Por Bernardo Vázquez
"Para vos, cuál fue la causa más grave que tengo, a ver
si coincidimos?", preguntó Cristina Fernández de Kirchner. "Y... la
de Nisman", respondió Oscar Parrilli.
El diálogo entre la ex presidenta y su ex secretario se
produjo en julio de 2016, ya con ambos fuera del poder, y forma parte de una
las múltiples llamadas telefónicas entre ambos que fueron interceptadas por la
Justicia.
Cristina lo sabe. Parrilli también. Ninguno de los tres
procesamientos que afronta la ex jefa de Estado le preocupa tanto como el
expediente que se tramita en Comodoro Py por su presunto encubrimiento a Irán
en 2013, en la firma del memorándum de entendimiento por el atentado a la AMIA,
que en 1994 causó 85 muertes.
Se trata de la denuncia que radicó el ex fiscal Alberto
Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de morir, que frenó en dos oportunidades
el juez federal Daniel Rafecas y que, tras reabrirse este año, fue enviada al
juzgado de Claudio Bonadio, el mismo magistrado que ya procesó a Cristina por
administración infiel en la causa dólar futuro, y por asociación ilícita y
lavado de dinero en el expediente Los Sauces.
Visita inminente a
Comodoro Py
En los próximos días, por pedido del fiscal Gerardo
Pollicita, Cristina podría ser citada a indagatoria por traición a la patria,
al igual que su ex canciller Héctor Timerman, artífice del documento en el que
se acordó con el gobierno iraní seguir investigando el atentado a la mutual
judía, pero dar de baja las órdenes de captura contra los funcionarios
sospechados de ese país.
En su denuncia, Nisman acusó a Cristina de encabezar
"un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de
nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y
se sustraigan de la acción de la justicia argentina". Y Timerman, según la
hipótesis del fiscal, fue el nexo para llevarlo adelante. Es al canciller a
quien desde hace dos años se lo acusa por el delito "traición a la
patria", que implica posibles penas de hasta 25 años de prisión, en el
marco de una negociación que habría mantenido con autoridades iraníes y sirias
en las que ajusta la firma del memorándum, sancionado en el Congreso y luego
anulado por la Justicia.
Al asumir Bonadio el trámite, esa causa se unificó con la
denuncia de Nisman sobre CFK, Timerman y un largo número de ex funcionarios del
Frente para la Victoria. La semana pasada trascendió un audio que desde el
kirchnerismo siempre negaron, en el que Timerman revela que viajó a Siria para
reunirse con el presidente Bashar al Assad, y a Irán, para hacerlo con el
canciller Alí Akbar Salehi. En esos encuentros, se habría cerrado el plan que
denuncia Nisman.
El impacto que generó la muerte de Nisman el 18 de enero de
2015, en condiciones aún no esclarecidas, repercutió directo en la todavía
gestión kirchnerista, en el inicio de un año de elecciones presidenciales. El
fiscal debía asistir el día siguiente al Congreso para explicar los motivos de
su denuncia. Pero nunca pudo hacerlo. La noche previa apareció muerto en su
departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.
En el escrito que presentó en el juzgado de Ariel Lijo,
entonces de vacaciones, Nisman planteó que el entonces gobierno se "valió
de una diplomacia para-estatal integrada por personal de la Secretaría de
Inteligencia, por el diputado nacional Andrés Larroque, los dirigentes Luis D
Elía y Fernando Esteche y el referente comunitario y vínculo directo con Irán,
Jorge Khalil".
Una denuncia
diferente
A menos de dos meses de los comicios generales que definirán
la elección legislativa bonaerense, en la que será candidata a senadora
nacional, la ex mandataria podría tener que regresar a los tribunales para
declarar y exponerse a un nuevo procesamiento.
Sería el primer expediente que llegara a esa instancia
vinculado a decisiones de su Gobierno que no tuvieron un impacto económico
directo ni estuvieron ligadas a sospechas de corrupción. Es el costado político
de la denuncia de Nisman el que afecta directamente a Cristina. Y la muerte
casi inmediata del fiscal la ubica, desde hace dos años y medio, en la mira de
buena parte de la opinión pública, como eventual autora intelectual de lo que
muchos denominan fue un crimen.
El caso Nisman, con su doble camino judicial, significó para
el kirchnerismo cambios determinantes en su estructura. El 19 de diciembre de
2014, un mes antes de que el fiscal muera, Presidencia ordenó desplazar de su
cargo al histórico espía de la ex SIDE, Antonio Stiuso, indicado como un asesor
clave de Nisman en la investigación por AMIA que el titular de la Unidad Fiscal
llevaba adelante.
"Stiuso no trabajaba para Nisman. Nisman era rehén de
Stiuso", fue la frase que surgió de fuentes oficiales poco después de que
se conociera la noticia de la muerte del fiscal y que se vinculara al ex agente
con la misma. Quienes abonan la teoría de que Stiuso fue quien orquestó un
asesinato de Nisman creen que lo hizo en represalia por la decisión de
removerlo que el gobierno de Cristina Kirchner había tomado poco antes.
Con cuatro décadas trabajando como espía, Stiuso había
adquirido un poder desmesurado durante la presidencia de Néstor Kirchner, al
punto que Gustavo Beliz, ministro de Justicia que se atrevió a denunciarlo y
mostrar una fotografía suya en televisión, debió dejar su cargo. Cristina
desactivó el reinado Stiuso.
En febrero de 2015, un mes después de la muerte de Nisman,
la ex presidenta decidió también que la entonces Secretaría de Inteligencia se
convirtiera en la Agencia Federal de Inteligencia y, con dotación
presupuestaria actualizada, pasara a depender de Oscar Parrilli, justamente el
hombre con el que dialogó sobre la relevancia del expediente que se formó a
partir de la denuncia del fiscal.
"La más grave". Lo dijo Cristina, lo reconoció
Parrilli, lo piensa la Justicia, que parece decidida a avanzar en una causa
caliente, bastardeada como pocas en Comodoro Py hasta que no hubo más margen
para rebajarla y, presión mediática de por medio, se decidió reactivarla.
A 50 días de una elección en la que puede ser electa
senadora y recuperar los estratégicos fueros, Cristina sabe que su peor
pesadilla judicial la persigue de nuevo.
Las principales
causas contra CFK
- Dólar futuro.
Bonadio la procesó por "administración infiel con perjuicio al
Estado" porque durante su Presidencia se tomó la decisión de vender
dólares en el mercado de futuros a un precio bajo que, tras la devaluación del
macrismo, iba a obligar al Estado a pagar una gran diferencia a los
compradores. Se estima un perjuicio de $ 76.000 millones al Banco Central.
- Los Sauces. También
la procesó Bonadio, por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y
lavado de dinero. Se trata de la causa en la que desde la sociedad inmobiliaria
del clan Kirchner en Santa Cruz, se recibían pagos de alquileres, en concepto
de coimas, de empresarios afines como Lázaro Báez y Cristobal López.
- Obra Pública. El
juez Ercolini la procesó como supuesta integrante de una asociación ilicita que
habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de Néstor Kirchner, para la
adjudicación de obra pública en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Baéz.
- Hotesur. Ercolini la
citó a declarar y deberá presentarse en Comodoro Py el 9 de noviembre. Se
acusa, a ella, a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner, y a Báez, de lavar
dinero con el alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate que nunca se
utilizaron.
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