Los congresistas opositores
podrán seguir sesionando pero
no contarán con presupuesto para su
funcionamiento.
Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, quiere subordinar a la Asamblea Nacional. |
Venezuela - La
cuestionada Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, que rige en Venezuela con
poderes absolutos, acordó este viernes por unanimidad asumir competencias del
Parlamento, hasta ahora controlado por la oposición.
Los constituyentes oficialistas votaron la medida que les
permite "legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar
la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema
socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los
derechos de los venezolanos".
El decreto también los autoriza a dictar actos
parlamentarios en forma de ley pero no impide a los congresistas continuar
sesionando.
La Constituyente emitió el decreto luego de que la Asamblea
Nacional se negó a comparecer ante el nuevo cuerpo al que considera
"fraudulento".
"Le daremos una lección histórica", dijo la
presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al criticar la
decisión del Congreso de no subordinarse al nuevo cuerpo.
La mayoría opositora de la Asamblea Nacional anunció en un
comunicado que no comparecería el viernes ante la Constituyente, tal como lo
hicieron en los últimos días los representantes de otros poderes, para lograr
la ratificación en sus cargos.
"Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la
constitución de 1999", indicó el Congreso en un escrito en el que acusó al
nuevo cuerpo de actuar como un "poder de facto" y de ser la expresión
de la "naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás
Maduro".
En el comunicado los congresistas opositores hicieron un
nuevo llamado a las fuerzas armadas para "defender" a la
constitución.
La Constituyente, integrada por 545 miembros oficialistas,
se instaló el 4 de agosto tras unas elecciones en las que según el Consejo
Nacional Electoral (CNE) participaron ocho millones de electores.
Los comicios fueron cuestionados por opositores y la empresa
de tecnología informática Smartmatic, que provee servicios al CNE, que denunció
la supuesta manipulación de los resultados.
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