Por Fernando Laborda
El nuevo relato cristinista en la oposición se sustenta en
una interpretación mesiánica: la única alternativa al modelo que gobernó el
país entre 2003 y 2015 es una dictadura de cuño neoliberal. En la construcción
del imaginario kirchnerista, el modelo que aspira a imponer Mauricio Macri sólo
cierra con represión.
¿De quiénes? De personas a quienes un supuesto Estado
represor debe enviarles un mensaje mafioso, entre las que se encontraba
Santiago Maldonado, homologable en la épica narrativa kirchnerista a una suerte
de moderno Che Guevara del siglo XXI, abrazado a la causa de los humildes y de
los llamados pueblos originarios.
La capacidad del kirchnerismo para reciclar su relato e
instalar en la agenda política la posibilidad de una responsabilidad directa
del actual gobierno nacional en la desaparición de Maldonado es sorprendente.
Pero habría que preguntarse también qué errores políticos y de comunicación
cometió el Gobierno para permitir eso.
Con la confirmación de que la sangre recogida de la camisa del
puestero atacado en una estancia de Benetton no correspondía a Maldonado, murió
la gran hipótesis que planteaba la Casa Rosada. Este dato pareció poner contra
las cuerdas a la Gendarmería Nacional, y aumentó los cuestionamientos a la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en un principio transmitió la
percepción de que podía poner las manos en el fuego por esa fuerza de
seguridad.
No hay por el momento prueba alguna capaz de incriminar a
algún integrante de la Gendarmería. Se entiende el celo de la ministra Bullrich
para defender a los gendarmes. Esta fuerza ha sido artífice de muchos
operativos exitosos para secuestrar drogas ilegales y desbaratar bandas de
narcotraficantes, como nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero, como
señaló Graciela Fernández Meijide, la Gendarmería es una organización formada
por hombres y éstos son falibles. Un exceso de prudencia, como la que mostró el
jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante los parlamentarios, hubiera sido lo más
aconsejable. "No damos por sentado que fue la Gendarmería. Tampoco, que no
lo fue", afirmó en el Senado.
Quedó flotando la sensación de que a los representantes del
Poder Ejecutivo les faltó algo de timing político. Con la sobreactuación
inicial en defensa de la Gendarmería, cundió la sospecha que dejó una extraña
actitud escapista del Gobierno, equiparable a la de un sujeto que sale
corriendo al ver a un policía, aun cuando no haya cometido delito alguno.
En la particular dialéctica K, Patricia Bullrich es el
blanco perfecto. No sólo por los buenos lazos que ha creado con el presunto
"brazo represor del régimen macrista", que según el relato
kirchnerista configura la Gendarmería, sino también por el peculiar pasado de
la ministra. Descendiente de familias aristocráticas -los Bullrich y los Luro
Pueyrredón-, en su adolescencia setentista decidió unirse a la combativa
Juventud Peronista y estuvo entre quienes abandonaron la Plaza de Mayo, el 1°
de Mayo de 1974, cuando el general Perón rompió con los Montoneros. Años
después, Patricia Bullrich se alejó de las posiciones extremistas y se
convirtió en una dirigente cuya capacidad de trabajo y de diálogo es valorada
por representantes de casi todo el arco político. Sus detractores de la
izquierda y del kirchnerismo hoy le endilgan que abandonó sus ideales de
juventud para refugiarse sucesivamente en diferentes expresiones de la
"partidocracia burguesa", como la Alianza UCR-Frepaso -de cuyo
gobierno fue ministra de Trabajo-, el lopezmurphismo, la coalición de Elisa
Carrió y, finalmente, el macrismo.
Concentrar los ataques en Patricia Bullrich es, para el
kirchnerismo, una forma de profundizar la grieta en la sociedad, agitando las
aparentes contradicciones entre el pasado y el presente. El cinismo o la mala
memoria conducen a dejar de lado que durante las gestiones presidenciales de
Néstor y Cristina Kirchner el Estado no se presentó siquiera como querellante
cuando se produjo la desaparición de Jorge Julio López. Igual indiferencia
exhibió la administración kirchnerista tras la desaparición de un joven
chileno, Iván Torres Millacura, producida en Comodoro Rivadavia en octubre de
2003, tras ser hostigado por policías chubutenses.
Como producto de la grieta, se enfrentan dos posiciones
extremistas: la de quienes, desde la oposición más dura, señalan que el
gobierno de Macri mandó matar a Maldonado, y la de quienes, desde el
antikirchnerismo más visceral, sostienen que al Gobierno le "tiraron"
un desaparecido. En el medio, se ubican todas las demás hipótesis, entre ellas,
la que apunta a un exceso por parte de efectivos de la Gendarmería. No
conocemos la verdad, pero lo sucedido vuelve a poner de manifiesto la
impotencia e incapacidad del Estado para brindar rápidas respuestas a la hora
de esclarecer un hecho lamentable.
Camino a las elecciones, distintos analistas de opinión
pública consideran que, cuando acontece un hecho doloroso, el electorado toma
distancia de las posiciones más extremas y evita contaminarse por los
operadores políticos. El hecho de que sea Cristina Kirchner quien se ha montado
sobre la desaparición de Maldonado amortigua los efectos negativos que el caso
podría tener en las perspectivas electorales del oficialismo. Pero, al mismo
tiempo, desde sectores políticos más moderados, se le cuestiona a la
administración macrista cierta "improvisación" y haberse situado
detrás de los hechos.
Hasta ahora no es factible hablar de un "cisne
negro" en el proceso electoral. Sí de un hecho trágico que vuelve a poner
en evidencia la languidez del Estado argentino. En especial, cuando se lo
compara con la rápida y eficaz acción exhibida por las fuerzas de seguridad de
Barcelona para esclarecer los recientes atentados terroristas.
Entretanto, resulta llamativa la extraña sensación que
traslucen funcionarios macristas ante Cristina Kirchner. "Ella seguirá
siendo un actor relevante en la política argentina y es un escenario que no nos
disgusta", se sinceró una alta fuente de la Casa Rosada. Interpretó que la
vigencia de la ex presidenta asegura un doble cerrojo a su propio crecimiento y
a la unificación del peronismo.
La idea que buscan transmitir el kirchnerismo y la izquierda
en cuanto a que el presunto encubrimiento de la Gendarmería apunta a que esta
fuerza sea "garante del ajuste y la reforma laboral" que prepararía
el Gobierno tras los comicios sólo puede sostenerse sobre bases muy precarias.
"¿Qué reforma laboral podríamos hacer con cien diputados sobre 257 y sin
el sindicalismo adentro?", sostuvo un influyente funcionario macrista.
Dicho y hecho: en los últimos días se terminó acordando con los referentes de
la CGT, quienes dejaron atrás la idea de un paro para antes de las elecciones.
Se seguirán buscando "acuerdos sector por sector", pero la
flexibilidad laboral no se traduciría por ahora en una iniciativa parlamentaria
al estilo de la aprobada en Brasil. Si algo tiene claro hoy el Gobierno es que
no irá a una pelea con los gremios como la que pretendió dar Raúl Alfonsín con
la "ley Mucci", aquel proyecto de reforma sindical que terminó
estrellándose con la resistencia del Senado en 1984. En cambio, se trabajará en
la búsqueda de coincidencias hacia un "blanqueo laboral".
Paralelamente, el Gobierno, de la mano de Carolina Stanley,
pudo desactivar un nuevo conflicto con organizaciones piqueteras, tras otra
semana de tensión. Nada es gratuito para el Estado y el gradualismo sigue más
vivo que nunca. Pero todo sirve para despejar la cancha y centrar la atención
del público en el gran partido de octubre contra Cristina Kirchner.
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