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| Aborígenes tobas, en la época de la matanza de Napalpí. |
Por Vidal
Mario
A mediados de 1924, un rumor recorrió como reguero
de pólvora los diarios porteños. Decía que la policía había incendiado una
toldería en el territorio nacional del Chaco y había matado a numerosos indios,
sin respetar sexo ni edad.
Días después se confirmó que a unos setenta
kilómetros de Resistencia efectivamente se había producido una matanza de
aborígenes tobas y mocovíes y que el hecho había ocurrido en las primeras horas
del sábado 19 de julio. Más adelante se supo que la tragedia se había
desencadenado cuando los indios se negaron a seguir cosechando algodón por el
mísero jornal que les pagaban los terratenientes. Estos tenían como aliado al
gobernador Fernando Centeno, famoso por su altanería y porque " nunca ganó
un peso honradamente".
La noticia impactó en el gobierno del radical
antipersonalista Marcelo T. de Alvear e hizo tambalear en su cargo al ministro
del Interior, Vicente S. Gallo.
La prensa informaba que en las inmediaciones de la
reducción indígena de Napalpí habían ocurrido cosas "que parecen extraídas
de pergaminos del pasado". Centeno tuvo que bajar a Buenos Aires y
recorrer los diarios para presentar su historia oficial. Dijo que los muertos
fueron cuatro, todos indios criminales que se mataron entre ellos.
La Justicia, por su parte, habló de sublevación. Así rezaba la
carátula del expediente n° 910/24 que se abrió en el juzgado federal de
Resistencia: "Sublevación indígena en la Reducción de Napalpí".
En el Congreso Nacional, el bloque socialista
asumió la responsabilidad de la investigación y las pruebas empezaron a caer.
Hasta llegó un frasco con las orejas y los testículos del cacique y líder de la
supuesta sublevación, Pedro Maidana, que estaba como trofeo en la comisaría de
la localidad de Quitilipi.
Pese a los operativos oficiales de ocultamiento,
los legisladores no tenían duda: en el Chaco hubo una masacre de aborígenes de
las etnias toba y mocoví.
Miembros del Parlamento reclamaron la renuncia del
gobernador Centeno y todo su equipo, además de una comisión investigadora para
determinar la cantidad de muertos. Se convocó entonces a una sesión
extraordinaria para interpelar al titular de la cartera de Interior. La
interpelación, que duró seis horas, tuvo lugar el 4 de septiembre de 1924.
Comenzó a las 12 de la noche y terminó a las 6 de la mañana de ese día.
El diputado Francisco Pérez Leirós expuso una serie
de "hechos que parecen propios de la pesadilla de un loco" y mostró
el frasco con las orejas y los testículos del cacique Maidana. Todo fue inútil.
Las pruebas fueron desestimadas por la mayoría y la causa pasó a archivo.
Amargado, el diputado Leirós lanzó este reproche
contra el gobierno de Alvear: "Creíamos ingenuamente que el mandón
atrevido e insolente, con todo su cortejo de bandidos, había desaparecido del
escenario político argentino, y que los sinvergüenzas habían dejado de
representar en los territorios nacionales al Ejecutivo Nacional.
Lamentablemente vemos que no es así". La causa se cerró, según el
diario Heraldo del Norte, por la sencilla razón de que "las
víctimas eran sólo unos míseros indios".
El cerco de la impunidad
En territorio chaqueño, paso a paso el cerco de la
impunidad también se fue cerrando. Centeno, que siguió en su cargo como si nada
hubiera pasado, separó al juez que atendía el caso, Justo F. Farías, y lo
reemplazó por uno de su confianza, Juan Sessarego. Al fiscal Jerónimo
Cello, porque se atrevió a reclamar que la causa no fuera archivada, lo
mandaron lejos, a la Cámara de Apelaciones de Paraná, Entre Ríos.
El nuevo magistrado, quien había sido "puesto
a dedo por Centeno en medio de la repulsa popular", sobreseyó a los 80
policías que intervinieron en la matanza.
Trece años después, el 6 de enero de 1937, el
territorio de Resistencia denunció que todavía se paseaban por la ciudad
"algunos de esos asesinos de indios hambrientos e indefensos".
La demanda
Gran repercusión ganó, en noviembre del 2004, un
juicio por 116 millones de dólares de la etnia toba contra el Estado argentino
como reparación histórica por aquella masacre. Hasta el New York Times se
hizo eco de la demanda presentada ante el Juzgado Federal de Resistencia.
En mayo del 2005, el gobierno de Néstor Kirchner
rechazó la demanda en términos que los aborígenes repudiaron "por su
virulencia, discriminación, racismo e inhumanidad".
Lo hizo a través de la Procuración del Tesoro de la
Nación, cuyo dictamen afirmaba que los tobas no constituían una etnia y que la
masacre de Napalpí no podía considerarse crimen de lesa humanidad.
La demanda, similar a la presentada por la matanza
de indios Pilagá en Rincón Bomba, ocurrida durante el gobierno de Perón, duerme
en los anaqueles del Juzgado Federal de Resistencia a la espera de un
denominado "juicio por la verdad".
Al parecer, poco importa que la verdad ya salió a
la luz hace más de noventa años. Este 19 de julio la impunidad por la
masacre de Napalpí cumple 93 años y aún goza de buena salud.
El autor es periodista e historiador.
© Infobae
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