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| Por Giselle Rumeau |
El imaginario colectivo suele sindicar a los fueros
parlamentarios como una de las causas de la impunidad en la Argentina. Es
cierto. Pese a que esa inmunidad constitucional es necesaria para que los
legisladores puedan ejercer su función sin ser molestados por los otros poderes
del Estado, el Congreso se convirtió en estos tiempos en una guarida para ex
funcionarios forajidos. Con todo, la paradoja es que no son los fueros sino la
demora de la Justicia lo que beneficia a un legislador procesado por un delito
de corrupción.
Los tiempos procesales en la Argentina son tan extensos que
el acusado podría pasar a mejor vida sin recibir una sentencia firme en el
mundo terrenal. Que lo diga si no Carlos Menem, quien fue sentenciado a siete
años de prisión en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia
durante su gobierno, pero aún no tiene sentencia firme porque su defensa
presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En todos estos años,
no han sido los fueros parlamentarios los que "salvaron" al ex
mandatario sino el sinfín de artilugios recursivos de toda índole y pelaje
presentado por sus abogados. Recién cuando su condena se confirme, entonces sí
los fueros que tiene como senador le darían inmunidad de arresto y la Justicia
debería pedir su desafuero en el Congreso para dar cumplimiento a la sentencia.
El caso de Menem es un espejo en el que se mira con alivio
Cristina Kirchner, con cinco causas y tres procesamientos encima por asociación
ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
A diferencia de la Cámara baja, dónde la semana pasada se procedió a suspender
los fueros del diputado Julio De Vido a pedido de los jueces federales Luis Rodríguez
y Claudio Bonadio, en el Senado existe la jurisprudencia que benefició hasta
ahora al riojano: no se desafuera a uno de sus miembros hasta que exista una
sentencia firme confirmada por el máximo Tribunal.
Pero no son los fueros mal usados ni la demora de los
tiempos procesales los únicos males y dolencias que desprestigian a la
Justicia. La falta de independencia entre los poderes del Estado genera una
suerte de protección tácita para los funcionarios deshonestos de turno. Es una
constante de la realidad: los jueces no se meten con el poder en la Argentina.
Salvo contadas ocasiones, la mayoría recién comienza a actuar y agilizar las
causas de corrupción cuando los acusados ya dejaron el Gobierno. Y aquí, Menem
vuelve a ser ejemplo. El inicio de la causa por el tráfico de armas se dio en
1995, pero recién en 2007, o sea 12 años después, la Justicia lo procesó por
contrabando agravado.
Ni hablar de CFK. La otrora poderosa mandataria fue
procesada en la causa Los Sauces, en el caso del dólar futuro y por las
irregularidades en la obra pública cuando ya había abandonado la Casa Rosada.
Los expedientes se agilizaron aún más este año, cuando quedó en evidencia tras
las PASO que menguaban sus chances electorales.
Natalia Volosín, abogada especializada en control de la
corrupción, recuerda a 3Días un dato desalentador de la Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ): "En el país las causas por corrupción
demoran en promedio 15 años. En 20 años, hubo sólo siete condenas. Esas causas
tardan una década en estar en condiciones de ser elevadas a juicio y sólo el
15% llega al banquillo".
¿Por qué los jueces federales en la Argentina no tiene el
valor para meterse con el poder? Los expertos consultados coinciden en el
dictamen: los magistrados no tienen garantías ante la falta de independencia de
los poderes, que lleva a las constantes presiones políticas y, en algunos
casos, a la corrupción judicial.
En esa línea, Volosín remarca que no se trata de un problema
de coraje. "La Justicia no actúa contra los funcionarios de turno porque
no tiene incentivos institucionales para hacerlo, es decir, ni los jueces ni
los fiscales tienen suficientes garantías de su independencia e imparcialidad.
Son pasibles de aprietes y carpetazos, y muchos están involucrados en hechos de
corrupción y son parte de la mafia judicial. En este país es tan fácil apretar
a un juez o un fiscal y amenazarlo con su juicio político en el Consejo de la
Magistratura como salvar a un juez corrupto en ese organismo. Pensemos en las
veces que el kirchnerismo salvó a (Norberto) Oyarbide", explica la
abogada, Máster y Doctoranda en Derecho de la Universidad de Yale.
El constitucionalista Félix Lonigro coincide. "A mí me
parece que hay una razón fundamental. La Argentina recuperó la democracia en 1983,
pero aún está lejos de ser una República, que se caracteriza por la
independencia del Poder Judicial. El poder político presiona al Poder Judicial
y por eso los jueces tienen miedo. Si bien son vitalicios, los jueces
inferiores temen ser destituidos en el Consejo de la Magistratura, integrado
por legisladores y abogados. Entonces mientras el investigado está en el poder
y pueda mover los hilos para que los jueces sean enjuiciados, la Justicia hace
la plancha", destaca.
El abogado Alejandro Fargosi habla incluso de amenazas
físicas a los familiares: "Hay una deformación progresiva de nuestro
sistema judicial, demasiado influido por presiones políticas, que alcanzaron su
máxima expresión en el período 2003-2015, caracterizado por las máximas amenazas
sobre jueces, fiscales y miembros del Consejo de la Magistratura. Me refiero a
intentos -con o sin éxito- de corrupción, obstáculos formales, denuncias sin
sustento y hasta amenazas legales y físicas contra magistrados y sus
familias".
Brasil y la delación
premiada
El ranking que elabora todos los años el Foro Económico
Mundial sobre la independencia de la Justicia sostiene desde hace rato que los
sistemas judiciales de Venezuela, Paraguay y la Argentina, están entre los
peores del planeta. En cambio, Uruguay, Chile y Brasil integran la lista de
países con justicia más independiente.
En Brasil, los
políticos de turno no pueden esquivar a la Justicia. El régimen de delación
premiada (similar a la ley del arrepentido) que existe en el país vecino
funcionó en el caso Petrobras y desde el ex jefe de gabinete y mano derecha de
Lula Da Silva, José Dirceu, hasta el poderoso empresario Marcelo Odebrecht,
purgan hoy penas en la cárcel junto a otros políticos brasileños por el
escándalo del Lava Jato.
Con el impulso de Cambiemos, el Congreso aprobó en noviembre
de 2016 la ley que extiende la figura del arrepentido en el Código Penal para
que abarque casos de corrupción, delitos contra el Código Aduanero y asociación
ilícita. La norma es considerada un avance importante en la materia pero muy
pocos ex funcionarios o acusados de corrupción durante la era kirchnerista se
acogieron al régimen. El empresario K Lázaro Báez, procesado y detenido por
irregularidades con la obra pública, es el mejor ejemplo.
"Brasil logro conjugar algunos jueces con coraje y
leyes más aptas. Por eso, para ser como como Brasil se requiere la reforma de
la ley del arrepentido, la ley de extinción de dominio y un mejor Consejo de la
Magistratura. Y en esa línea debemos ampliar las posibilidades del fiscal para
negociar la totalidad de la pena, porque así se facilitará que efectivamente
existan arrepentidos", considera Fargosi.
Es que una de las diferencias importantes con Brasil es su
sistema acusatorio, mucho más moderno. En nuestro país hay un Código Procesal
Penal por el que la investigación la llevan directamente los fiscales, pero su
implementación está en espera. Como la reforma se sancionó durante el Gobierno
de Cristina Kirchner, Mauricio Macri la suspendió apenas asumió por la falta de
controles que había sobre la Procuración General de la Nación, a cargo hasta
diciembre de la militante K, Alejandra Gils Carbó. Y mientras tanto, son los
jueces quienes investigan los casos.
Volosín cree que la renuncia de Gils Carbó, ocurrida esta
semana y alentada por un fallo judicial en su contra y el triunfo electoral de
Cambiemos, es un avance y una oportunidad para designar a un Procurador
"honesto, idóneo, que se anime a investigar a los que se fueron y al poder
de turno". Pero remarca que se deben hacer varias reformas, entre ellas la
del Código Procesal Penal, para mejorar la independencia de la justicia.
"Nuestra ley del arrepentido no está tan mal, el problema es que no hay
incentivos para que alguien se arrepienta. Los procesos penales aquíson muy
lentos, engorrosos, están plagados de alternativas recursivas, apelaciones o nulidades
que permiten que los abogados defensores, muchas veces con una ética
profesional dudosa, dilaten las causas hasta que terminan prescribiendo. No
hace falta que el acusado se acoja al régimen del arrepentido porque lo más
probable es que zafe por el propio proceso penal", remarca la abogada. En
esa línea sostiene que se debe avanzar en "una reforma procesal penal e ir
hacia un sistema acusatorio, oralizar los procesos y agilizarlos para mejorar
en la lucha contra la corrupción".
El constitucionalista Daniel Sabsay destaca que la formación
de los jueces en Brasil es diferente y por eso son mucho más independientes.
Pero eso no es todo. Lo fundamental, dice el experto, es que en el caso del
Lava Jato hubo una demanda de la gente para que se avance en la investigación.
"Hable con Sergio Moro (el juez brasileño que lideró ese expediente) y me
reconoció que si no hubiera existido esa presión social y ese apoyo popular, no
hubiera sido posible llegar tan lejos", detalla.
Control a los jueces
Esta semana, el Colegio de Abogados de la Ciudad presentó en
el Consejo de la Magistratura una denuncia contra los jueces Daniel Rafecas y
Ariel Lijo por mal desempeño en sus funciones. La denuncia se basó en una
auditoría del trabajo de los juzgados federales en los últimos veinte años,
aprobada en 2016 por el Consejo de la Magistratura, que destaca
"situaciones de excesiva demora en la tramitación de las causas".
Volosin cree necesario controlar a los jueces pero remarca
que el monitoreo debería hacerse todos los días desde la sociedad civil y no
una vez cada 20 años: "No puede ser que las causas de corrupción sean
cerradas y que los jueces o fiscales no rindan cuentan a la sociedad".
Ante las acusaciones de inacción judicial contra la
corrupción, la flamante Asociación de Jueces Federales (Ajufe) se defendió hace
poco con un comunicado en el que pidió fortalecer las instituciones y se quejó
por la falta de recursos materiales y tecnológicos, la cantidad de juzgados
vacantes y la demora en la designación de magistrados.
Según Fargosi, "ninguna de esas falencias es excusa
para trabajar mal o dar vueltas en torno al problema real de cada
expediente". "Es necesario remover a los pocos malos jueces que
existen en el fuero penal, para que todos tengan un nivel aceptable y una
decisión firme de aplicar las leyes criminales, algo que hoy no ocurre. Para
removerlos debe modificarse la Ley del Consejo de la Magistratura y devolverle
el equilibrio entre los tres sectores - jueces, políticos y abogados- y
agilizar así su funcionamiento", asegura.
Todos los consultados celebran que el Gobierno haya
anunciado unas reformas en la Justicia y en el sistema electoral para iniciar
un camino de transparencia y castigar la corrupción. "El trabajo de la
Comisión encargada de reformar el Código Penal, que dirige Mariano Borinsky es
bien interesante y va en el sentido de lo que uno diría que hay que
hacer", destaca Volosín.
Hay por delante un arduo trabajo: lograr independencia de
poderes para evitar las presiones políticas, reformar el Código Procesal Penal
para acelerar los procesos y darle mayor poder a los fiscales en la negociación
de la ley del arrepentido, reformar el Consejo de la Magistratura y establecer
controles de la sociedad civil a los jueces. Si no se realizan estar reformas,
dicen los expertos, seguiremos lejos de Brasil.
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