La Justicia de Macri

Por Gustavo González

¿Macri es o se hace?

Esa es la pregunta que se esconde detrás de muchas dudas que aún genera su administración.

¿Tiene cierta sensibilidad social o hacía que la tenía para esperar a ganar las elecciones y confirmar que para él la eficiencia está antes que cualquier necesidad popular?

¿Su ideología es un desarrollismo aggiornado o detrás de la idolatría por la gestión disimula un vacío ideológico que le impedirá construir una corriente política de largo plazo? ¿Es el mayor experto en cavar grietas para extraer de allí los mejores beneficios electorales o encarna, como dice, un republicanismo que viene a cerrar heridas del pasado? ¿Sus funcionarios son personas que no necesitan ni quieren robar dineros públicos o serán igual que los kirchneristas, que decían lo mismo cuando empezaron a gobernar?

Y en lo judicial, ¿llegó para transparentar la Justicia, promover jueces probos y designar un procurador/a que de verdad sea independiente, o lo que está haciendo es reemplazar a unos por otros que le sean adictos?

Un juez en apuros. La Justicia argentina es también un arma política, y quienes la usan a veces son jueces que pueden actuar bajo instrucciones explícitas del poder de turno o anticiparse a lo que, intuyen, el poder de turno necesita. Para el caso es lo mismo.

En el Gobierno dicen que esto último es lo que pasó con la detención de Amado Boudou: “El juez Lijo sabe que está en problemas, porque cuando se conozcan los detalles de la causa en la que está involucrado su hermano, lo van a salpicar a él. Y él cree que sobreactuando de esta forma tiene más chances de pelear por su cargo…”. La frase no termina con un “se equivoca”, pero pretenden que se entienda eso.

Quien habla es un funcionario que conoce bien al juez. El hermano del magistrado al que se refiere se llama Alfredo y le dicen “Freddy”. En Tribunales lo conocen todos (les dicen los hermanos “Lujo”) y en el Gobierno dan por hecho que será llamado a declarar esta semana por el Consejo de la Magistratura en el marco de la investigación contra el suspendido camarista Eduardo Freiler, sospechado por presuntas inconsistencias patrimoniales. La ex esposa de Alfredo ya habló de negocios entre los hermanos Lijo y también de su ex con Freiler.

Elisa Carrió cree concretamente que el hermano de Lijo era lobbysta de De Vido y que los negocios comerciales entre todos se extenderían hasta el juez federal que metió preso a Boudou.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, declaró que entendía que la detención de Boudou era legal. Lo que no dijo es que igual le parece extraña. Sus dudas son las de casi todo el mundo judicial: el ex vicepresidente jamás había sido llamado a declarar, no había requerimiento fiscal y su prisión preventiva para que no interfiriera en la causa no explica por qué hoy lo podría hacer y antes, que era el número dos de un gobierno, no.

Plan judicial. El último día de la Lealtad peronista se conoció una trascendental actualización en el espíritu de las prisiones preventivas. Su mentor fue el camarista Martín Irurzun, muy bien considerado por el Gobierno. Allí se impulsa a los jueces a detener a quienes, por su posición en la función pública presente o pasada, pudieran entorpecer una investigación.

El problema es que el concepto es demasiado amplio para dejarlo librado a los jueces.

Bajo ese precepto fueron presos De Vido y Boudou: ahora que están lejos del poder resultan una amenaza para los magistrados y antes, que eran “el” poder, no. Raro.

El Gobierno está convencido de que la intención de la Cámara que integra Irurzun fue darles impulso a causas cajoneadas, pero entienden que, así como está, la figura de la prisión preventiva es peligrosa:

“Hay dos motivos que justifican una preventiva, el riesgo de fuga y la capacidad de los imputados para interferir en las causas. El tema es que a esa figura hay que aportarle elementos objetivos y probatorios que puedan ser causales de la prisión, porque de lo contrario el juez puede hacer lo que quiera”, explica la voz más autorizada del macrismo en estos temas.

Lo que esta voz dice a continuación es que, de haber existido esa jurisprudencia, el propio Macri podría haber terminado preso cuando era jefe del Gobierno porteño o, ya presidente, cuando un juez investigaba los Panamá Papers. Poder para interferir en las causas, tenía. Con la misma lógica, cualquier funcionario del macrismo estaría en el ojo continuo de los jueces federales.

Desde el oficialismo se impulsará una nueva actualización de esa figura jurídica.

La repentina hiperactividad de estos jueces resulta preocupante para el Gobierno, aun en defensa propia. Por eso retomaron un proyecto de 2014 (cuando Cristina veía que los ex magistrados adictos comenzaban a enfrentarla), para modificar el Código Procesal Penal y darles más participación a los fiscales en la acusación y en la investigación.

De allí la urgencia de los últimos días por reformar la ley del Ministerio Público: si los fiscales asumen más poder, el jefe de los fiscales tendría, casi, un poder supremo. La intención es acotar a cinco años la permanencia del futuro procurador (negociarían hasta siete años con la oposición) y sumar una cláusula de remoción para que pueda ser echado con el voto de la mitad más uno de los legisladores (para que salga la ley, el oficialismo aceptaría subir esa mayoría a dos tercios).

Qué hacer con Cristina. Si Macri manejara a los jueces federales les pediría que mantengan la tensión judicial sobre CFK, pero que no se les ocurra enviarla a prisión. Por lo menos no antes de las elecciones de 2019.

Es lo que Jaime Duran Barba cree que necesitan para ganar otra vez: una Cristina en acción, acosada por causas que demuestren la corrupción pasada, y que garantice la división del peronismo. Confían en eso y temen que una mujer presa provoque una impredecible ola de adhesión.

El plan estaría garantizado. Miguel Pichetto anticipó en el reportaje con Jorge Fontevecchia de hace dos semanas que el Senado no le quitará los fueros hasta que exista una condena definitiva de la Corte Suprema (pueden pasar años). Falta que, además, los jueces tomen nota de la misma necesidad política. Eso también estaría garantizado.

¿Es? En el Ministerio de Justicia se acepta que el mayor desafío de credibilidad que tienen de aquí a fin de año es mostrar que el próximo jefe de los fiscales argentinos será alguien que claramente no tenga nada que ver con el oficialismo y cuyo pasado resulte irreprochable. Durante alguno de los próximos sábados de noviembre, el Presidente y su ministro Garavano se reunirán en Olivos para avanzar con los nombres.

En cualquier caso, el plan sería terminar el primer mandato con un amplio cambio de caras en la Justicia. Ya lo hicieron en la Corte, y pretenden repetirlo en la Procuraduría, en la Justicia Federal y en fueros en los que históricamente se sospecha de negocios entre magistrados y estudios de abogados.

Entonces, ¿Macri es o se hace? ¿Quiere cambiar la pésima imagen de la Justicia porque es lo correcto y porque hacerlo le sumaría adhesión electoral en 2019? ¿O quiere echar a los que están para garantizar con los nuevos un acompañamiento legal en el presente e inmunidad en el futuro?

Francis Bacon decía que los hombres están dispuestos a creer aquello que les gustaría que fuera cierto.

Y a quién no le gustaría creer que una Justicia justa es posible. 

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