Hipólito
Solari Yrigoyen fue el blanco elegido por
la organización paraestatal surgida en 1973.
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| Ricardo Balbín visitó a Solari Yrigoyen tras el atentado sufrido por éste. |
Por Marcelo Larraquy
La bomba estalló cuando encendió el motor de su
auto, el 21 de noviembre de 1973, 44 años atrás.
Hipólito Solari Yrigoyen era senador
nacional por la Unión Cívica Radical. Pocos días antes, el jueves
16 de noviembre, había expresado su oposición al proyecto de ley de
Asociaciones Profesionales, que consolidaría la "oligarquía
sindical".
El senador, en el debate, objetó la reelección de
autoridades gremiales por más de dos períodos, la centralización de las
recaudaciones de las obras sociales y propuso la inclusión de la representación
de las minorías, en favor de la "democracia sindical".
Su discurso en el Senado duró 4 horas y 12 minutos.
Finalmente, la ley –enviada por el presidente Perón al Congreso- obtuvo media
sanción.
"El debate terminó a las cuatro de la mañana.
Lorenzo Miguel (jefe de la UOM) lo había presenciado desde el palco. Cuando le
preguntaron por mi discurso, respondió 'Solari Yrigoyen es desde este
momento el enemigo público número uno de la clase obrera organizada'.
Sostenía la necesidad de defender a las minorías, no quería el pensamiento
único. Había participado de la fundación de la CGT de los Argentinos (CGTA) y
hasta mi elección como senador había sido abogado del gremio ferroviario,
conducido por los radicales", según explicó entonces.
El fin de semana posterior al debate, Solari
Yrigoyen fue a Puerto Madryn, Chubut, donde vivía, y el lunes 20 volvió a su
estudio jurídico de Lavalle 1438, en Buenos Aires. Su secretaria le dio un
sobre que había recibido con su nombre. Cuando lo abrió, sólo tenía tres
letras: "A A A". No entendió el significado. El remitente daba una
dirección: Tucumán 1660, la sede del Comité Capital de la UCR. Envió a su
secretaría para que explicaran qué quería decir ese mensaje. Desde la casa
radical respondieron que no habían enviado la carta y tampoco entendían el
sentido de las tres letras.
Al día siguiente, martes 21 de noviembre, Solari
Yrigoyen salió de su departamento de la avenida Santa Fe, su residencia
secundaria, y fue en busca de su auto, estacionado en la cochera 171 del
edificio de Marcelo T de Alvear 1276. Había comprado ese espacio en la década
del '60 para guardar su Renault 6. Ese día tenía previsto dar un reportaje
junto al dirigente sindical cordobés Agustín Tosco, al que había defendido en
su condición de "preso político" y visitaba en la cárcel de Rawson
durante la dictadura del general Lanusse.
Cuando Solari Yrigoyen colocó la llave en el tambor
y la giró, la bomba estalló.
"El Renault 6 era un auto muy frágil y la onda
expansiva se fue por todos lados. Si hubiera sido un coche compacto hubiera
muerto instantáneamente. La bomba era para matarme. El coche voló contra la
pared de enfrente y empezó a incendiarse. Dios me ayudó porque alcancé a salir,
caí envuelto en sangre, y vinieron a
auxiliarme", aseguró entonces.
El repudio fue unánime. Era la primera vez que se
atentaba contra un senador de la Nación desde que habían matado demócrata
progresista Enzo Bordabehere en el recinto, en 1935. Isabel Perón, que presidía
el Senado, fue a visitar a Solari Yrigoyen a la clínica, acompañada por el
ministro de Bienestar Social José López Rega. Llevó flores.
"Isabel entró a la habitación. Dijo '¿qué
quieren hacer de este país? ¿Una Cuba, un nuevo Chile?' Como haciendo entender
que la ultraizquierda había hecho el atentado".
Solari Yrigoyen la escuchaba pero no podía hablar.
Había tenido cinco operaciones, se sentía muy mal, y se había analizado la
posibilidad de cortarle la pierna izquierda, que era la más afectada. El doctor
Yañez se opuso terminantemente. Después pasó mucho tiempo en silla de ruedas y
desde entonces camina con bastón.
A la clínica también se acercó Lorenzo Miguel.
Habló con la esposa de Solari Yrigoyen: "Yo no tuve nada que ver",
explicó.
Solari Yrigoyen creía que habían sido los
"servicios", o gente vinculada a ellos. "A mí siempre me ataca
la derecha autoritaria", decía. En agosto de 1972, cuando era miembro
de la Asociación Gremial de Abogados, le habían puesto una bomba, el
mismo día de los fusilamientos en la base naval de Trelew. "Yo no sabía
qué era la Triple A. Era la primera vez que actuaba. Pusieron la bomba porque
estudiaron mis pasos y sabían que los fines de semana yo viajaba a mi
provincia", explicó entonces.
La organización "Triple A" (Alianza
Anticomunista Argentina) había surgido como una herramienta de "depuración
interna" para poner freno a la movilización de Montoneros y también contra
sectores de izquierda. De hecho, la Triple A acusaba al radical Solari Yrigoyen
de "comunista". "Era la época de la Guerra Fría. Estaba de moda
acusar de comunista a cualquiera que se opusiera a algo", diría tiempo
después. A Eduardo Angeloz, su compañero de bloque en el Senado, lo acusaban de
ser "agente del imperialismo".
En el verano de 1973, Montoneros había tomado
protagonismo en la campaña electoral de las primeras elecciones libres desde
1951, que llevó a Cámpora al gobierno. Como parte del acuerdo político con el
Movimiento Justicialista presidido por Perón, obtuvo cargos en gobiernos
provinciales. Era un tiempo en que la política se hacía en las calles, barrios
o fábricas, o en las movilizaciones populares. Los espacios de representación
institucional no resultaban atractivos para la militancia.
El regreso de Perón, el 20 de junio de 1973,
resultó el primer quiebre de su relación con la izquierda peronista. Desde
entonces, en el peronismo clásico u ortodoxo, comenzó a anidar la idea de
"ganarles la calle" y restablecer el orden y el control ideológico
del Movimiento. El peronismo en "pie de guerra" no era una metáfora
política.
En agosto de 1973 López Rega acababa de conformar
sus brigadas de custodia con ex policías desplazados por delitos criminales y
otros que había conocido en su carrera policial en los años '50. Ahora se
reincorporaban al Ministerio de Bienestar Social. Entre ellos estaba el
comisario Morales, Rodolfo Almirón, Miguel Rovira, y otro llamado Juan Carlos
Lagos. Este último luego sería separado de la custodia porque –según declarara
en la causa judicial de la Triple A- López Rega le dijo que "necesitaba
otro tipo de gente menos limpia para hacer los trabajos que él quería".
Lagos pasó a integrar la custodia de Isabel Perón según se explica
en López Rega, el peronismo y la Triple A (del autor de este
artículo).
El Ministerio se fue preparando para las acciones
paraestatales, con la incorporación de militantes de agrupaciones
"ortodoxas" como empleados de planta. También se importaron desde
Inglaterra –de contrabando- ametralladoras Sterling, que se guardaban en
el depósito del microcine, en el segundo subsuelo del organismo público. Una
"ley interna" para los que actuaban en actividades armadas indicaba
que "no había que llevarse a dormir la ametralladora a la
casa", porque no eran para defensa personal sino para las
"operaciones que surgían desde el mismo Ministerio".
El asesinato del jefe de la CGT José Ignacio Rucci,
el 25 de septiembre, por parte de Montoneros, marcó el segundo punto de quiebre
en la política del año 1973.
El crimen unió a todos grupos opuestos a la
izquierda peronista.
La respuesta fue la "depuración interna"
en el Movimiento Justicialista por motivos estrictamente ideológicos. La
"depuración" incluía la expulsión de los cargos políticos –en
todas áreas del Estado, municipal, provincial y nacional- y también, en muchos
casos, la eliminación física.
La primera víctima de esta política sucedió en
forma simultánea a los funerales de Rucci, con la muerte de un militante de la Juventud
Peronista en el barrio de Belgrano. Una comisión "mixta" de policías
y civiles salió del Ministerio con un Rambler oficial, tocó el portero
eléctrico de su departamento y cuando Enrique Grynberg se
asomó a la calle, lo mataron. El blanco había sido escogido casi al azar
para dar una respuesta inmediata.
El 28 de septiembre, un artículo La Opinión registraba
la discusión interna entre el Ministerio del Interior y la Policía Federal
sobre cómo debía afrontar el Estado atentados como el de Rucci. El ministro del
Interior Benito Llambí indicaba que debía recurrirse a los organismos de
seguridad (policía, gendarmería y "en ningún caso las Fuerzas
Armadas") y el jefe la Policía Federal, general Miguel Ángel Iñiguez,
afirmaba que "la prevención debía hacerse con los mecanismos de seguridad
que se han ido forjando en el propio seno del Movimiento", es decir, por
afuera de los mecanismos institucionales.
Esta última opción sería la acordada por el
Consejo Superior Peronista, que se reunió el 1° de octubre, en la que
participaron legisladores, gobernadores y el presidente electo Juan Perón. De
allí surgieron las directivas partidarias para dar respuesta a la "guerra
desencadenada contra nuestra organización y nuestros dirigentes", manifestada
por la "infiltración de grupos marxistas" y el asesinato de
dirigentes, en obvia referencia a Rucci.
El corazón del "Documento reservado"
–dado a conocer por La Opinión al día siguiente- indicaba que
el Movimiento ingresaba "en estado de movilización de todos sus elementos
humanos y materiales para enfrentar esta guerra" y anunciaba que en todos
los distritos se organizaría "un sistema de inteligencia al servicio de
esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se
creará".
El Consejo Superior Peronista abría las puertas de
la acción ilegal: "se utilizarán todos los medios de lucha que se
consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios
que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito. Los
compañeros peronistas, sin perjuicio de sus funciones específicas, deben ajustarse
a los propósitos de esta lucha, haciendo actuar todos los elementos de que
dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y reprimirlo con todo
rigor".
A partir de entonces se inició una etapa de
"conurbanización" de acciones violentas, que luego se asumirían bajo
la máscara de la "Triple A". La organización paraestatal no tenían un
mando centralizado, sus acciones provenían de distintos ámbitos, aunque sí
tenían un "enemigo común, la "infiltración marxista" en el
Movimiento.
La "depuración" se definía en los
territorios locales, según sus propias características y enemigos internos, y a
partir de allí se elegían los blancos.
Seis días después del atentado contra Solari
Yrigoyen, el 27 de noviembre de 1973, fue muerto Antonio "Tito"
Deleroni en la estación ferroviaria de San Miguel. Deleroni era abogado,
defensor de presos políticos de la Gremial de Abogados y dirigente del
Peronismo de Base (PB) de esa localidad.
El azar quiso que un policía franco de servicio
persiguiera y detuviera a su agresor, a punto de escapar en un Fiat 128. En su
declaración ante el juez Julio Ricardo Villanueva afirmó que integraba el
"Servicio de Inteligencia Peronista (SIP)" y cumplía las
directivas de "depurar marxistas", que surgieron del
"Documento Reservado" del Consejo Superior Peronista. Los dos
domicilios que acreditó correspondían, uno a ese organismo, y otro a la unidad
básica "20 de Noviembre", que actuaba en el Ministerio de Bienestar
Social (**).
La "depuración interna" representó un
permiso para la impunidad. La idea de, en palabras de Perón, de "desinfectar
a tiempo los gérmenes del Movimiento Peronista", conduciría a la
creación del terror estatal. Perón, como presidente, jamás condenaría
en forma explícita a la Triple A.
Después de la primera bomba contra Hipólito Solari
Yrigoyen, el terror paraestatal desplegaría mayor intensidad, con
persecuciones, atentados y centenares de crímenes.
El año pasado, por primera vez, cinco miembros de
la Triple A fueron condenados por "asociación ilícita", después de
que la causa judicial permaneciera archivada durante varias décadas.
(**) Para una ampliación del "caso
Deleroni", véase "La depuración ideológica en el peronismo en General
Sarmiento (1973-1974), de Hernán José Mereles (Tesis de Maestría en
Historia Contemporánea, Universidad Nacional de General Sarmiento).
El
autor es periodista e historiador (UBA). Su último libro es "Primavera
Sangrienta. Argentina 1970-1973. Un país a punto de
explotar" (Editorial Sudamericana).
© Infobae
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