RUMBO A LAS PASO / Por suerte, no echaron a De Vido

Por Gustavo González

En realidad, Mauricio Macri estuvo en contra desde el principio de que se lo echara de Diputados. Le parecía injusto que alguien que había sido elegido democráticamente fuera despedido por sus pares.

Creía que, por más rechazo moral que sintiera, se debía respetar la decisión de los votantes que lo hicieron diputado.

También Esteban Bullrich se mostró tajante: “Todos los que cometieron delitos deben ser condenados, pero debe ser la Justicia la que los condene, que es la encargada de juzgar en una democracia representativa”.

Como contrapartida, el kirchnerismo siempre estuvo a favor de votar su expulsión. Esa es la verdad. Por lo menos en 2005 ésa era la verdad.

Aquel año, Macri, Bullrich y los otros miembros del PRO perdieron la votación contra la amplia mayoría peronista, y Luis Patti terminó siendo expulsado. El ex comisario había obtenido 400 mil votos y no se le permitió asumir su banca.

En aquel tiempo, el PRO contaba con pocos legisladores y no logró imponer una lógica según la cual, aun siendo muy probable que Patti fuera condenado por delitos aberrantes cometidos durante la dictadura, los diputados no podían anticiparse a un fallo que aún no existía. No se trataba sólo de lógica jurídica, sino institucional: prohibirle a alguien que ocupe un cargo para el que fue electo porque una mayoría circunstancial así lo decide, y sin mediar una condena judicial, puede colocar a cualquier minoría en posición de indefensión por el simple hecho de no contar con los legisladores suficientes para defenderse políticamente.

Los argumentos que esta semana esgrimió el PRO se parecieron mucho a los que el kirchnerismo utilizó para echar a Patti. De la misma forma que los argumentos que ahora usó el kirchnerismo para rechazar el despido de De Vido se asemejaron a los del PRO en aquel momento.

Es que la verdad se volvió tan relativa últimamente.

El fin y los medios. ¿Cuál de los dos PRO es más genuino? ¿Cuál de los dos kirchnerismos lo es? ¿O es que la política en general y la campaña electoral en particular convierten a todos en sofistas capaces de demostrar una hipótesis con la misma vehemencia con la que tiempo después se demuestra la contraria?

Puede que el Gobierno supiera de entrada que no tendría los votos suficientes para echar a De Vido y que aun así siguiera adelante para reinstalar una vez más el tema de la corrupción y lastimar a un adversario que es experto en la materia. Y hasta puede ser entendible la desesperación electoral de un partido por vencer en octubre a una candidata que dejó el poder con 30% de pobres. Pero hasta qué punto eso justifica hacer algo en lo que el PRO antes no creía.

Ricardo Alfonsín piensa que “el fin no justifica los medios ni podemos convertirnos en caníbales”. Asegura que le teme tanto “a la corrupción como a la violación constitucional, el imperio de la ley no es para respetarlo sólo cuando la ley nos conviene”.

El artículo 66 de la Constitución es el que dice que se puede expulsar a un miembro del cuerpo “por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por inhabilidad física o moral”.

El problema es que, en este caso, esa “inhabilidad moral” se refiere a la supuesta comisión de delitos de “corrupción”. Son acusaciones concretas que recién se convertirán en delitos cuando la Justicia las corrobore.

No es lo mismo que cuando en 2002 se echó a la diputada peronista Norma Ancari por insultar a periodistas. También sería debatible esa expulsión, pero al menos se trataba de un hecho que no requería un proceso probatorio (además, sus palabras habían quedado grabadas en un video).

En marzo de 2003, el kirchnerismo, de la mano de Diana Conti y Cristina Kirchner, intentó echar a Luis Barrionuevo del cuerpo. La lógica que siguió fue la que ahora critica y la que enarbola el PRO: el sindicalista estaba inhabilitado moralmente para ser diputado por “quemar urnas en Catamarca para impedir una elección”. El punto, otra vez, era que se trataba de una denuncia no probada por la Justicia. Barrionuevo siguió en su cargo.

Justicia por mano propia. Uno de los legisladores que votó contra De Vido sintetizó la lógica oficial: “Debe ser echado por corrupto, esto no va en contra de lo que luego pueda fallar la Justicia”. El razonamiento lleva implícita su propia refutación: “De Vido debe ser echado por un delito que todavía no lo es”. Es la negación de un principio aristotélico clásico: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Una persona no puede ser culpable de cometer un delito y al mismo tiempo no ser culpable. Porque la única forma de que en este sistema político un delito sea tal es a través de un fallo judicial. Sí puede alguien estar acusado y aún no estar condenado. Sí puede alguien haber sido El Cajero de una matriz corrupta estatal sustentada en la obra pública durante 12 años y sólo es cuestión de tiempo para que vaya preso.

También alguien puede haber robado y que la Justicia nunca consiga las pruebas suficientes para probarlo y, por el viejo axioma de que se es inocente si no se demuestra lo contrario, no ir a la cárcel. Esta última opción habrá sido la que llevó a un legislador que apoyó la destitución a decir: “Si esperamos los tiempos de la Justicia, entonces no actuamos nunca”.

Los periodistas estamos tan agrietados que tenemos un poco quebrado nuestro pensamiento crítico, porque el colega que lo entrevistaba siguió preguntando como si no hubiera escuchado a un legislador diciendo que no se debía esperar los fallos de la Justicia para actuar. Eso se llama “justicia por mano propia” y se lo considera un delito. Lo mismo que la instigación.

Si nos guiáramos por el razonamiento de ese legislador de Cambiemos de actuar antes que la Justicia, Macri habría sido echado como jefe de Gobierno porteño cuando se lo procesó por escuchas ilegales. Y, claro, nunca hubiera podido asumir como presidente. Habría sido un error, en particular porque seis meses después de haber asumido, la Justicia lo halló inocente.

Y Cristina, procesada por delitos varios, podría ser destituida apenas jure como senadora, si el oficialismo cuenta entonces con los votos necesarios. Es de esperar que el Gobierno no vuelva a caer en esa tentación.

Desde dónde se dice. Si alguno llegó hasta esta línea superando la cerrazón que a veces provocan las pasiones, es tiempo de aclarar algo que no debería ser necesario para que un argumento sea válido: desde 2003, como director de la revista Noticias y a cargo de un equipo que enfrentó a la corriente dominante de la época, investigamos la corrupción K. La primera tapa de De Vido se publicó en octubre de aquel año y se tituló “El Cajero”. Fue hace catorce años y se hablaba de lo mismo que esta semana se habló en el Congreso. Le siguieron hasta hoy decenas de tapas y notas sobre él y otros funcionarios y amigos de los Kirchner. Lo mismo hizo este diario desde que apareció en 2005. Hagan memoria: ¿había muchos otros medios, políticos, jueces, empresarios, intelectuales, reclamando lo mismo? ¿Recuerdan muchas manifestaciones en las calles protestando por la corrupción?

Los periodistas también podemos estar convencidos y pretender tener pruebas suficientes para demostrar que un funcionario robó, pero el veredicto lo debe dar la Justicia.

¿Que hubo jueces y fiscales cómplices de esos delitos al no investigarlos a tiempo y como correspondía? No les quepa duda, al igual que hubo complicidad por acción o inacción en muchos sectores sociales. Pero en este sistema de convivencia, la única forma de condenar o absolver a alguien es a través del Poder Judicial.

Esta vez el Gobierno estuvo a apenas veinte votos de ir por encima de ese poder. Tuvo suerte de no lograrlo.

Si lo que se pretende es mostrar ante los argentinos y el mundo que ahora gobiernan personas respetuosas de leyes e instituciones, que no aprietan a los jueces ni se dejan apretar por ellos, que no cambian su verdad según la conveniencia, pasó lo mejor que pudo pasar. Imagínense lo feo que sería para quien piense invertir aquí descubrir que este gobierno, en el fondo, no es muy distinto que el anterior y el anterior y el anterior. Y que, en definitiva, el problema no es quién gobierna, sino el gen argentino.

Imagínense lo triste que sería para todos descubrir eso.

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