El Senado sancionó
por unanimidad el proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición
en
la Cámara de Diputados.
Nacionales - En
un contundente mensaje a la Corte Suprema de Justicia, el Senado de la Nación
convirtió en ley el proyecto para limitar la aplicación del beneficio del 2x1
en el cómputo de la pena a autores de delitos de lesa humanidad.
En menos de 48 horas, ambas cámaras del Congreso avanzaron
en una iniciativa que se planta contra la decisión del máximo tribunal, que
falló a favor en el caso del represor Luis Muiña.
La Cámara alta sancionó por unanimidad -56 votos positivos-
el proyecto que fue consensuado este martes entre el oficialismo y la oposición
en Diputados, y aprobado en una sesión histórica por amplia mayoría.
La ley modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy
derogada- para especificar que el 2x1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa
humanidad, genocidio o crímenes de guerra.
Además, establece que el beneficio sólo podrá regir en los
casos en los que el condenado hubiese estado privado de su libertad en forma
preventiva entre 1994 y 2001, es decir, durante el período de la vigencia de la
norma. También, el tercer artículo indica que esa interpretación es la que debe
aplicarse a todas las causas en trámite.
Al abrir el debate, que se extendió por más de cuatro horas,
el senador Pedro Guastavino (PJ-FpV) expresó que el fallo de la Corte Suprema
“pone nuevamente sobre el tapete la discusión sobre el período más oscuro que
ha vivido el país”. Explicó que esta ley será una “pauta interpretativa” para
impedir que “en lo sucesivo, a quienes utilizaron el aparato del Estado para
secuestrar, torturar y asesinar, puedan gozar de ese beneficio”.
Desde su banca, el presidente provisional, Federico Pinedo
(Pro), recordó el “hecho desgraciado” que significó para la Argentina la Ley
24.390 -hoy derogada-, y afirmó que la iniciativa para frenar el 2x1 a
represores “ratifica la mirada” del país en base al “compromiso” de condenar
los delitos de lesa humanidad.
A su turno, el legislador Fernando “Pino” Solanas mencionó
que el juicio a las Juntas Militares fue “ejemplar” y “único en el mundo”.
“Ningún país en América Latina se animó a juzgar a los genocidas”, agregó. En
referencia al fallo del máximo tribunal, lo consideró “absolutamente
cuestionable”. “Apoyamos decididamente esta reacción rápida que ha tenido el
pueblo argentino”, manifestó.
El chubutense Alfredo Luenzo sostuvo: “la política
negacionista ha sido condenada por toda la sociedad y por eso es tan difícil de
interpretar el objetivo de este fallo”.
Por su parte, el radical Alfredo Martínez subrayó la
“reacción intrajusticia” que hubo respecto al fallo. “Con esta ley, lo que
estamos diciéndole es ‘muchachos respeten la ley que está en vigencia’”,
señaló, en referencia a la Ley 27.156, sobre prohibición de indultos, amnistías
y conmutación de penas en los delitos de genocidio, de lesa humanidad y
crímenes de guerra.
“Cuando hay errores y se cometen aberraciones es necesario
que los otros poderes reaccionen. Las políticas en derechos humanos no se
negocian”, añadió el santacruceño.
El mendocino Julio Cobos remarcó que “este fallo nos
sorprendió”. “Va en contramano de lo que venimos haciendo a lo largo de la
historia democrática de nuestro país, en política de derechos humanos y también
de seguridad”, dijo.
El exvicepresidente instó a que la Corte Suprema tenga “la
capacidad” de “consensuar una resolución que dé marcha atrás en la decisión
dividida” que emitió el pasado viernes.
La riojana Teresita Luna (PJ-FpV) no dudó en sostener que la
medida del máximo tribunal es “una decisión política disfrazada de fallo
judicial”. Además, remarcó: “la Iglesia pretendió allanar el camino para este
fallo con un falso llamado a la reconciliación”.
Por su parte, la kirchnerista Virginia García recordó su
rechazo a los pliegos de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz,
designados en un principio por decreto, quienes se inclinaron a favor. “Es un
fallo político que acompaña un proceso político: la designación de jueces por
DNU, hablar de guerra sucia, trasladar el 24 (de marzo)”, enumeró.
En tanto, su par María Ester Labado confesó: “no me
arrepiento de no haberlos votado”. Y acusó que la sesión del Senado se dio con
un “apuro necesario para lavar culpas”. La legisladora Nancy González también
resaltó que Rosatti y Rosenkrantz fueron “criticados y objetados por todos los
organismos de derechos humanos”; y cargó contra el presidente Mauricio Macri
por su silencio ante el fallo.
El senador Jaime Linares (GEN) reivindicó “la conciencia del
pueblo” ante esta situación planteada por una Corte que consideró “un poder
político”. Habló de un “contexto político” y recordó el juicio a las Juntas
como “un hecho trascendente histórico”, que fue “muy superior al Juicio de
Nüremberg”. Por eso, dijo, en su momento “nos dolió el apriete que hubo de las
fuerzas armadas, muy fuerte”, y consideró al indulto “mucho más duro”. Por eso
reconoció la actitud del entonces presidente Néstor Kirchner de haber
reactivado los juicios.
“Si tiene dudas el juez de lo que la ley dice, me parece que
esto le da certezas”, remarcó, destacando entonces la importancia de la
discusión que se estaba dando en el Congreso ahora.
A continuación, el senador Dalmacio Mera (PJ-FpV) destacó
que “este patrimonio nacional que hemos dado la sociedad argentina que es
darnos justicia, viene con este fallo a alterar el proceso que hemos tenido.
Pero se encontró con la noticia más feliz: el rechazo de todos los sectores”,
destacando el “repudio generalizado” al fallo.
La presidente del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado,
celebró la “rápida respuesta que desde Cambiemos le dimos a esta ley”.
Reivindicó la condición de representantes del pueblo de los legisladores, y
consideró que “la mejor forma de transformar las cosas en justicia y no
venganza es que la ley sea pareja para todos”. Recordó además que lo sucedido
con la Corte ya había sucedido en 2013, cuando el Tribunal Supremo rechazó un
recurso dejando firme el 2x1 para el coronel Simón, “en pleno gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner”, destacando que no recordaba que hubiera habido
reacción alguna del gobierno de entonces. En cambio, realzó la actitud del
Gobierno de Cambiemos. Y para los que piden el juicio político ahora, señaló
que no lo hicieron en su momento contra los jueces que en 2013 votaron el
citado fallo.
“El contexto histórico de hoy no es muy distinto del de
2013”, insistió, destacando que “este nunca más durante la gestión del
presidente Mauricio Macri hoy va a ser realidad; lamento que no haya ocurrido
lo mismo en 2013”.
La entrerriana Sigrid Kunath dijo haber aprendido a tener
una mirada de “profundo respeto” hacia quienes “visibilizan en nuestro país
estas luchas permanentemente”, en referencia a las Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo. La senadora del PJ-FpV señaló que “también la lucha y visibilización de
los derechos humanos y buscar la verdad y justicia tiene que ver con una causa
que es de todos, que esta lucha hoy es una causa de todo el país”,
reivindicando las manifestaciones vistas estos últimos días y que dijo esperar
que se verían en Plaza de Mayo este miércoles. La senadora añadió que “los
delitos de lesa humanidad no pueden ser juzgados y mirados como delitos
comunes”, y aclaró que “este Congreso debe expedirse al respecto”. Celebró
asimismo “la rápida reacción que desde la política y desde este Congreso se ha
tenido frente a este tema”.
La senadora Pamela Verasay recordó que la ley en discusión
es del entonces senador Augusto Alasino, y la consideró una “pésima ley”.
Admitió que hay consenso en que nadie puede estar más de dos años sin ser
condenado, pero cuestionó que la respuesta del Estado haya sido entonces un
“parche” como la Ley del 2x1. Recordó también lo sucedido en 2013, cuando se
benefició a condenados por delitos de lesa humanidad “y nadie se movilizó”, y
pidió “avanzar en valorar el acuerdo que ha logrado la Cámara de Diputados para
dar un no rotundo”.
“Los invito a muchos de los que apoyaron en su momento
aquella ley, hoy estamos a tiempo de repararla”, concluyó.
El senador chaqueño Eduardo Aguilar reivindicó haber logrado
juzgar a los militares “sin revancha, con la ley en la mano. Este es un logro
de nuestra democracia, que nadie tiene derecho a negar”, enfatizó. Respecto de
lo que estaba el Congreso por establecer, dijo que “esto debe ser una base”, en
cuanto a acordar que “hay cosas que no se pueden hacer”.
El radical Luis Naidenoff aseguró que en materia de Derechos
Humanos, desde 1983, “todo ha sido avances y retrocesos”. Y expresó, a favor de
esta ley, que “por respeto” a “nuestra historia” hay que “cerrar los atajos que
permiten el alejamiento del sentido de la realidad”.
La senadora María Cristina Fiore Viñuales reflexionó sobre
el rol del Congreso frente a esta situación, y se preguntó cómo pudo no haberla
previsto. Hizo eje en el fundamento del fallo de mayoría de la Corte, que
destaca que el Código Penal dice que siempre se debe aplicar la ley más
benigna. Se remontó entonces al origen del problema, la ley del 2x1, pero
advirtió que el legislador de aquel entonces no reparó en lo que ahora se ha
transformado en un problema porque entonces estaban vigentes las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida. De todos modos se manifestó sorprendida en el caso
de los jueces que votaron el fallo de mayoría por “la falta de lectura de todo
el contexto político”.
Por Peronismo Pampeano, la senadora Norma Durango subrayó
que es “inadmisible” la aplicación del beneficio del 2x1 para condenados por
delitos de lesa humanidad y enfatizó que “la lucha llevada adelante por más de
30 años” en cuestión de derechos humanos “no se lo merece”.
Ruperto Godoy consideró el fallo “injusto, que violenta a la
sociedad argentina”, y reivindicó la respuesta de Madres, Abuelas, organismos
de DDHH, de constitucionalistas y organizaciones internacionales, que “ponen en
evidencia que el Nunca Más, es Nunca Más”. Señaló que “esta construcción es un
camino que ha sido duro, pero que ha puesto fin a aquellos que querían instalar
por ejemplo las teorías de los dos demonios”. Agregó que es “un mensaje para el
Poder Judicial, para los jueces que se desviaron de la doctrina”. Rechazó de
paso la “reconciliación” propuesta por la Iglesia Católica. “No va a haber
reconciliación si no hay memoria, justicia y verdad”, consideró. Embistió luego
contra el Poder Ejecutivo, al que atribuyó haber generado “un clima” propicio
que “pone en duda lo que pasó en la Argentina”.
El exgobernador santiagueño Gerardo Zamora consideró
“inexplicable” el fallo de la Corte Suprema, reivindicó el Juicio a las Juntas,
y el “magistral” alegato del fiscal Julio Strassera que concluyó con el
recordado “Nunca Más, algo que no podemos resignar”. Lamentó que “Argentina
vuelva a ubicarse del lado negativo en materia de derechos humanos”. En este
contexto consideró que el dato “positivo” ha sido la reacción del Parlamento, y
consideró que “esta ley es un paso positivo importante”, que posibilitará “que
los argentinos podamos vivir en paz”.
Con las palabras de Raúl Alfonsín al presentarse ante la
CONADEP y recibir el documento elaborado por ese organismo, arrancó su discurso
Magdalena Odarda, quien luego leyó parte del prólogo del Nunca Más. Respecto al
fallo, señaló que “es contrario a derecho”, y lo calificó de “abominable”. A su
juicio “no corresponde de ninguna manera aplicar el 2x1 a causas de lesa
humanidad; esto resulta absolutamente peligroso para la democracia argentina”.
Y además, dijo, “la Corte va en contra de su propia jurisprudencia”, en
referencia al caso Simón. Al final, reivindicó al doctor Raúl Alfonsín, por
haberse animado a poner en el banquillo de los acusados a las Juntas, y también
a la CONADEP. Reivindicó también a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, todos los
organismos de DDHH, a jueces, y por último mencionó a los desaparecidos de su
provincia, entre ellos Rodolfo Walsh.
El senador Daniel Lovera destacó que “a esta sesión especial
uno la siente como a favor del reclamo de la memoria, verdad y justicia”, y
remarcó que “hoy somos una mayoría de argentinos que estamos dando una
respuesta rápida” ante la situación planteada, destacando que hubiera
“legisladores de distintos partidos dando una respuesta”. “El reclamo de la
memoria, la verdad y la justicia están más presentes que nunca”, dijo, y
reivindicó que la política de DDHH “no es patrimonio de ningún sector, sino de
todos los argentinos”.
“Es un día de esperanza porque estamos reafirmando el valor
sagrado de la vida”, agregó el legislador pampeano. “Los legisladores tenemos
la responsabilidad de poner límites claros a esos fallos de los jueces cuando
creemos que van en contra de los derechos humanos”, señaló.
Marina Riofrío reivindicó a los jueces de su provincia, San
Juan, que decretaron la inconstitucionalidad del fallo de la Corte. Recordó que
los represores gozaron de libertad durante muchos años, concluida la dictadura.
Omar Perotti resaltó que “el pueblo argentino adhiere y se
expresa en Memoria, Verdad y Justicia” y que “ninguno de nosotros quiere a los
genocidas caminando por nuestras provincias”. Mientras que Anabel Fernández
Sagasti ponderó la “señal política contundente y rápida que está dando el
Congreso”. Dijo que el fallo del máximo tribunal tiene “argumentos bastantes
rebuscados” y consideró que el presidente debería “pedirle la renuncia” a
Rosatti y Rosenkrantz.
Enfática, la tucumana Silvia Elías de Pérez, cruzó a sus
pares de la oposición, frente a las críticas al Gobierno nacional, y disparó:
“No imagino a mi presidente poniendo a (César) Milani como jefe del Ejército”.
Y sostuvo que Cambiemos “no” sale a “hacer utilización política partidaria de
hechos como estos, porque entonces ahí es cuando hablamos de curro de los
derechos humanos”.
A su turno, el fueguino Julio Catalán Magni recordó la
aprobación de los pliegos por parte del Senado de Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkrantz, aclarando que entonces “no les dimos un cheque en blanco.
Aprobamos los pliegos porque los currículums y el camino que recorrieron los
avalaba como más que idóneos para ocupar ese lugar, pero terminaron poniendo a
toda la sociedad en alerta con decisiones como estas en temas tan sensibles de
nuestra historia”. En ese marco, llamó a la reflexión al Poder Judicial:
“Nosotros queremos que los Poderes funcionen con independencia, como debe ser,
pero también con responsabilidad y compromiso histórico”, finalizó el senador
fueguino.
El senador Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV) destacó la
“velocidad” de la sanción de la ley, que permitirá “cerrar definitivamente” la
puerta del 2x1 a los genocidas. Destacó el acto que encabezaron Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo en el Salón Azul, durante el desarrollo de la sesión,
y dijo que con “humildad” vinieron “a pedirnos” que el Congreso avance en la
norma. El legislador expresó su “preocupación” ante manifestaciones de
“negacionismo” que provienen de funcionarios públicos y aseguró que en
Argentina hay “dos consensos históricos” que hay que preservar, como lo son “el
respeto irrestricto a la democracia y las políticas de derechos humanos”.
En el cierre del debate, el senador Adolfo Rodríguez Saá
apuntó contra la jueza Elena Highton de Nolasco, quien votó a favor del
polémico fallo de la Corte Suprema, y dijo que “ha cumplido su mandato”.
También cuestionó al Gobierno por “no” apelar la decisión del máximo tribunal.
El jefe de la bancada del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, dio
un discurso durísimo contra la Corte Suprema, la cual afirmó “se ha
desvirtuado” a raíz del fallo, que fue “cuestionado a nivel internacional”.
También pidió a los jueces que sean capaces de conocer “la realidad” de la
sociedad “en la que viven”.
Por último, el jefe del interbloque Cambiemos, Ángel Rozas,
rechazó que se buscara asociar al Gobierno con el fallo de la Corte. “Ha habido
una manifestación de casi la mayoría del pueblo argentino y de todos los
sectores políticos”, señaló el chaqueño, que destacó que ha quedado claro que
“la defensa de los derechos humanos es una verdadera política de Estado”.
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