Por Ernesto Tenembaum
En los últimos años, Magdalena Ruiz Guiñazú, Hebe de
Bonafini, Sergio Massa, Ricardo Gil Lavedra, Estela de Carlotto, Marcos Peña,
Horacio Verbitsky, Adolfo Pérez Esquivel, Federico Pinedo, Máximo Kirchner,
María Eugenia Vidal, Luis Moreno Ocampo, Ricardo Lorenzetti protagonizaron
discusiones muy terribles, ubicados, depende la persona de la cual se trate, de
un lado y otro de la así llamada grieta.
Probablemente, dada la dinámica de los hechos ocurridos
desde 2003, muchos de ellos jamás volverán a conversar o siquiera a dirigirse
la palabra. Sin embargo, en los últimos días, por un breve lapso, esa grieta se
cerró y todos coincidieron en algo. El milagro lo lograron tres jueces de la
Corte Suprema de Justicia, cuyos nombres empiezan a transformarse en adjetivos
calificativos: Guillermo Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio
Rosatti. El sorprendente acuerdo entre personas tan distintas partió de una
idea muy básica y elemental: el rechazo a que torturadores, secuestradores de
niños y asesinos recuperen la libertad antes de cumplir sus condenas.
Ese acuerdo que alcanza a personas tan distintas se
expresará en las calles en los próximos días, durante manifestaciones
importantes que trascenderán en significado y en calidad a las que, de una u
otra manera, representaron en los últimos meses a la cultura kirchnerista. Es
lógico que así sea y solo jueces que desconocen lo que ha ocurrido en este país
durante las últimas décadas podrían ignorarlo. El fallo de los tres supremos es
un desafío muy fuerte a un consenso social que se alcanzó en la Argentina luego
de un gran esfuerzo que duró varias décadas.
Como Jourdan, aquel personaje de Moliere que no registraba
que hablaba en prosa, los argentinos damos por sentadas, afortunadamente,
algunas ideas que, al regreso de la democracia, no eran tan naturales. La
inmensa mayoría del país cree que la represión ilegal fue un espanto y no la
respuesta lógica del estado a un desafío proveniente de la subversión; cree que
los niños secuestrados deben ser restituidos y sus apropiadores castigados, y
no -como muchos sostenían en los 80-que no se los debía molestar ni cuestionar
a las familias que los habían criado ‘con amor’; cree que la Justicia debe definir el destino de los
acusados; y que la dictadura no debe volver nunca más. Gracias a ese consenso,
la Argentina es un caso único en el mundo donde los represores terminaron
juzgados en democracia, y eso se logró en paz, sin disparar un solo tiro.
Solo la ceguera puede ignorar lo sensible que resulta ese
territorio para varias generaciones que sienten esos logros como esenciales en
su recorrido vital.
Dado que existe ese consenso, es probable que el camino para
que el fallo de la Corte derive en la liberación anticipada de cientos de
represores sea muy escarpado. Los temas que deberán debatir los jueces son
múltiples. ¿Ese fallo se aplica solo a los represores con condena firme o
también a los procesados? ¿La ley del dos por uno es constitucional o vulnera
tratados internacionales a los que adhirió la Argentina? ¿Cada caso es
equivalente al de Luis Muiño o en todos hay diferencias mínimas o sustanciales
que permiten arribar a conclusiones diferentes? Y, finalmente, dado que el
fallo no es vinculante, ¿a qué normas puede aplicarsele el principio de la ley
más benigna y cuales deberías estar exceptuadas? En cada juzgado se discutirán
estos y otros elementos. Dada la presión y la observación social que existe,
puede ocurrir que se produzca una rebelión de los jueces contra el fallo de la
Corte.
No sería la primera vez que los jueces se rebelan contra un
intento extravagante de imponer impunidad por la ventana. Exactamente eso
ocurrió en 1987, cuando se aprobó la Ley de Punto Final, que establecía un
límite de 120 días, luego de los cuales solo se podría juzgar a los militares procesados
por delitos vinculados a la represión. En esas semanas, los juzgados trabajaron
a destajo y produjeron nada menos que cuatrocientos procesamientos. Ese aluvión
fue el que gatilló la célebre rebelión de Semana Santa y luego el gobierno,
amenazado por los militares, logró que el Parlamento aprobará la Ley de
Obediencia Debida, en uno de los días más tristes en 33 años de democracia.
¿Por qué no habría de producirse ahora un proceso similar?
Entre las organizaciones que nuclean a las víctimas de la dictadura
hay una justificada suspicacia respecto de cual fue la responsabilidad del
Gobierno en el fallo de la Corte. La sospecha se apoya en que dos de los tres
del dos por uno fueron designados por Cambiemos y una tercera le debe su
continuidad en el cargo. Pero además, los organismos llevan contabilizados un
sinnúmero de gestos agresivos en su contra: desde la discusión de símbolos como
el número de 30.000 desaparecidos, hasta la falta de colaboración para que su
mensaje llegue a las escuelas, pasando por declaraciones presidenciales sobre
"el curro de los derechos humanos" o el célebre "no tengo idea
de cuántos fueron", el manoseo del feriado del 24 de marzo, la permanencia
en su cargo de un funcionario que negó la existencia de un plan criminal o el
desmontaje de reparticiones que colaboraban con la búsqueda de la verdad. Esos
gestos del gobierno nacional no fueron reproducidos por las administraciones de
Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y en la capital del país.
Contra esa perspectiva, el Gobierno cuestionó el fallo, con
mayor dureza a medida que pasaban las horas: tibiamente el mismo jueves el
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y la vicepresidenta Gabriela
Michetti, mucho más duros el fin de semana, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y
el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al exigir una aplicación
restrictiva del fallo y anunciar el envío de una ley para que se aplique solo a
los represores que hayan estado detenidos durante la vigencia del dos por uno,
o sea, a ninguno de ellos. Muy contundente ayer la gobernadora María Eugenia
Vidal. Mauricio Macri se mantiene en silencio ¿Son sinceros esos rechazos o se
trata de meros gestos de oportunismo? Hay diferentes opiniones al respecto
pero, aun si no fueran sinceros, eso reflejaría una vez más que un amplio
sector social empuja en contra de la impunidad. Néstor Kirchner había ignorado
el reclamo de Justicia hasta que llegó al poder: si lo respeta, Macri no sería
el primero en actuar contra su propia historia de insensibilidad. Si se quiere
despegar del escándalo, que será creciente aunque él no lo vea, debe establecer
una política coherente, creativa e inteligente contra el fallo de la Corte: no
parece que German Garavano y Claudio Avruj estén seriamente comprometidos en llevarla
a cabo.
La memoria histórica sobre lo ocurrido en los 70 ha sido
escenario de una dolorosa batalla en los últimos años. El intento del gobierno
anterior por utilizarla como una herramienta para saldar batallas actuales y
menores generó una cruel división entre quienes, incluso desde los mismos años
de la dictadura, comenzaron el largo peregri naje para que los crímenes
tuvieran su castigo. Era lógico, y esperable, que el cambio político aquietara
las aguas, y encarnara una visión un tanto más moderada e inclusiva sobre lo
ocurrido en un período que empieza a quedar realmente lejos en el tiempo. Tal
vez algunas personas vieron en esa circunstancia la oportunidad de ir más allá,
o sea, de utilizar el rechazo a algunos de los métodos del gobierno anterior
para lograr que se liberen a los genocidas. A juzgar por la contundente
respuesta que se produjo, parece que, afortunadamente, y más allá de las
diferencias, la sociedad no quiere que se quiebren ciertos límites. Es una
advertencia a los jueces de la Corte pero también a un Gobierno cuyo jefe no
entiende cabalmente de qué trata la memoria histórica y que muchas veces, ha
echado innecesariamente sal en heridas ajenas.
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