Por Nicolás Lucca
Ahora que se puso de moda volver a indignarnos con
los salarios –perdón, con las “dietas”– de nuestros legisladores nacionales,
entramos nuevamente en la discusión de si está bien o mal que un diputado
nacional cobre lo que cobra.
Sin embargo, a través de un dato que arrojé en
Twitter, me encontré con una controversia que parece que molesta: cuántos
diputados tenemos en comparación a otros países. Puntualmente, afirmé que
Estados Unidos tiene un representante en la cámara baja por cada 737.000
habitantes, mientras que Argentina se da el lujo de contar con uno cada
163.000, aproximadamente. 4.5 veces más que nuestros vecinos lejanos.
Las comparaciones no siempre son desafortunadas, y
menos cuando hablamos de instituciones políticas relativamente modernas. Todos
coincidimos en el excesivo número, pero no faltará quien, con cierta lógica,
afirme que hay países que tienen muchos más diputados por habitante. Incluso,
pueden llegar a sostener que el sistema electoral norteamericano es distinto al
nuestro, cuando el sistema electoral define cómo se selecciona a un candidato,
no cuántas vacantes hacen falta cubrir.
Lo cierto es que, a la hora de comparar números, lo
ideal es hacerlo con pares. En este caso, la Argentina del sistema presidencialista
pleno no puede fijarse en los números de diputados de países europeos, donde
prevalecen las monarquías constitucionales y los sistemas
semipresidencialistas. El lugar al que hay que mirar es a la casa
matriz, ahí donde nació el sistema que nos rige a los países
presidencialistas, donde patentaron el invento. Sí, Estados Unidos.
Antes que nada, recordemos lo que aprendimos en
Ciencias Sociales durante la escuela primaria: los senadores representan a las
provincias, los diputados a los ciudadanos. En Estados Unidos no son muy
creativos y los llamaron “representantes” a secas.
Los norteamericanos llevaban 66 años de sistema
bicameral en funciones cuando en Argentina se aprobó la Constitución Nacional
de 1853. Es lógico que les hayamos copiado los esquemas, pero ya partimos con
aires de grandeza de entrada.
La sección segunda, cláusula tercera del artículo
1ro de la Constitución norteamericana establece la necesidad de llevar a cabo
un censo para determinar cuántos habitantes residen en cuántos lugares y así
establecer la cantidad necesaria de representantes, partiendo de un mínimo de
uno por cada 30 mil habitantes para garantizar la representación de los
habitantes de los Estados menos poblados. El censo lo realizaron un año
después. En Argentina, en cambio, se estableció en 1853 que merecíamos un
diputado por cada 20 mil habitantes hasta que tengamos un censo. El censo se
realizó cinco presidencias más tarde, en 1869 bajo el mandato de Domingo
Sarmiento. Porque nos gusta tomarnos las cosas con calma. Aquel censo arrojó
una población de 1.877.490 de habitantes pastoreando por las pampas.
Convenientemente, se modificó el sistema de acceso
a la Cámara de Diputados a través de una reforma constitucional en 1898.
Y digo convenientemente porque, en caso de regir el principio de nuestro
texto constitucional original, hoy Argentina contaría con 2.171
diputados, un número insufrible. Esto ocurrió durante la presidencia de
José Evaristo Uriburu, quien impulsó una reforma constitucional para modificar
el numerito de un diputado cada 20 mil y llevarlo a uno cada 33 mil. Tenía
cierta lógica: dos años antes se había realizado el segundo censo yArgentina
había pasado a tener 4.044.911 habitantes. Con el sistema vigente
para la época, el Congreso debía tener 202 diputados. El número bajó a 123.
Números más, números menos, meses antes de las
elecciones generales de 1983, el presidente de facto Reynaldo Bignone firma el
decreto-ley 22.847/83 mediante el cual se fijó el piso de representantes
correspondientes a cada habitante, tomando como base el censo de 1980 y varios
artilugios, como tres diputados más por provincia, o mismo piso que en las
elecciones de 1973. Desde entonces, no se modificó el número de
representatividad fijado en un diputado cada 161 mil habitantes, que es el que
nos rige hoy. Y de allí se agarran quienes en una jugada magistral afirman que
la Cámara de Diputados necesita más legisladores, ya que según esos cálculos de
1983, nos estarían faltando varios caramelos en el frasco legislativo: deberían
ser 364. El horror.
Y aquí viene la gran incoherencia: Que después de
tantos años de democracia, de discursos antidictatoriales y de reformas de
cuanta ley haya quedado de la dictadura por tratarse de “leyes viciadas” que no
surgieron de un congreso elegido por el voto popular, nadie haya
modificado ese decreto de la dictadura que, de movida, le regala tres
diputados a cada provincia sin tener en cuenta que los mismos no representan a
las provincias. Para eso está la otra cámara.
El Congreso posee la facultad de modificar el piso
de representación, pero no lo hace por una sencilla razón: es a la alza. O sea,
el artículo 45 de la Constitución Nacional vigente afirma que solo se puede
aumentar el piso, nunca disminuir. Se ve que alguien previó que podíamos
terminar como Brasil, que cuenta con 513 diputados (aunque, así y todo, tienen
un piso más alto que el nuestro, ya que eligen uno por cada 221 mil
habitantes). Y como nadie atenta contra su propia especie, ya sabemos que no
podemos esperar de este Congreso una ley que modifique el derecho divino a
cobrar por el laburo patético que realizan.
De yapa, va una aclaración sobre el sistema
electoral. En 1902, Julio Argentino Roca cursaba su segundo mandato
presidencial padeciendo las protestas anarquistas, las huelgas obreras, y los
quilombos que le armaban los radicales. A través del superministro Joaquín V.
González (su cartera incluía Interior, Justicia, Gobierno y Relaciones
Exteriores), el gobierno impulsa una reforma electoral que implementa la
circunscripción uninominal, que no es otra cosa que una vacante por distrito. O
sea: chau listas sábanas. Para ello, se dividía el país en tantos distritos
hicieran falta respetando el piso de representatividad. No fue un invento
argento: era el sistema que los norteamericanos usaban. La ley 4.161 existió,
pero duró poco: ni bien asumió Manuel Quintana la presidencia, se volvió al
sistema anterior que aún nos rige: lista. En Estados Unidos, al día de la
fecha, siguen usando el mismo sistema que 1790.
Los beneficios del sistema uninominal se puede
resumir en un sólo ítem: si el diputado representa al pueblo, qué mejor
representación que tener un diputado directo que tenga que rendir
cuentas a la circunscripción que lo sentó en una banca. La mejor de
todas: si se produce una vacante por renuncia, muerte, u otra cosa, no aparece
un suplente que nadie conoce, sino que se debe volver a votar en el distrito
que eligió al ahora ausente.
El piso que tenemos en Argentina por diputado no es
el más bajo de América, pero es un problema serio que ya abarca varias
vertientes: un número democrático impuesto por una dictadura, un sistema de
elección legislativa ideado por una clase política que tuvo por principal
característica negativa la implementación del clientelismo y el fraude, una
representación que no representa (¿Alguno sabe quién es el quinto diputado de
la lista que votó en las últimas elecciones? ¿Y en la anterior?), y un costo
presupuestario que un país en el que el 35% de la mano de obra ocupada es
empleada estatal, sin contar planes sociales ni jubilaciones. Y cuando hablo de
cuánto nos cuesta cada diputado, no hablo sólo del salario, sino de los seis
asesores con los que cuenta de mínima, salvo que participe de varias comisiones
parlamentarias para lo cual se les asigna más asesores, más la ridiculez de los
gastos de representación que heredamos de tiempos en los que un diputado jujeño
podía demorar una semana en llegar a la Capital.
No soy partidario de proponer ideas desde un
teclado de escritorio, pero no estaría mal buscar la forma de redireccionar el
presupuesto legislativo. Pero para eso, deberíamos replantearnos, primero, qué
clase de representación democrática queremos en el Poder Legislativo. Y eso es
mucho pedir en un país en el que son minoría los que conocen la diferencia de
responsabilidades de un presidente, un gobernador, un intendente, un diputado y
un senador.
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