente registrados. Sin embargo, todos estos estragos -y
muchos otros- no fueron escuchados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Tampoco por Amnistía Internacional.
Ni Abuelas ni Madres visitaron jamás a los familiares del
soldado Alberto Ledo, por cuya desaparición está procesado el general K César
Milani. Los organismos de derechos humanos encabezaron un lobby internacional
para que la ONU expidiera un dictamen declarando la desaparición forzada de
Santiago Maldonado. Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Penal Internacional -un
representante del Estado argentino, que debería ser imparcial- acaba de afirmar
públicamente que en el actual "Estado de Derecho deteriorado puede pasar
cualquier cosa". ¿Cómo se explica semejante parcialidad? Usando un trazo
grueso, hay dos razones: la hegemonía del kirchnerismo en ese altar donde
construyó su poder y la falta de una política macrista de derechos humanos, un
terreno en el que avanza a tientas y con amateurismo.
Sin embargo, envalentonado por el triunfo electoral, el
gobierno de Macri apunta ahora a revertir ese déficit. El macrismo está en
busca de su propio paradigma, en una cancha que le es ajena. El eje K de las
políticas reparatorias setentistas no será abandonado, sino integrado a un
mirador más amplio: el de la inclusión, el encuentro, el diálogo y la
convivencia. Claudio Avruj presentará el 10 del mes próximo el nuevo plan: se
trata de una política de Estado pensada hasta 2020.
Ya presentó algunos lineamientos la semana pasada, en
Ginebra, donde también se reunió con el Comité contra las Desapariciones
Forzadas. A puertas cerradas, Avruj acusó a los organismos de DD.HH. locales de
intentar desestabilizar al gobierno argentino con denuncias falsas sobre el
caso Maldonado, en el que también plantaron testigos falsos. "Así como no
se les puede mentir a los jueces, tampoco se les puede mentir a ustedes",
se despachó en la ONU.
La reciente visita de Luis Almagro a la Argentina vibró en
la misma sintonía: el Gobierno le pidió al Secretario General de la OEA que la
CIDH deje de ser un apéndice del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
ligado a Horacio Verbitsky, y recobre su independencia. Cambiemos también
planea colocar allí a un representante del Poder Ejecutivo.
¿Podrá el macrismo "deskirchnerizar" la política
de derechos humanos? ¿Logrará transformarse en proactivo, en lugar de
victimizarse por los bofetazos que viene recibiendo de entidades con peso e
historia, que logran influir con mayor eficacia y rapidez en la comunidad
internacional? ¿Por qué el CELS tiene semejante influencia global?
La mayoría de los organismos -la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), Madres y Abuelas- construyeron su legitimidad y una
poderosa trama de relaciones internacionales durante la dictadura. Legitimidad
que muchos de ellos licuaron al mimetizarse con el kirchnerismo. En la CIDH,
con sede en Washington, desde hace décadas trabajan funcionarios históricos que
antes integraron el CELS.
Otra muestra de parcialidad: el Estado argentino acumula en
la CIDH 400 requerimientos en su contra por violencia institucional. De esas
demandas, durante la era K apenas un 10% eran promovidas por el centro que
preside Verbitsky. Desde diciembre de 2015, esos requerimientos ascendieron al
90%. En los primeros días de la desaparición de Maldonado, el CELS pidió
detalles sobre las acciones del Estado nacional en el caso. Un funcionario
nacional informó que se había activado el sistema nacional de personas
extraviadas y desaparecidas, tal es el nombre del programa oficial. Al día
siguiente, Verbitsky publicó en Página 12: Macri ya tiene su primer
desaparecido.
El caso Maldonado marcó un punto de quiebre, en el que
confluyeron la tragedia y la toma de conciencia. Por un lado, la demostración
científica de que el joven murió ahogado y permaneció 77 días en las
profundidades de un río helado y meandroso produjo una herida profunda en la
credibilidad de aquellos organismos ante la sociedad. Pese a ello, el expertise
con el que se mueven en el plano internacional dejó al Gobierno atrapado en una
sospecha: el amateurismo con el que los gendarmes tramitaron la liberación de
la ruta habría provocado, en parte, el desenlace del caso del tatuador.
El daño internacional que ese affaire le infligió al
Gobierno puso en negro sobre blanco un hecho obvio: el vacío de política en un
área vulnerable. Hubo más puntos de inflexión. El fallo del 2x1 que benefició a
represores tuvo el efecto de una bomba neutrónica. Reforzó el prejuicio de que
Macri pretende liberarlos, mientras, en otro andarivel, es el propio Gobierno
el que se convirtió en querellante contra Milani, que hoy está preso.
En pleno escándalo por el affaire de Milagro Sala, el Grupo
de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que opera en el marco de la ONU,
elaboró un dictamen en el que afirmaba que la detención de la dirigente jujeña
era arbitraria. Sin embargo, fue la misma entidad que, meses más tarde, visitó
la Argentina y escuchó a sus víctimas. El grupo se conmovió con sus relatos.
Durante doce años, el kirchnerismo les había cerrado la puerta a varios
enviados de organismos internacionales, incluidos los del área de Detenciones
Arbitrarias. ¿El motivo? El temor a que pudieran elaborar informes críticos que
dañaran el alma del relato.
Los agujeros negros de Cambiemos en el circuito diplomático
complican aún más el asunto. Desde la renuncia de Leandro Despouy como
embajador especial para los derechos humanos en el ámbito internacional, la
representación de la Argentina en Ginebra quedó vacante. El radical renunció en
el arranque de 2007 y la Cancillería aún no designó a su reemplazante.
Hay otras grietas. A mediados de septiembre, el italiano
Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), visitó la Argentina para
reunirse con Marcos Peña y otros integrantes del gobierno nacional. A la
reunión también se sumó Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de
María Eugenia Vidal. Hombre de prestigio entre los organismos, Cantón dirigió y
armó la estructura de la CIDH en Washignton. Ante la sorpresa del jefe de
Gabinete, el funcionario bonaerense planteó allí que el Gobierno debería
declarar la desaparición forzada del artesano. Peña lo despachó con una
negativa rotunda.
Paradójicamente, el kirchnerismo nunca pudo usar las
oficinas de la ex ESMA como sede de la Secretaría de Derechos Humanos. Esas
oficinas se inauguraron cuando asumió Macri. Hacia aquel ex centro clandestino
se encaminó una tarde de diciembre de 2015 un militante K que había dirigido
durante casi todo el kirchnerismo un centro emblemático de DD.HH. Iba a ponerse
a disposición de la nueva administración. "Me sorprendés -le dijo el
funcionario M que lo recibió-. Pensé que, por tu propia dignidad, venías a
presentar la renuncia. ¡Vos sos un militante!". El hombre, sincero, le
terminó confesando: "¿Sabés qué pasa? Estuve tantos años en el poder que
ahora me va a costar mucho vivir fuera de él".
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