Por Laura Di Marco
La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, avanza
en una movida que huele a declaración de guerra: después del triunfo de
Cambiemos en las PASO, viene presionando a los administradores de las obras
sociales sindicales para que presenten sus declaraciones juradas (DD.JJ.).
Los
eternos y millonarios jefes sindicales, desprestigiados ante la sociedad,
manejan gigantescas cajas negras sin control. Pero ahora un presidente
envalentonado, que degusta por anticipado una victoria electoral, le dio luz
verde para actuar. Recargado, va por un objetivo que casi se lo llevó puesto a
Raúl Alfonsín cuando intentó transparentar el funcionamiento de los gremios y
terminó al borde del abismo. ¿Podrá Macri hacer lo que el presidente radical
dejó inconcluso?
Meterse con los popes sindicales, que jamás presentaron una
declaración jurada, es lidiar con un poder intocado de la democracia. Nadie
sabe cuánto ganan, ni quién les paga, ni si su nivel de vida coincide mínimamente
con sus ingresos. El blindaje sindical ha sido de tal magnitud que resultó aún
más eficaz que el de la bonaerense, un ejército oscuro que, sin embargo, sufrió
reformas de la mano de algunos funcionarios que se le animaron, como León
Arslanian o Marcelo Saín. Nada semejante sucedió con estos ejemplares,
herederos enriquecidos de Perón.
Hugo Moyano acaba de convertirse en confesor involuntario de
esa impunidad naturalizada. En un video casero, posteado en la página oficial
del Club Atlético Independiente, admite que usó fondos del sindicato de
camioneros para resolver la crisis económica y financiera de la entidad
deportiva que preside. El sincericidio autoincriminatorio, expuesto en una
asamblea del club de Avellaneda, podría convertirse en una evidencia de
administración fraudulenta: los aportes de los trabajadores conducidos por la
familia Moyano son para los camioneros y no existe ningún argumento jurídico
que les permita desviarlos hacia otros fines. ¿Cuánto ganan los Moyano? ¿Quién
les paga? ¿Quién los controla?
La ausencia de controles no sólo les permite financiar
clubes de fútbol, sino que, en los hechos, pueden hacer prácticamente cualquier
cosa con la plata de sus afiliados, desde financiar campañas políticas hasta
crear empresas, convirtiéndose en proveedores de sí mismos, a través de sus
propios sindicatos. Exentos de la vigilancia de la Unidad de Información
Financiera (UIF), los gremios tampoco se someten a inspecciones por lavado de
dinero: ni los propios trabajadores ejercitan su derecho a exigirles a sus
jefes la rendición de cuentas, a pesar de estar sometidos a la afiliación
compulsiva. El sistema configuró un mundo laboral, bajo una lógica perversa,
con jerarcas fuertes y trabajadores débiles.
Omar "Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata"
Medina encarnan a la perfección ese entramado mafioso enquistado en muchos
sindicatos, acostumbrados a negociar con el revólver en la nuca. Algo está
cambiando porque ahora ambos están presos. A esa lista negra acaba de
incorporarse Víctor Santa María, el jefe de los porteros (que nunca trabajó
como tal) y dueño de Página 12. Santa María quedó en la mira cuando la UIF
detectó operaciones sospechosas por 4.000.000 de pesos en Suiza, cuyas pruebas
fueron presentadas en la Justicia. Las dudosas maniobras financieras del
sindicalista-empresario están vinculadas al Suterh, gremio que lidera desde
2005 y en donde acaba de obtener una nueva reelección.
"Hay que separar a los sindicatos del Estado para que
el Estado pueda ejercer su función con autoridad", resume la jefa de la
OA. Cuando Macri asumió, desde una posición de debilidad, les entregó dos
puestos claves del Ministerio de Trabajo a los sindicatos, continuando con esta
fusión disfuncional. Además, les devolvió 30.000 millones de pesos para las
obras sociales sindicales. Pero después de las PASO, cuando se sintió
fortalecido, los echó. La gota que rebasó el vaso fue la movilización de la CGT
a la Plaza de Mayo, donde los popes sindicales cargaron duro contra el
Gobierno. Entonces, Macri endureció su piel: una transmutación que, después del
22 de octubre, promete continuar. Las relaciones carnales entre el Estado y los
sindicatos impactaron de lleno en el mantenimiento del statu quo. Un dato de color, pero revelador: gran parte de los
inspectores del Ministerio de Trabajo, supuestamente encargados de controlar
las elecciones en esos gremios donde sus patriarcas se eternizan, suelen pasar
sus vacaciones gratuitamente en los hoteles regenteados por los mismos caciques
a los que deben controlar.
Pero ¿por qué quienes manejan los fondos millonarios de los
trabajadores pueden zafar tan fácilmente de los controles? Los administradores
de las obras sociales manejan fondos de los trabajadores, pero no cumplen una
función estatal. La ley de ética pública regula la actividad de las personas
que están al servicio del Estado: es en esa ambigüedad donde se amparan para
gambetear los controles.
Desde la OA están trabajando en la reforma de la ley de
ética para incorporar un artículo que modifique la ley de asociaciones sindicales
con el fin de obligar a sus directivos a presentar declaraciones juradas.
En 2001, durante el gobierno de la Alianza, Patricia
Bullrich, entonces ministra de Trabajo, también lo intentó. Amenazó a los
caciques sindicales con una resolución que les exigía la rendición de cuentas
sobre su patrimonio. Fue en esas confrontaciones cuando se ganó el mote
despectivo de "la Piba". Acorralados, los jerarcas contraatacaron con
todos los recursos del Estado, incluida la Justicia, que, después de la caída
de la Alianza, falló en favor del secretismo al entender que el Estado se había
"excedido" en sus facultades de control. El trabajo sucio lo terminó
su sucesora, Graciela Camaño, quién emitió otra resolución que dejó sin efecto
la de "la Piba". Como ministra de Eduardo Duhalde, Camaño optó por
proteger a su esposo, el sindicalista Luis Barrionuevo. Un beneficio que, en
2003, le valió una denuncia de la OA por conflicto de intereses.
Es por eso que Laura Alonso habla de un sistema que protege
los intereses de los caciques, en detrimento de los trabajadores. En esa
impunidad integral ubica los tejemanejes de la familia Recalde. Héctor, el jefe
del clan y ex abogado de Hugo Moyano, no sólo es diputado, sino que lidera un
conocido estudio de abogados laboralistas; del otro lado del mostrador, su
esposa, Graciela Craig, es camarista en el fuero laboral, nombrada en 2011 por
el kirchnerismo. Un circuito ideal para el tráfico de influencias.
El sistema es el que está atravesado por el secretismo,
aunque haya sectores más impenetrables que otros. En los papeles, el único
poder relativamente controlado es el Ejecutivo y sus funcionarios. Los jueces
presentan sus declaraciones juradas, pero nadie comprueba su consistencia,
cuando es vox populi que varios magistrados no pueden justificar su elevado
nivel de vida. A menudo, a los despachos de Comodoro Py llegan costosos regalos
cuya procedencia nadie averigua; tampoco se ponen bajo la lupa las invitaciones
a lujosos viajes de algunos jueces. Hace un año, Laura Alonso le mandó una
carta de alto voltaje político a Ricardo Lorenzetti, en la que les pedía a los
jueces del máximo tribunal el envío de las DD.JJ. a la OA para colgarlas en
Internet. La divulgación en la Web es clave para poder difundirlas al público
masivo. Todavía está esperando la respuesta.
En el mismo limbo navegan las rendiciones de cuentas de
fiscales, senadores y diputados: presentan DD.JJ., pero ninguna autoridad
fiscaliza si les cierran o no los números.
Hay una falsa creencia de que la transparencia retrasa la
gestión. La idea, por extensión, parece una derivación de aquella que explica la
ineficacia -o lentitud- de los radicales porque, a diferencia de los
peronistas, se apegan al cumplimiento de las reglas. Sin embargo, hay números
que desmienten ese prejuicio: la aplicación de políticas de integridad en el
ministerio que conduce Guillermo Dietrich significó un ahorro de 30 mil
millones de pesos en el último año.
Además de fortalecer el ego presidencial, las elecciones del
22 del actual también podrían ser una prueba para testear si la ola del cambio
también incluye la puesta en valor de la transparencia.
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