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| Por Pablo Mendelevich |
Lo memorable de este miércoles intenso y agitado seguramente
será el fulminante entierro de la impunidad que acompañó a Julio De Vido
durante una década. Explosivo por contraste: el superministro de los Kirchner
pasó de no ser molestado nunca por los jueces a caer preso por su peligrosidad.
Dada su influencia residual, la Justicia lo evaluó capaz de obstruir las causas
en las que lo investiga por graves hechos de corrupción.
Obstruir la justicia
es algo serio. Basta recordar que fue uno de los cargos por los que se estaba
por destituir al presidente de los Estados Unidos Richard Nixon cuando éste se
adelantó y renunció.
Pero el momento de la detención de De Vido, atronador por
más que se haya privado a los argentinos de ver al más destacado preso del año
con casco y chaleco antibalas, no debería soslayar un hecho fundamental, de
carácter político, ocurrido cuatro horas antes. No es el desafuero mismo sino
la decisión del bloque del Frente para la Victoria de negarse a participar en
la sesión en la que se lo discutió.
A esa determinación, que difícilmente apareje una placa en
la galería del coraje parlamentario, convendría desacoplarla del análisis
aritmético sobre la mayoría calificada que se requería. La trascendencia
política no está en la cuenta de los votos sino en la verdadera causa de la
deserción. ¿Cuál fue? Que el Frente para la Victoria no tenía argumentos para
sostener un debate sobre la corrupción, debate disparado por el Poder Judicial
respecto de uno de los diputados más sobresalientes del bloque, el de peor
reputación.
Mucho se especuló con la idea de que el kirchnerismo le
soltó la mano a De Vido. Claro, parece lógico prestarle atención a la cuestión
de la lealtad, no sólo porque el peronismo venera esa virtud con su principal
efemérides sino también porque la lealtad, que se presenta en diferentes
formatos, tales como la complicidad y la omertá, también es un valor apreciado
entre quienes practican la corrupción (si la mención de la omertá, código de la
mafia siciliana, suena foránea, hay que preguntarse para qué son entonces el
casco y el chaleco antibalas con los que el Estado abriga a los detenidos
locales por corrupción).
El asunto de las lealtades quebradas tal vez cobró
envergadura cuando en una de sus recientes entrevistas proselitistas Cristina
Kirchner respondió que ni por De Vido ni por nadie, salvo por sus propios
hijos, ella pondría las manos en el fuego. La pregunta quizás haya sido lo
improcedente. Lo de poner las manos en el fuego para responder por la conducta
de otra persona viene de los tiempos en que se administraba justicia mediante
un hierro ardiente que el acusado debía sostener mientras caminaba. Si resistía
era declarado inocente. Hubiera sido más práctico preguntarle a la ex
presidenta qué sabe ella, por ejemplo, de los manejos de De Vido con la mina de
Río Turbio o acerca de lo que en su gobierno se pagaba por los barcos de gas
licuado y profundizar el tema con los datos de la causa. En verdad es poco lo
que se sabe sobre los dispositivos de protección recíprocos de la ex presidenta
y su ex superministro, tanto actuales como durante su larga convivencia en el
poder. Lo cual está vinculado con un misterio mayor, el de lo que uno sabe de
lo que hacía el otro. Que cada vez despertará más curiosidad, seguramente,
entre fiscales y jueces y que por el momento estimula la imaginación de quienes
creen que la traición está a la vuelta de la esquina.
En el terreno político el kirchnerismo venía zafando
respecto de cómo explicar la corrupción mediante una combinación de dos
respuestas complementarias. Una partía de la contra-pregunta "¿y
Macri?". Detrás venían las menciones de los Panamá Papers, el primo
Calcaterra, Arribas o cualquier referencia a denuncias efectivamente
presentadas y publicadas, independientemente de que hubieran sido desechadas en
los tribunales o que hubieran terminado en sobreseimientos. La otra réplica era
más filosófica. Sostenía que corrupción hay en todos los gobiernos. Una especie
de pretensión de inocencia -y de amnistía- por corrimiento de vara.
Estos recursos diluyentes habrían sido más o menos inútiles
en un debate destinado en forma concreta a tratar la situación parlamentaria de
De Vido. Frente a la contundencia del reclamo de la Justicia le habría sido muy
difícil al Frente para la Victoria defender la conservación de los fueros del
diputado imputado (y procesado) sin aparecer defendiendo la corrupción. Un
extremo que en la reunión de bloque del martes se llegó a plantear cuando para
zanjar los desacuerdos se discutió la posibilidad de aplicar la libertad de
conciencia, que es un recurso reservado a temas en los que pueden verse
afectadas creencias personales.
Al cabo, las convicciones fueron lo de menos. Los diputados
desertores explicaron que no correspondía defenderlas porque la votación igual
la perdían.
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