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| Por Gabriel Profiti |
La información sobre las coimas pagadas por la constructora
brasileña Odebrecht en la Argentina se hace esperar, pero ya alteró los ánimos
de la política nacional y reactivó la guerra entre el Ejecutivo y un sector de
la Justicia.
Esa pulseada entre el Gobierno de Mauricio Macri y los
soldados que Cristina Kirchner dejó atrincherados en los tribunales de Comodoro
Py se libra en superficie y subterránea.
El Presidente lo hizo público durante una entrevista el
jueves cuando acusó a la procuradora Alejandra Gils Carbó de "crear
cortinas de humo" en torno al caso y "amparar delitos que se
cometieron en la época del kirchnerismo".
Macri sonó desbocado cuando advirtió a los miembros de la
Justicia Federal que "más vale que nos representen, si no vamos a buscar a
otros jueces", al reclamarles que investiguen al ex superministro K Julio
De Vido.
El Presidente buscó cubrir varios flancos con la
declaración. Se alineó con Elisa Carrió, quien llegó a acusar al Gobierno de
proteger a De Vido y buscó despegarse del escándalo del Lava Jato que salpica a
dos allegados: el jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, y su primo, Angelo
Calcaterra, cuya constructora -la vendió hace poco- es socia de Odebrecht.
El Gobierno lidia con un sector de la Justicia Federal que
no oculta su kirchnerismo.
Al asumir, el Presidente pidió que se avanzara en la
remoción de la procuradora y de varios jueces federales, pero solo logró la
salida de Norberto Oyarbide por gestiones oficiosas de su amigo Daniel
Angelici.
Macri le encomendó al ministro de Justicia, Germán Garavano,
que corrieran la misma suerte que Oyarbide, el camarista Eduardo Freiler y los
jueces Rodolfo Canicoba Corral y Daniel Rafecas, acusados de favorecer a los
Kirchner.
El proceso contra Gils Carbó y/o el plan para limitar su
mandato avanza y retrocede en el Congreso, mientras que la remoción de Freiler,
un camarista muy flojo de papeles, quedó bloqueada esta semana en el Consejo de
la Magistratura.
El juego de mayorías cortas en ese cuerpo también escuda a
Canicoba y Rafecas.
El Gobierno necesita de otra victoria electoral para pasar
la escoba.
El peligro es si quiere permear en la Justicia como hizo su
antecesora.
La administración macrista buscó mostrarse como la
contracara del kirchnerismo en torno a la corrupción y la transparencia, pero
algunos hechos empañaron esa proclama. El caso del Correo Argentino es uno de
ellos.
Mientras la causa tramita en la Justicia, Macri le pidió la
renuncia al procurador del Tesoro, jefe de los abogados del Estado, Carlos
Balbín, luego de que emitiera un dictamen contrario a la empresa perteneciente
a la familia presidencial.
Garavano también fue destinatario de la impaciencia del jefe
de Estado en torno al caso Odebrecht. Le reclamó insistentemente a su ministro
un acuerdo con los abogados de la constructora para que entreguen la
información sobre los 35 millones de dólares que los ejecutivos de la empresa brasileña
dijeron haber pagado en la Argentina entre 2007 y 2014.
Macri no quiere que la bomba la administre Gils Carbó. El
problema es que esos acuerdos lucen desprolijos en las manos del Poder
Ejecutivo.
Garavano encaró las gestiones con el nuevo procurador del
Tesoro, Bernardo Saravia Frías y la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura
Alonso.
Alonso advirtió a su jefe que podía incurrir en
negociaciones incompatibles con la función pública y decidió bajarse de la
negociación.
También Saravia Frías puso reparos y el pacto quedó en stand
by.
Otras gestiones
Ese jueves 1 venció el plazo pedido por la empresa para
negociar en 11 países la entrega de información a cambio de reducción de penas
y la permanencia de Odebrecht en las licitaciones y obras ya adjudicadas en
esas naciones.
El viernes cuatro fiscales involucrados en la ramificación
local del Lava Jato viajaron a Brasil para solicitar la documentación a la
Justicia de ese país, pero al parecer los procuradores brasileños reclaman que
la Argentina se comprometa a no perseguir penalmente a los ejecutivos de
Odebrecht.
En el país rige desde el año pasado la Ley del Arrepentido
que permite otorgar beneficios a delatores, pero no exculparlos.
Paralelamente Garavano buscaba aprovechar un viaje
programado a Estados Unidos para solicitar ante el fiscal general, Jeff
Sessions, el acceso a la información oculta, debido a que Odebrecht acordó
revelar los hechos ilícitos ante la justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
¿Irrumpe otro
escándalo?
En la Justicia argentina pocos garantizan la independencia
del brasileño Sergio Moro, quien gatilló con el Lava Jato una de las causas por
corrupción de mayor alcance geográfico, político y económico de la historia.
A miles de kilómetros del juzgado de Moro en Curitiba,
Claudio Bonadio sigue sumando expedientes para investigar la corrupción en la
era K en Comodoro Py.
Quedó ahora al frente de la causa por la denuncia que
efectuó Alberto Nisman cuatro días antes de morir contra la expresidenta y
varias figuras de su gobierno por encubrimiento del atentado a la AMIA.
Bonadio es cuestionado desde que fue mencionado por Domingo
Cavallo como uno de los que aparecía en la servilleta del entonces ministro
Carlos Corach como permeable a los intereses del gobierno menemista.
Cristina aprovechó este y otros flancos del juez y sus
superiores para victimizarse.
En medio de estos entramados judiciales la agenda sumó un
nuevo foco de atención con un caso de similares características al de Nisman:
la sospechosa muerte del financista Aldo Ducler.
Su deceso es más intrigante por el hecho de haber presentado
una denuncia contra los Kirchner en la Unidad de Información Financiera (UIF)
dos días antes de morir.
En esa presentación, trascendió, estaba dispuesto a dar
detalles sobre el manejo de los evaporados fondos de Santa Cruz y de la poco
transparente venta del 25 por ciento de las acciones de YPF a la familia
Ezkenazi.
Como con Nisman, seguramente la denuncia y la muerte serán
ejes de nuevos derroteros judiciales.
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