La procuradora está
acusada de irregularidades en la compra de un inmueble donde funciona el
organismo
del que ella es titular.
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| Procuradora Alejandra Gils Carbó |
Judiciales - La procuradora
Alejandra Gils Carbó admitió este jueves ante la Justicia que hubo "un
negocio oculto" en la compra de un edificio del Ministerio Público
mediante el pago de una "comisión indebida", aunque negó haber tenido
conocimiento de la maniobra que culminó con el pago de una comisión millonaria
a un hermano de un funcionario del Ministerio Público.
Gils Carbó pasó más de tres horas ante el juez federal
Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, acusada de ser parte de una
supuesta maniobra para favorecer a los agentes inmobiliarios que vendían el
inmueble de la calle Perón 667 por $ 43 millones, donde actualmente funciona la
oficina de la funcionaria.
"Jamás advertí ninguna irregularidad ni la advierto
ahora. Nada me llamó la atención porque ganó el inmueble de mejor precio, más
de 20 funcionarios de distintas áreas aprobaron todo, el edificio llenaba todas
las condiciones necesarias y el precio era inferior a la cotización
oficial", sostuvo Gils Carbó, que enumeró los motivos de su inocencia ante
el juez.
Frente a frente, se respiró un clima formal, pero cordial
durante su exposición, que duró casi dos horas. Gils Carbó aclaró que iba a
responder todas las preguntas que fueran necesarias, pero que debía terminar la
indagatoria antes de las 15 porque tenía programado un encuentro con un
representante de la ONU por el caso de Santiago Maldonado. Habló con tono
pausado y hasta se animó a desplegar un cuadro para explicar su postura,
mientras tomaba un té.
Cuando terminó su exposición, su abogado Alejandro Rúa (el
mismo que Cristina Kirchner), el fiscal y el juez le hicieron menos de diez
preguntas. A las 14 ya estaba fuera del edificio.
Taiano había pedido su indagatoria al sospechar que su jefa
había simulado una licitación que no fue tal y había recibido
"dádivas" por la compra del edificio.
"No intervine para nada en la redacción del pliego. Yo
sólo aprobaba lo que la asesoría jurídica me decía que era correcto", se
defendió la titular del Ministerio Público.
Gils Carbó cargó toda la responsabilidad por el
"negocio oculto" en Guillermo Bellingi, subdirector de la
Procuración, el funcionario que llevó adelante la licitación y cuyo medio
hermano cobró una millonaria comisión después de cerrar la operación.
"Cuando nos enteramos del negocio oculto de Thill,
sufrimos, nos sentimos defraudados. Estimo que los titulares de las áreas,
funcionarios de carrera, no pudieron detectarlo. Si sacamos el negocio oculto
de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite",
confesó la funcionaria. Y agregó que apenas se enteró de esta maniobra
suspendió al funcionario en la procuración.
La Justicia deberá determinar la situación procesal de la
jefa de los fiscales. Será clave en la causa establecer el grado de cercanía de
la funcionaria con Bellingi, un funcionario de alto rango del Ministerio
Público que la propia Gils Carbó llevó a trabajar a ese lugar por
recomendación.
Cuando la citó a declarar como acusada, el juez Ercolini
sostuvo que "existe motivo bastante para sospechar" que Gils Carbó y
Bellingi "diagramaron un complejo entramado" para simular una
licitación que estuvo direccionada.
Bellingi es medio hermano de Thill, el hombre que cobró $ 3
millones de comisión después de esta operación, a pesar de que no tenía
experiencia en el rubro inmobiliario. En total, se pagaron $7.5 millones en
comisiones, lo que representa "un porcentaje inusual y significativamente
superior al utilizado en el mercado inmobiliario", alertó el juez.
Gils Carbó tuvo la oportunidad ayer de defenderse. "Me
parece risible la hipótesis de que pueda haber compartido los beneficios de la
comisión indebida que figura que cobró Thill, quien supe que tiene en su cuenta
la mitad de esos fondos", lanzó la procuradora.
Gils Carbó argumenta que la licitación fue real, que ganó el
mejor precio y que se pagó por el edificio un monto menor al de la tasación.
Asegura también que la comisión la pagó la parte vendedora -Arfinsa SA-, no el
Estado, y que entonces no hay perjuicio a las cuentas públicas.
El juez Ercolini no comparte ese criterio al considerar que
"esa sideral suma de dinero repartida entre los supuestos
intermediarios" la entregó la vendedora "a partir de lo que
percibiera por la enajenación del inmueble". Por eso ,"en definitiva,
se trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal".
Informe: LN
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