La elección de
delegados para una Asamblea Constituyente acabará con el Parlamento de mayoría
opositora que
los venezolanos votaron hace menos de dos años
Por Francesco Manetto
y Alfredo Meza
El régimen de Nicolás Maduro ha consumado su plan. La
elección de delegados para una Asamblea Nacional Constituyente, convocada con
reglas del juego que favorecen al chavismo, acabará este domingo con el
Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años.
Es decir, con el único contrapoder del país.
Se trata de una decisión que ni
los partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD),
ni la presión de Estados Unidos, la UE y muchos países de la región han logrado
detener y que amenaza ahora con perpetuar la deriva autoritaria del Gobierno.
La nueva Cámara se constituirá la primera semana de agosto.
Maduro ha decidido pegar un brinco hacia el vacío. La nueva
Cámara reconfigurará la lucha de poder dentro del chavismo y va a enfrentar a
Venezuela a una situación inédita en su historia contemporánea: el
desconocimiento casi absoluto de la comunidad internacional a las leyes que
apruebe esa instancia. El primer paso lo ha dado Colombia. El presidente Juan
Manuel Santos aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios porque
tienen “un origen ilegítimo”. Esta circunstancia dejaría al régimen tan aislado
como alguna vez estuvo la Cuba castrista, su faro moral.
“Permitirle a Maduro avanzar con su Asamblea Constituyente
sería trágico para Venezuela”, dice José Miguel Vivanco, director para las
Américas de Human Rights Watch. “Le permitiría no sólo perpetuarse en el poder,
sino contar con un séquito de seguidores que se encargarán rápidamente de
desmantelar las pocas instituciones independientes que quedan en pie, como la
Asamblea Nacional o el ministerio público, suspender elecciones y continuar con
el espiral de violencia y represión”.
¿Cómo se gestó esa decisión? El 1 de mayo, cuando se cumplió
un mes de las protestas opositoras, que aún no han cesado y en las que han
fallecido más de 100 personas, Maduro convocó al llamado “poder originario” en
una huida hacia adelante. Con la amenaza de liquidar a sus adversarios de la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) y a los desertores de su propio bando, como la
fiscal general Luisa Ortega Díaz, el régimen esperaba aplacar las
manifestaciones contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que
despojaban al Parlamento de sus atribuciones. La MUD no aceptó la oferta de
Maduro.
El Gobierno fijó estas elecciones tras negarse a autorizar
el referéndum revocatorio solicitado por la oposición y posponer las elecciones
regionales. Pero la oferta encerraba una trampa. Las bases comiciales de la
Constituyente permitían al chavismo, que hoy es minoría, repartir entre los
sectores afines un tercio de la Asamblea y sobrerrepresentar las provincias más
rurales del país, donde conserva la mayoría de sus apoyos. Las fuerzas
opositoras no presentaron candidatos y Maduro trató de presentar esa decisión
como una prueba de que solo quieren derrocarle. Pero el excandidato
presidencial Henrique Capriles afirmó lo contrario: “Nosotros hicimos todo para
que este Gobierno entrara en razón y no lo hicieron. Ellos todavía viven de la
imagen del presidente [Hugo] Chávez. Les toca dejar de esconderse detrás de
Chávez y asumir la responsabilidad”.
A pesar de ello, hasta última hora el Gobierno intentó
suspender su propia propuesta, dice Ángel Oropeza, coordinador del equipo político
de la MUD: “El presidente se sentía atrapado en su propio invento, al que apeló
para escapar de una consulta popular, y no sabía cómo salirse de él”. A través
de sus emisarios, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, excanciller y alcalde
de Caracas, respectivamente, y con la mediación del expresidente del Gobierno
español José Luis Rodríguez Zapatero, presentaron varias ofertas. Pero hasta el
viernes no hubo posibilidad de lograr un acuerdo.
“Un Gobierno
fracturado”
“Se hicieron todos los esfuerzos, se les planteó la
inconveniencia de llevar adelante esta propuesta. Pero el Gobierno no es
homogéneo. Cuando creíamos que habíamos logrado un consenso resulta que la otra
ala del régimen, representada por el grupo que tiene más cuentas pendientes con
la justicia, se negaba a aceptar cualquier acuerdo. Ese es el problema de
negociar con un Gobierno que está fracturado”, dice Oropeza.
Oropeza cree que la Constituyente es la oportunidad que
siempre ha estado esperando Diosdado Cabello, el número dos del régimen, para
retar el poder de Maduro. De todos los aspirantes, el poderoso vicepresidente
del Partido Socialista Unido de Venezuela fue el más entusiasta en la campaña.
Recorrió el país, prometió que la institucionalidad surgida de la nueva
Constitución liquidaría la oposición y los tránsfugas del chavismo. Cabello
aspira a presidir esa nueva instancia. Si lo logra, es muy probable que termine
convertido en el presidente de facto.
Nadie, en cualquier caso, se muestra dispuesto a ceder y las
perspectivas comienzan a ser cada vez más inciertas sobre Venezuela. Oropeza
visualiza que las expectativas de Maduro de ponerle la lápida a la crisis
venezolana no van a ser satisfechas. “Esto va a ser mucho peor. Nos
adentraremos en el terreno de la ingobernabilidad. Ojalá que las soluciones
lleguen antes de que sigan cayendo las víctimas”.
Vivanco considera que “la única solución para evitar este escenario
es que continúe la fuerte presión en las calles a través de masivas
manifestaciones pacíficas, de la mano de una presión internacional y
multilateral cada vez mayor que implique, por ejemplo, la adopción de sanciones
dirigidas contra funcionarios venezolanos que estén implicados en graves
violaciones de derechos humanos”. La semana pasada, más de 100 congresistas
colombianos y chilenos presentaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya
una denuncia que responsabiliza a Caracas de crímenes como el “asesinato por
instigación directa e indirecta” o “la privación del acceso a alimentos o
medicinas”. Vivanco opina que “quienes cometen los gravísimos abusos que
ocurren en Venezuela hoy deben saber que, tarde o temprano, rendirán cuentas
por sus actos”.
El rechazo a las elecciones de hoy no proviene solo de la
MUD. La Constituyente ha evidenciado una fractura dentro del chavismo. La
fiscal general acusó abiertamente a Maduro de traicionar el legado de Chávez. Y
figuras como Nicmer Evans, del Movimiento por la Democracia y la Inclusión,
también rechazan la convocatoria. “Estamos pidiéndole al presidente Maduro que
se establezca un proceso de negociación para que su renuncia permita que se
vaya por la puerta de delante y que esa renuncia, que está en el marco de la
Constitución, nos pueda permitir de manera absolutamente certera generar un
proceso democrático de reorganización de las instituciones a partir de la
convocatoria de una elección presidencial”, concluye.
Una política
económica que ha sumido al país en la ruina
La profesora de Filosofía Política de la Universidad Simón
Bolívar Colette Capriles piensa, por el contrario, que el Gobierno utilizará la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como una manera de negociar la
supervivencia diaria de Nicolás Maduro, cuyas decisiones macroeconómicas han
sumido en la ruina a un país que alguna vez presumió de ser el más rico de
América Latina.
La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi),
un estudio conjunto realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la
Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, reveló en
febrero pasado que, en 2016, el 82% de los hogares venezolanos vivía en la
pobreza. Una de cada dos viviendas se hallaba entonces en la categoría de
extrema pobreza. “La Asamblea Nacional Constituyente no va a ser como un comité
de salud pública robesperriano. Será, sí, una carta de negociación permanente
del Gobierno para seguir adelante, día a día. No es posible ver mucho más
allá”, pronostica Colette Capriles.
Las preguntas tienen que ver ahora con qué pasará a partir
de mañana. Muchos analistas coinciden en que el principal problema de los
ciudadanos es la economía. ¿Cómo afectará a la situación el creciente
aislacionismo del país? Todo depende, en buena medida, de la reacción de la
oposición, la capacidad de Nicolás Maduro para resistir la presión y el
precipicio al que se enfrenta Venezuela.
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