El Presidente
apuesta al rédito electoral de causas judiciales. Un tiro por elevación a la
propia Justicia.
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| Por Roberto García |
Se embarcó Mauricio
Macri en una serie de escaramuzas judiciales como si fueran
el pasaporte a la felicidad. O al triunfo en las elecciones del 22 de octubre
que, en su caso, parece que fuera lo mismo. Si uno observa un núcleo de causas
en vigencia y publicitadas concluirá en que todas remiten a Cristina de Kirchner, sea por azar o inteligencia artificial.
Sin olvidarse
de Ella misma, a su propio camino de la cruz a Comodoro
Py, tropiezos por su vasta
hotelería, episodios pendientes (Nisman) y una veda económica que la somete,
nerviosa, a no poder gastar sus fondos. Ni para ponerlos en la campaña que,
según los antecedentes sin comprobación del finado Néstor, se acumulaban para
hacer política.
Como dicen las escrituras, felices los que creen sin haber visto, ya que
por ahora una lista de intendentes –con preemimencia de Avellaneda, Lomas de
Zamora y Matanza, según mentas– son los que deben arbitrar los aportes para
actos como el de ayer en Mar del Plata, segunda o tercera tierra de Daniel
Scioli gracias a la
vertiginosa expansión de la familia Aldrey Iglesias. No en vano, para unos
pocos, es ¨La Feliz¨.
El cerco imaginario a la viuda candidata esconde una conveniencia
política. Se compone de un trámite inconcluso para liquidar en el Consejo de la
Magistratura al camarista Eduardo Freiler, un
¨Chiche¨ de la ostentación, quien hasta ahora conserva la cabeza por falta de
número entre los que deben juzgarlo y sobre el que pesa hasta una venganza
personal atribuida al propio Presidente por historias pasadas. Habrá que
sumarle a Freiler el rosario de denuncias contra Julio De Vido, repositor de la
mayoría de las obras del anterior gobierno al que imputan venalidades varias,
quien quizás sea responsable de sus propios errores. A poco de haber asumido,
la revista Noticias le dedicó un artículo que
parecía convertirlo –como ocurrió– en el Emir Yoma de Kirchner. No quiso
replicar ese artículo, sostuvo informalmente: ¨Néstor no quiere que hable, no
hablo. Así son las cosas en este gobierno¨. Pero, lo presionó un periodista con
la frase: ¨Difícilmente Néstor te lleve cigarrillos a Devoto¨. A lo que
contestó De Vido: ¨Así son las cosas, así fueron en Santa Cruz, si no me gusta
me tengo que ir...¨. Y no se fue, claro. Tampoco habló, como otro que nadie
convoca: Carlos Zannini.
La ofensiva judicial no se limita al volumen de los negociados y
participantes, también incluye a la procuradora Alejandra Gils Carbó, odiada más por la influencia del cargo sobre los
fiscales que por la sospecha de haberse hecho rica. Aun así, le cuesta
desmontar una pesquisa sobre la compra de un edificio. Hasta el mismo Macri ha
dicho que se la debe echar (pronunciamiento raro justo cuando ella concentra
investigaciones y delaciones en el caso Odebrecht que merodean al propio
Presidente) y en la disconformidad para cesantearla hasta se debatió la forma
del despido: a través de un decreto, un juicio político o un desplante que la
ofenda lo suficiente como para irse sin saludar (hace 20 días se prescindió del
instrumento presidencial por consejo de Clusellas contra la opinión del
decretista perenne, Rodríguez Simón).
Esta suma de causas tan publicitadas revela un fundamento de campaña que
el oficialismo pregona: las mafias, los sobreprecios, la corrupción, están del
otro lado, huelen al desodorante de Cristina. No pertenecen a María Eugenia
Vidal ni a Macri. Para ciertos encuestadores, mantener y profundizar esta sensación
colectiva será decisiva en el resultado de los comicios, inclusive en la
provincia de Buenos Aires.
Futuro. Se cumplan o no los desalojos, las expulsiones o hasta alguna detención,
en el Gobierno reina un criterio político que no se agota en las elecciones,
persistirá en otras batallas con la Justicia. Apunta a un propósito superior:
desde remover la mayor cantidad de magistrados federales al desplazamiento de Ricardo
Lorenzetti, aunque este último apetito se ha morigerado
debido a que la incorporación de Rosatti y Rosenkrantz, más el respaldo de
Highton al dúo, le ha restado poder y caprichos al actual titular de la Corte
Suprema. Al menos eso supone el Gobierno. Y aunque considera a Comodoro Py como
una asociación ilícita, casi sin excepciones y a pesar de que no le ha ido mal
en sus últimos procesos –Carrió sostiene que los jueces son corruptos o
medrosos–, también sabe que no podrá apartarlos en masa. Como alternativa tal
vez inunde el fuero con otros magistrados que lo jibaricen y eso los obligue a
compartir responsabilidades.
Más de uno cree que además de incrementar gasto público, en rigor se
multiplicará el sistema de peajes. Por lo tanto, ofrecen reservas las batallas
de hoy y las futuras: hasta ahora rinden poco y no hay garantías de que sirvan
para ganar la guerra, ya que el Gobierno no supo elegir lugar ni oportunidad
para hacerlas, menos evaluó sus fuerzas. Y, como se sabe, estas son condiciones
básicas, ademas de tener generales con suerte, pericia y destreza.
Desde que inició su administración, Macri tuvo roces y dislates con la
Justicia (sin olvidar sus penurias municipales con el juez Gallardo).
Calificaba a Oyarbide como el peor juez de la historia, mientras proclamaba a
Galuccio y a Echegaray como funcionarios ejemplares del cristinismo. Consumió
cartuchos en la grosería de designar por decreto a dos ministros de la Corte y,
vía el ministro Garavano, supuso que Gils Carbó se quedaría apenas seis meses
en su cargo. Nada peor que un varón engañado.
Al mismo tiempo, juraba que no iba a tener operadores para aliviar o
engordar causas como se especializó el gobierno anterior, prometió un modelo de
transparencia: desde entonces, abundaron los espontáneos para ejercer esa
tarea. Fracasó Angelici por trabas internas, merodeó Torello, apelaron a
Majdalani sin fortuna, Arribas se estacionó y resiste con sus secretos, algunos
medios interesados hacen participar a sus periodistas en objetivos puntuales y
hasta mencionan a un reconocido dueño de diarios para instalarse en ese
ejercicio.
Contradictoria la autoridad del mandatario por construirse un traje
judicial a medida, cuando ya se sabe que ese traje se confecciona siempre
después que pasa el gobierno y según el corte y confección que determinan los
magistrados.
© Perfil
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