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| Por Carlos Gabetta (*) |
El de Santiago Maldonado, un preocupante caso de
“desaparición forzada” supuestamente a manos de la Gendarmería Nacional, devino
en tragicomedia política. Por una parte, los antecedentes y el presente de la
Gendarmería, así como los de los demás cuerpos de seguridad e inteligencia del
país, hacen creíble el supuesto “desaparición forzada”. También es lógico y
necesario que la sociedad denuncie y exija el esclarecimiento del hecho.
Pero veamos: “Al cabo de treinta años de alternancia
democrática, la política argentina, es decir sus dirigentes y una parte
importante de la sociedad, está a punto de lograr que con los derechos humanos
ocurra, para tomar un ejemplo, lo que con la educación pública: después de
haber sido un paradigma internacional y motivo de legítimo orgullo, acabar en
la decadencia; en objeto de manipulación política” (esta columna; PERFIL,
8-12-13).
Ahora, la actitud de los sindicatos docentes confirma el
vaticinio. Aunque el estado actual (miércoles 6/9) de la investigación sigue
apuntando a la Gendarmería, acusar al Gobierno de un “crimen” del que aún poco
se sabe es irresponsable. Sobre todo si lo propagan docentes en clase de
párvulos, donde se supone que su trabajo es esclarecer, preparar a los jóvenes
para las realidades, contradicciones e incluso misterios de la vida.
Lo lógico y civilizado sería, por ejemplo, organizar
reuniones con padres y alumnos, fuera de clase, en las que el tema fuese la
preocupación que suscita un nuevo caso de desaparición en democracia;
eventualmente reclamar unidos, al margen de adhesiones políticas y de la
opinión de cada cual. Es lo que ocurriría en cualquier sociedad sensata.
Puede que esto suene a banal sermón de civismo, pero veamos
lo de “manipulación política”. ¿Qué sector se manifiesta así? El peronismo K;
otros peronistas y algunos sectores de izquierda. Volvamos a la columna citada:
“Hoy, haber anulado los indultos y proseguido y ampliado los juicios no impide
al gobierno peronista K presentar y aprobar una Ley Antiterrorista; mostrarse
indiferente ante la desaparición de Julio López; nombrar comandante en jefe a
un militar sospechado de haber cometido los mismos crímenes que la política de
derechos humanos del gobierno persigue (…). La ex presidenta no encuentra
objeción en aliarse y exhibirse con el titular de la Uocra, Gerardo Martínez,
un más que sospechoso agente de la inteligencia militar durante la dictadura”.
Fin de la cita, que abundaba en más datos. Cuando desapareció Julio López, los
indignados actuales no dieron un paso; en todo caso, ninguno acusando al
gobierno de entonces. Ahora, Hebe de Bonafini se justificó declarando que López
era “un guardiacárcel” y Maldonado “un militante”. O sea que habría
“categorías” de desaparecidos…
La manipulación política, la deshonestidad, la mala fe,
resultan evidentes. Porque al margen de la cuestión de principios, ¿qué interés
puede tener este o cualquier gobierno, a dos meses de unas elecciones que
“pintan bien”, en generar semejante escándalo? Si lo que se le reprocha es no
haber depurado los cuerpos de seguridad, tampoco es algo que tenga mucho
sentido, ya que aunque este gobierno aún no ha hecho gran cosa, se trata de un
problema que a cualquiera le llevaría años resolver; que además requeriría del
apoyo de todos los partidos y de la sociedad. Y vendrían luego los sindicatos,
empresas, el resto de los aparatos del Estado. El desorden va mucho más allá de
las “fuerzas del orden”.
Quizá los hechos de violencia ocurridos alrededor del caso
Maldonado, más inquietantes por lo que anuncian que por lo actuado –teniendo en
cuenta la historia del país en el tema– hagan que tanto el Gobierno como la
sociedad tomen conciencia de la gravedad del caos institucional.
Pero por ahora, en lugar de unir a la sociedad en la
colaboración y exigencia al Estado de su esclarecimiento, la desaparición de
Maldonado ahondó la famosa grieta.
(*) Periodista y escritor
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