Tras la constituyente
y el reingreso a prisión de dos líderes,
no encuentra salida a la crisis del
país caribeño.
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| Enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Caracas, el último domingo. (Foto: Meridith Kohut para Tne New York Times) |
Por Nicholas Casey
Apenas hace un año y medio, la oposición en Venezuela pasaba
por su mejor momento y se encontraba en la cima de su poder. Había tomado el
control de la Asamblea Nacional después de años de haber sido aventajada por el
chavismo en ese órgano. Estaba planeando nuevas leyes, la liberación de presos
políticos y reformas que tenían como objetivo sacar a Venezuela de su crisis
económica. Tenía el ojo puesto en la presidencia para 2018.
Pero con la polémica votación de este domingo, el presidente
venezolano Nicolás Maduro acabó con cualquier desafío político que la oposición
pudiera representar para él en los próximos años. Hacia la medianoche, se
certificó la creación de un nuevo organismo político, la Asamblea Nacional
Constituyente, que tendrá la potestad de reescribir la Constitución para
favorecer a Maduro y darle el poder para deshacerse de cualquier fracción del
gobierno que parezca desleal.
Y la madrugada del martes, familiares de dos figuras
destacadas de la oposición, Leopoldo López y Antonio Ledezma, publicaron en
Twitter que oficiales de seguridad sacaron a ambos hombres de sus casas, donde
cumplían condenas bajo arresto domiciliario.
Fue un golpe dramático a la oposición venezolana en su larga
búsqueda para recuperar el control del país después de que el descontento
popular llevó a Hugo Chávez a la presidencia en 1999. Desde que los políticos
se unieron a los militares para respaldar un fallido golpe de Estado en 2002
—que alentó a Chávez deshacerse de sus adversarios— la oposición venezolana no
había estado en un punto tan bajo.
“Jugaron todas sus cartas y las jugaron bien”, dijo
Christopher Sabatini, un experto en política exterior en la Facultad de Asuntos
Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, al hablar sobre los
intentos de la oposición por detener a Maduro este año. “Pero ahora todos sus
canales de representación y de mediación se han evaporado”.
La decisión de Maduro de hacer a un lado a sus adversarios
los deja en una encrucijada, de acuerdo con algunos analistas. Después de
haberlo intentado por años, su victoria en las urnas en las legislativas puso a
la oposición en un cargo en el que debía intentar contener la ira popular en
las calles, donde algunos venezolanos insisten en que la mejor forma de
confrontar al presidente Maduro es la violencia.
En los últimos meses, han muerto más de 120 personas en las
manifestaciones; el domingo, cuando se realizó la votación de los integrantes
de la constituyente, fue el día en el que hubo más muertes.
Para el lunes, con la situación más asentada y cuando los
manifestantes regresaban a sus casas, los asambleístas de la oposición pedían
mantener la calma; dijeron que no contraatacarían aun si la nueva asamblea
constituyente los obligara a abandonar el recinto legislativo, como están
pidiendo muchos chavistas.
“Si toman por las armas, como suelen hacer, el Palacio
Federal, nosotros podemos hacer sesiones en otros sitios”, dijo Henry Ramos
Allup, un destacado legislador de la oposición que hasta hace poco era
presidente de la Asamblea Nacional.
Maduro también ha sentido cómo aumenta la presión: la tarde
del lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo agregó a la lista de
funcionarios venezolanos sancionados, congeló sus bienes en Estados Unidos y le
prohibió a los estadounidenses hacer negocios con el mandatario.
Sin embargo, mientras la Casa Blanca ha mostrado su apoyo en
los últimos días a la oposición venezolana, las sanciones fueron más débiles
que las penalizaciones económicas con las que amenazó a Maduro antes de que se
realizara la votación del domingo. Ahora el presidente venezolano es uno de
solo cuatro mandatarios que tiene este tipo de sanciones; los otros son Bashar
al Asad de Siria, Kim Jong-un de Corea del Norte y Robert Mugabe de Zimbabue.
“Las elecciones ilegítimas de ayer confirman que Maduro es un dictador que
ignora a la voluntad del pueblo venezolano”, señaló Steven Mnuchin, secretario
del Tesoro de EE. UU., en un comunicado el lunes.
La tibia respuesta estadounidense dejó a muchos adversarios
de Maduro evaluando cuál será su futuro con la asamblea constituyente. Entre
ellos, la fiscala general Luisa Ortega, una chavista que se rebeló contra
Maduro este año al tildar sus manifestaciones de represivas y al voto
constitucional de ilegal. La noche del domingo, el presidente dirigió desde un
escenario consignas en contra de Ortega y dijo que la constituyente la
destituiría pronto.
Ortega se mantuvo desafiante. “Es una burla al pueblo y a su
soberanía”, apuntó sobre la votación. “Ahora veremos un poder absoluto en manos
de una minoría”.
Marco Bozo, un diputado del partido opositor Primero
Justicia, parecía haber aceptado que la Asamblea Nacional sería remplazada en
los próximos días y que las alternativas de la oposición eran limitadas.
“Ya hemos estado resistiéndonos”, dijo. “Seguiremos
organizando las protestas en las calles”.
Aunque estas se han vuelto un factor incierto, pues las
exigencias de que haya elecciones se han juntado con las preocupaciones sobre
la falta de comida y medicinas y ha dejado así una agitación cada vez más
generalizada. Aunque los políticos de la Mesa de la Unidad Democrática
encabezan el movimiento de protestas, muchos temen ser suplantados por
elementos más radicales si su papel político es debilitado.
A los venezolanos les tocó ver algo al respecto el 27 de
junio, cuando un policía tomó control de un helicóptero y sobrevoló edificios
del gobierno, como el Tribunal Supremo de Justicia.
Nadie resultó herido en el ataque, pero el piloto, Oscar
Pérez, se ha vuelto una figura heroica para algunos de los opositores de
Maduro. Frecuentemente publica videos con mensajes llamando a la rebelión y en
julio apareció durante un mitin de la oposición en el que fue recibido con
vítores.
Riordan Roett, director del programa de Estudios
Latinoamericanos de la Universidad Johns Hopkins, dijo que tales acciones solo
favorecen a Maduro, quien califica a sus rivales como terroristas y ha indicado
que preferiría usar las armas que negociar con políticos de la oposición a
través de mediadores.
“Los chavistas van a castrar a la oposición democrática y
van a adoptar medidas más draconianas para la oposición radical”, dijo Roett.
No obstante, puede que las acciones de Maduro también hayan
resultado en la radicalización de moderados dentro de la oposición y que varios
votantes harán lo mismo.
El 16 de julio, dos semanas antes de la elección de los
constituyentes, la Mesa de la Unidad Democrática llevó a cabo un plebiscito a
modo de protesta en el que los votantes rechazaron masivamente a Maduro y a la
Asamblea Nacional Constituyente. Una de las tres preguntas presentadas en la
consulta era si el ejército venezolano debe “defender” la Constitución actual y
“respaldar las decisiones” de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo;
algunos interpretaron ese tema como una manera de tomar el pulso a una posible
intervención militar.
“Ese tipo de pregunta hace recordar a Pinochet en 1973”,
dijo Sabatini, de la Universidad de Columbia, en referencia a la violencia
después del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende.
Por su parte, los legisladores de la oposición parecen
estarse alistando para su nuevo rol como movimiento de protesta ya que se les
remuevan los poderes legislativos.
“Estamos actuando por medio de las marchas”, dijo Milagro
Valero, legisladora de la ciudad de Mérida.
Aunque, dado que el gobierno comenzó a prohibir las
manifestaciones callejeras el fin de semana de la votación constituyente, no
queda claro si esa opción siquiera será viable.
Ana Vanessa Herrero y Patricia Torres reportaron desde Caracas,
Venezuela.
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