La excanciller Delcy
Rodríguez fue seleccionada
como presidenta del órgano legislativo.
Los miembros de la Asamblea Constituyente posan frente al Parlamento. (Foto: AP) |
Por Ewald Scharfenberg
Con el traslado de dos inmensos retratos —uno con la imagen
oficial del Libertador Simón Bolívar, y el otro con la del "comandante
eterno", Hugo Chávez—, el chavismo quiso simbolizar el afán de
restauración y revancha que inspira la instalación de la Asamblea Nacional
Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro e inaugurada este
viernes en la tarde en Caracas.
"Volvió, volvió", coreaban los más de 500
diputados chavistas mientras atravesaban la entrada principal del Palacio
Federal Legislativo. Llegaban caminando desde la cercana Plaza Bolívar,
portando con ellos las dos imágenes con la devoción que se dedica a las
reliquias. Ambas presidían las plenarias de la Asamblea Nacional que la
Revolución controló de manera absoluta durante una década, pero fueron
removidos de allí cuando en enero de 2016 empezó una nueva legislatura de
mayoría opositora.
Sin hallar resistencia, los miembros de la Constituyente,
leales al Gobierno, trajeron los cuadros al Salón Elíptico de la sede
ceremonial del Parlamento, en pleno casco histórico de la capital venezolana.
Ya habían desplazado de ese espacio a los diputados de la Asamblea Nacional,
ausentes. Pero llegan además con la misión explícita de disolver ese poder,
despojar a sus adversarios de su fuero de inmunidad y poner a algunos de ellos
en prisión. Para llevarla a cabo, algunos de los miembros de la Constituyente
apenas cuentan con el mandato de 1.000 votos, como se reveló en la víspera que
ocurrió con los representantes del llamado sector empresarial.
La excanciller Delcy Rodríguez fue seleccionada como
presidenta de la Constituyente, acompañada en la directiva por los exvicepresidentes
de la República en las gestiones de Hugo Chávez, Aristóbulo Istúriz e Isaías
Rodríguez. La ex ministra de Relaciones Exteriores, hermana del influyente
alcalde del Municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, aliado cercano
del presidente Maduro, surgió como fórmula de consenso por un cargo al que
aspiraban la esposa de Maduro, Cilia Flores, y el número dos del chavismo,
Diosdado Cabello.
Delcy Rodríguez tomó juramento al resto de sus colegas. En
la ceremonia no estuvieron ocupados los 545 asientos del cuerpo deliberativo.
El día anterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el oficialismo acordaron
repetir las elecciones en dos municipios de los Andes, lo que compromete siete
curules.
"¿Juran ustedes defendernos de las agresiones imperialistas,
de la derecha traidora?", preguntó retóricamente Rodríguez a los
diputados. Un poco más tarde, en su discurso inicial, la presidenta de la
Constituyente pidió a sus colegas agradecer al convocante "Nicolás Maduro,
que hoy se hizo gigante". Maduro no asistió al evento, en un gesto para
escenificar la soberanía e independencia de la nueva Asamblea frente a los
poderes constituidos.
"Vinimos aquí no a destruir nuestra Constitución, sino
a eliminar todos los obstáculos que nos han impedido materializar algunos de
sus avances", aseguró Rodríguez. Con ello no solo ratifica el propósito de
arrase de la resistencia que anima este proceso, sino que, sobre todo, responde
las críticas de sectores disidentes del chavismo que han hecho distancia pública
de la Constituyente, señalando que se pretende aniquilar la Constitución
“original” de Chávez —la vigente, que data de 1999— para perpetuar en el poder
a Maduro y los suyos.
Rodríguez advirtió también a la oposición que "esta
Constituyente llegó para hacer justicia", puntualizando que sus líderes
correrán con las consecuencias "si no se deciden a hacer acción
política". Dijo que desde el sábado empezarán a tomar medidas: "No se
sorprendan porque ya llegó el poder Constituyente". La primera sesión
regular se iniciará a las diez de la mañana del sábado 5 de agosto.
En horas de la madrugada, agentes de la Guardia Nacional
habían forzado la entrada al Salón Elíptico, para tomarlo de manera temprana y
evitar que los diputados opositores de la Asamblea Nacional (AN) obstaculizaran
la ceremonia. Se trata del lugar protocolar donde reposa el acta original de la
Independencia, suscrita en 1811. Pero la incursión resultó innecesaria. Por una
parte, el director de Protocolo de la AN había dicho un día antes que colaboraría
con la instalación de la Constituyente. Por la otra, los parlamentarios
afiliados a la alianza opositora, Mesa de Unidad Democrática (MUD), prefirieron
integrarse a la marcha de protesta convocada desde temprano y que intentaba
alcanzar, desde varios puntos del este de Caracas, la sede de la Asamblea
Nacional.
Al momento de redactar este despacho, la marcha acababa de
comenzar. Las fuerzas de seguridad en Venezuela
han comenzado a dispersan con gases lacrimógenos a los manifestantes que se dirigían al
Palacio Federal Legislativo en Caracas.
Con la instalación de la Constituyente, el chavismo
desatendió las resistencias de buena parte de la comunidad internacional y una
exhortación de última hora llegada desde el Vaticano, en la que se solicitaba
suspender la puesta en vigor de un mecanismo que viene a complicar aún más la
crisis política de Venezuela.
EL SUPREMO OPOSITOR
ESCOGE EL EXILIO
La Embajada de Chile en Venezuela informó este viernes que
recibió en su sede en Caracas a un sexto magistrado, integrante del Tribunal
Supremo de Justicia “paralelo” que la Asamblea Bacional de mayoría opositora
designó hace dos semanas. Se trata del abogado Luis Marcano Salazar, quien,
como otros cinco colegas, se refugió en la legación diplomática chilena en
busca de asilo político.
El Canciller Heraldo Muñoz confirmó desde Santiago de Chile
la información. “El Gobierno de Chile actuará en esta materia de acuerdo con
los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior”, se
limitó a decir el ministro.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Panamá anunció que había
concedido asilo político a los magistrados Gustavo Sosa Aguirre y Manuel
Espinoza Melet. En un comunicado, la cancillería panameño reconoció que ambos
juristas solicitaron protección al entrar “hace varios días” a la residencia y
misión diplomática de ese país en Caracas.
El parlamento de mayoría opositor nombró el 21 de julio 33
magistrados en sustitución de los jueces designados, de forma ilegal -según el
nuevo legislativo- , por la Asamblea Nacional chavista en diciembre de 2015.
La designación no fue reconocida ni por el Gobierno de
Nicolás Maduro ni por el Supremo en funciones, leal al oficialismo, que
prometió sancionar a los recién nombrados.
Un magistrado, Ángel Zerpa Aponte, ya está en prisión.
Además de los otros seis refugiados en la embajada de Chile, el juez de la Sala
Penal Alejandro Rebolledo se llegó al exilio en Estados Unidos.
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