En 2010, el diputado
radical Miguel Giubergia, hizo un pedido de informes sobre los contratos para
la reparación del navío.
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| Miguel Ángel Giubergia |
Nacionales - El
gobierno contaba con informes clasificados de los organismos de control y
denuncias de sus propios legisladores sobre las coimas y sobornos en el
Ministerio de Defensa en las contrataciones realizadas durante el kirchnerismo
para reparar el submarino ARA San Juan, perdido hace 11 días en el mar argentino.
Esa información explica las tensiones dentro del gobierno y
la incomodidad que genera la explosión dentro del submarino confirmada por la
Armada, ya que hubo numerosas alertas institucionales sobre los riesgos que
enfrentaba la nave por tareas presumiblemente mal hechas o con materiales
vencidos.
En 2010, el entonces diputado nacional por el radicalismo,
Miguel Giubergia, hoy director del Enacom, pedía explicaciones al gobierno de
Cristina Kirchner sobre los supuestos sobornos pagados por las empresas
alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006. Se trata de dos
de las firmas que se encargaron de reparar el ARA San Juan y en particular las
baterías de la nave, donde según confirmaron en la propia Armada, hubo un
desperfecto.
En el año en que Giubergia presentó su pedido de informes la
ministra de Defensa era Nilda Garré, que fue reemplazada el 15 de diciembre por
Arturo Puricelli. Durante el presunto pago de coimas en 2006, Garré también era
ministra, ya que ella fue de los ministros que siguieron en su cargo tras el
paso de mando de Néstor a Cristina Kirchner.
En 2010 el entonces diputado radical Giubergia presentó un
pedido de informes advirtiendo posibles pagos de coimas a las empresas alemanas
Ferrostaal y Hawker, que tuvieron a su cargo la reparación de las baterías del
ARA San Juan. En el pedido de informes -al que accedió LPO- Giubergia ya
advertía irregularidades en las contrataciones que se habían para reparar las
baterías de la flota de submarinos.
El entonces diputado pedía:
- Detalles sobre la
modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH (empresa
alemana especializada en baterías), por la reparación de baterías del submarino
ARA San Juan. Según consta en el documento, la operación costó al Estado
argentino unos 5.100.000 euros.
-Detalles sobre el
contrato entre Tandanor y la empresa Marlog GMBH (empresa alemana especializada
en logística) para la asistencia técnica en la reparación del submarino
perdido.
-Detalles del contrato
entre la Armada, la constructora alemana FASSMER GMBH y el astillero chileno
ASMAR para la construcción de un patrullero océanico multipropósito. En ese
punto el diputado radical pedía saber cuál era la relación entre FASSMER y
Ferrostaal.
Por entonces, la Justicia argentina había accedido a un
documento clave en una investigación sobre supuestos sobornos pagados en 2006
por la empresa alemana Ferrostaal a funcionarios argentinos.
Una declaración del ex directivo de la firma había destapado
el caso. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una
comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de
lanchas patrulleras en Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el
Ministerio de Defensa.
En un documento que por esos días se incorporó a la causa en
poder del juez Ariel Lijo, un ex directivo de Ferrostaal había declarado en la
fiscalía de Munich que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó
al funcionario Parrinella (alias ‘Goldlocke'), colaborador de la Marina, al que
el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del
Ministerio, especialmente en el área de compras".
"El señor Parrinella -añadió- recibió un porcentaje de
aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el
imputado a una cuenta de Gustavo Frers [ex presidente de Ferrostaal en la
Argentina] y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de
descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros
funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante
Leprón y Palma", dice el expediente, según se puede leer en notas de la
época.
Esa era la línea de investigación de Giubergia en 2010. El
entonces diputado radical seguía la ruta de las coimas. Es decir, que los
funcionarios que hoy están al frente del gobierno estaban al tanto de los
negociados y contaban con información sensible de los negociados del
kirchenerismo en aquellos años de pleno apogeo.
Pero además, la preocupación por el verdadero estado de las
baterías del submarino continuó cuando llegó el momento de reparar el ARA San
Juan, luego de años de demoras, que acaso contribuyeron a su presunto mal
estado.
En La Nación, el
periodista Hugo Alconada Mon reveló la existencia de dos informes con los que
contaba el gobierno, alertando sobre este riesgo. Uno es una investigación
interna del Ministerio de Defensa. Y el otro una auditoría de la Sindicatura
General (Sigen).
La investigación, desarrollada por expertos de Defensa entre
2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares
normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de
baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a
ciertos proveedores -como Ferrostaal-, y que, en ese proceso, se habrían
adquirido insumos con garantías vencidas y cometido delitos.
"La información colectada resulta contundente al menos
para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento
administrativo reglado, sino además que el personal militar a cargo de las
mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que beneficiaron a las
empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG", precisaron los
investigadores de Defensa.
En la auditoría MD 13776/16, de mayo de 2016, los técnicos
de la Sigen, expusieron desvíos en los planes trazados para la ejecución
material y presupuestaria de la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas
demoras permitieron, en el caso de las baterías, la pérdida del período de
garantía", dice el texto citado por La Nación.
Esta crisis evidencia la falta de control político del
gobierno sobre lo que ocurre en Defensa, algo que deja en mala posición al
ministro Oscar Aguad. Los mecanismos de control del Estado funcionaron, también
el rol de contralor de la entonces oposición en el Congreso. Lo que no hubo fue
una decisión política consecuente sobre el tema.
En ese escenario, con la información que tenía el gobierno,
sorprenden las declaraciones de Mauricio Macri del viernes, cuando en el
edificio de la Armada y acompañado por el ministro de Defensa, Oscar Aguad,
aseguró que el submarino estaba en "perfectas condiciones" para
navegar.
El sábado, en el programa de Mirtha Legrand, Elisa Carrió
buscó dejar en claro su posición respecto de las condiciones del ARA San Juan
para navegar. "Llamé a Marcos Peña y le dije que me diga la verdad y me
dijo que el submarino tenía aprobación técnica para salir", dijo la
diputada y agregó: "A mí me interesa que se investigue la reparación de
término medio".
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