El salteño quiere tratar este proyecto y, ante los graves delitos contra la integridad sexual, pide implementar
la castración química. Duras réplicas.
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| Alfredo Olmedo quiere debatir la pena de muerte. |
Nacionales / Salta
- Una semana de “baja intensidad” en el Congreso de la Nación concluyó con una
polémica que amenaza extenderse, ante un tan insólito como inesperado pedido de
sesión especial solicitado por un diputado como reacción ante los gravísimos
casos de femicidios.
Se trata del salteño Alfredo Olmedo, quien sorprendió
sobre el final de este viernes presentándole al presidente de la Cámara baja,
Emilio Monzó, un pedido para realizar una sesión especial el próximo miércoles,
a fin de tratar una serie de proyectos sobre el tema “ofensores sexuales”, ante
lo que considera “la gravedad de los hechos que son de público y notorio”, y
con el fin de “darle a la sociedad argentina soluciones ante el aumento de
delitos contra la integridad sexual”.
La convocatoria está acompañada por el detalle de 35
proyectos de su autoría y de otros legisladores, oficialistas y opositores,
presentados entre 2015 y el presente año, entre los que se incluyen dos en
particular del propio Olmedo promoviendo la aplicación de la pena de muerte.
Ambas iniciativas son de 2016; en una sugiere la modificación del artículo 5°
del Código Penal para tal fin, y en la otra incorporar el artículo 80 Bis al
Código para aplicar la pena de muerte “en caso de homicidio cometido por placer,
codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad
de género o su expresión”.
En otra iniciativa convoca a realizar una consulta popular
vinculante para incorporar al Código Penal la castración química y física a
violadores.
Entre estas decenas de proyectos que Olmedo y otros
diputados que acompañan el pedido pretenden tratar, figuran iniciativas de
Victoria Donda, Graciela Caselles, Gustavo Fernández Mendía, la camporista
Gabriela Estévez, el líder del FR Sergio Massa, y los radicales Diego Mestre y
Gabriela Burgos. Precisamente esta última, titular de la Comisión de
Legislación Penal, reaccionó de inmediato expresando a través de un durísimo
comunicado su “más enérgico rechazo” al pedido de sesión especial.
Burgos cuestiona a su par Alfredo Olmedo y quienes
acompañaron dicha solicitud, por considerar que semejante pedido es “una falta
de respeto al trabajo que viene realizando la Cámara de Diputados de la Nación
en el debate, la búsqueda de consensos y la elaboración de normas jurídicas
superadoras”.
Advierte la diputada jujeña que “en el temario considerado,
y en una clara muestra del desconocimiento absoluto tanto del funcionamiento de
esta Cámara como lo que firman y aprueban los mismos diputados, figuran
proyectos que ya fueron debatidos y aprobados, y otros que no tienen estado
parlamentario, por lo que es imposible legalmente darles tratamiento. El resto
de los expedientes no cuenta con dictamen de comisión, muchos de los cuales se
vienen discutiendo desde hace tiempo en las comisiones correspondientes”.
Cabe consignar que el pedido de sesión especial está
suscripto por 18 legisladores, entre los que figuran, además de Olmedo, Julio
Raffo, Luis Beder Herrera, la socialista Lucila Duré, Darío Guistozzi, Néstor
Tomassi, Pedro Miranda, Héctor Tentor, Jorge Franco, Jorge Taboada, Carlos
Selva, Alejandro Snopek, Ivana Bianchi y Luis Lusquiños.
En su airada reacción, Burgos recuerda que en la Cámara baja
se viene trabajando “de forma responsable y seria” en proyectos de pornografía
infantil y agravantes para delitos sexuales; en la creación de un registro
público de violadores, consensuado con todas las fuerzas políticas y próximo a
tener dictamen; en la prohibición de salidas transitorias a condenados por
delitos sexuales, ya aprobada por Diputados y con modificaciones en el Senado;
en la sanción de delitos sexuales informáticos como el sexting; en un nuevo
régimen de protección de víctimas; y en modificaciones al artículo 119 del
Código Penal sobre penetración oral forzada, que tiene sanción de ley.
“Peor aún es que los diputados que solicitaron la sesión
especial pretenden, entre otros temas, facilitar un debate en el recinto sobre
la instauración de la pena de muerte y la castración física y química para
condenados por delitos sexuales, inadmisibles e incompatibles con un Estado de
Derecho respetuoso de la Constitución Nacional y los tratados internacionales,
y que representan un enorme retroceso en materia de Derechos Humanos”, alerta
la legisladora de Cambiemos, que considera que “una afrenta de esta naturaleza
no sólo pone en cuestión la imagen del Congreso Nacional en su rol de dictar
leyes acordes a los mandatos constitucionales y los valores democráticos, sino
que desde el Estado promueve como respuesta a la violencia que padecemos
diariamente en la sociedad, más violencia institucional”.
Asimismo Burgos repudió “absolutamente” como jujeña la
propuesta de su par salteño de “construir una cárcel para condenados por
delitos sexuales y narcotraficantes en la Puna Argentina, sin fundamentos,
elementos o estudios que avalen su instalación”.
“Como madre, siento una profunda tristeza al ver que las
trágicas y horrorosas muertes de mujeres y niñas de las que hemos sido
prácticamente testigos en los últimos tiempos, puedan ser utilizadas para la
obtención de un rédito político, de un voto más”, sostiene Gabriela Burgos,
quien con ironía advierte luego que “el Congreso no es una bandeja de disc
jockey donde se pueden mezclar discrecionalmente leyes sin un tratamiento
previo ni trabajos de consensos, porque esto conlleva graves perjuicios en
nuestro sistema normativo y por lo tanto, en nuestra sociedad. Debemos ser
conscientes de la responsabilidad que nos han conferido”.
La dura réplica de la diputada radical concluye recordando
que “afortunadamente, somos muchos los legisladores que con responsabilidad y
un fuerte compromiso republicano, libramos diariamente una lucha por hacer del
Congreso Nacional una institución democrática que, lejos de un circo, cumpla
con la enorme tarea de generar leyes que mejoren la vida de los argentinos”.
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