Por Claudio Jacquelin
La igualdad ante la ley es un principio constitucional y una
de las bases del Estado moderno. Pero hay excepciones. O privilegios, que
también prevé la Constitución. Es el caso de los fueros parlamentarios. Y, como
ha demostrado durante 12 años en el poder, el kirchnerismo es un experto en el
ejercicio de privilegios, más allá de su relato igualitario.
El súbito arranque de fervor legalista y constitucional de
los dirigentes y legisladores kirchneristas, luego de que el fiscal Carlos
Stornelli pidió el desafuero y la detención Julio De Vido, hoy diputado y hasta
hace 18 meses ministro vitalicio del kirchnerismo, no es contradictorio con sus
antecedentes.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner ya se había hecho
uso y abuso de este privilegio, que impide la detención de un legislador
nacional sin previo desafuero, para poder tener de rehén y aliado decisivo a la
hora de votar (o no votar) en el Senado a Carlos Menem, ya condenado en segunda
instancia por el tráfico de armas a Ecuador durante la guerra entre ese país y
Perú, en 1995.
A los pares y defensores de De Vido (y antes de Menem) no
parece importarles demasiado la naturaleza de los delitos de los que se lo
acusa y que en nada se relacionen con los motivos por los que cuales los fueros
se incorporaron al derecho constitucional.
El espíritu normativo que la doctrina y la jurisprudencia
reconocen es la protección de los miembros del Poder Legislativo, en su
carácter de representantes del pueblo, para evitar abusos de los otros poderes
y, sobre todo, para proteger su libertad absoluta de expresión en el ejercicio
de su función.
La comisión de actos de corrupción, que ayer la misma cámara
que integra De Vido votó para que sean imprescriptibles, no entraba obviamente
entre los "derechos" a proteger por quienes pensaron e incluyeron la
institución de los fueros en la Constitución.
En cambio, habría que ser muy audaz (o excesivamente naif)
para afirmar que la ley que reguló la disposición constitucional e incluyó la
inmunidad domiciliaria no buscó darles protección a los legisladores más allá
de las buenas razones originalmente previstas. La norma fue sancionada en medio
del escándalo por las supuestas coimas a senadores durante el gobierno de
Fernando de la Rúa.
Por esa ley, número 25.320, el allanamiento al domicilio de
De Vido se demoró dos meses, hasta que el actual oficialismo logró los votos
para que se autorizara a un juez a hacerlo, hace poco más de un año. No se
necesitaba ser muy perspicaz para pronosticar que 60 días después de que lo
decidiera el magistrado no encontraría nada de lo que presumía que podía
encontrar.
La privilegiada relación del ex ministro de Planificación
con el matrimonio presidencial y su vínculo con los negocios desde los orígenes
del kirchnerismo parecen no requerir demasiadas explicaciones para entender por
qué todo ese espacio político salió cerradamente en su defensa y volvió a
denunciar una supuesta persecución política.
La voz que no se hizo escuchar ni leer en las redes sociales
llamativamente ha sido la de su jefa, Cristina Kirchner. La campaña electoral y
el flamante perfil herbívoro con el que ha decidido mostrarse parecen ser
suficiente motivo para ejercer otro derecho (o privilegio). El del silencio.
Como abogada exitosa sabe que lo que diga puede ser usado en su contra.
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